En la iniciativa privada cuando se emprende un negocio, se tiene bien claro los objetivos que se pretenden alcanzar, las acciones que se tendrán que realizarse y la disponibilidad los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para su desarrollo. Si se cuenta con cierto conocimiento y experiencia sobre el particular mucho mejor, se disminuyen los riesgos a lo que esta expuesta la inversión y ayuda a conseguir el éxito deseado.
Si el emprendedor tiene ética, valores y moral empresarial, no apostará a vender por vender, la inversión estará orientada a producir bienes o servicios que sean necesarios para el desarrollo de la sociedad, con absoluto respeto al medio ambiente natural, tratando de obtener a cambio una ganancia razonable y retribuyendo a la mano de obra con un salario digno y en condiciones laborables favorables, dándole a la producción su verdadero sentido social.
En el sector privado lo importante son los resultados de producción y productividad, por lo que no se anda improvisando o experimentando en ocurrencias, todo tiene que darse de acuerdo a la planeación establecida. Empezando por un estricto proceso de reclutamiento y selección de personal para lograr contratar a las personas que demuestren tener las mejores habilidades y actitudes (aptas) para desempeñar las diferentes actividades en la empresa, negocio u organización.
Selección que deberá estar debidamente avalada con información del currículums, el resultado de las entrevistas personales y la comprobación de que los candidatos seleccionados no tienen ningún impedimento legal, de conducta o de salud. Una vez identificado el candidato, que además de reunir los requisitos del empleado deseado, sea compatible con la misión, visión y valores de la empresa, negocio u organización, se procede a establecer la negociación de salario, prestaciones, horario y demás condiciones laborales y si hay acuerdo se realiza la contratación laboral correspondiente, dando por concluido el proceso de reclutamiento y selección de personal.
Son los recursos humanos los que con la combinación de sus conocimientos, experiencias, habilidades, compromiso social y actitudes hacen posible los avances, logros y errores en el desarrollo de una sociedad. Resultan ser el factor más valioso del proceso de producción de bienes y servicios, tanto el sector privado como el público; sólo que la gran diferencia en los resultados estará en función de los objetivos que se pretendan alcanzar; de la forma como se organice el personal, de su capacitación y adiestramiento y de su motivación, pero sobre todo de la manera como sean dirigidos.
Diferencia que se marca con toda claridad entre sector privado y la administración pública. En la administración pública conformada por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en sus tres niveles de gobierno, con sus respectivas unidades administrativas, el reclutamiento y selección de personal, se lleva a cabo en forma diferente a la empresa, privada. Empezando porque los grupos de poder que por años han gobernado el país, como los partidos políticos reconocidos oficialmente por las autoridades electorales y que forman el Sistema Nacional Electoral, los que controlan el Poder Judicial de la Federación y de los Estados y hasta un pequeño grupo de los dueños del dinero que les ha dado por participar en la política, se encuentran en una lucha permanente por el poder, para una vez alcanzado conservarlo el mayor tiempo posible.
En estas actividades públicas los candidatos a ocupar un cargo de representación popular, un mando superior en la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal o en el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, no se seleccionan por su ética, valores, moral o porque posean amplios conocimientos y experiencia sobre una actividad especifica, más bien se hace, como un pago de un compromiso social, político o económico o simplemente por su lealtad incondicional a su protector o al grupo de poder que lo proyecta.
Tradicionalmente esto ha venido sucediendo desde hace mas de 90 años, con la designación de candidatos a regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, gobernadores y a la presidencia de la República. Lo mismo sucede con el nombramiento de secretarios de estado, subsecretarios, directores generales, embajadores y los titulares las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos.
Algo perecido sucede con el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; los Magistrados de los Tribunales de Circuito, tanto colegiados como unitarios y los Jueces de Distrito; al igual que el personal del Poder judicial de cada una de las entidades federativas.
Llegándose hasta cierto abuso de autoridad, al designar a un funcionarios con un perfil profesional distante a las actividades a realizar en el encargo encomendado. Un profesionista con conocimiento para el cultivo de la tierra y el uso del agua fue nombrado Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), teniendo que elaborar programas anuales de exploración y explotación de campos petroleros; de producción de crudo y de gas; desarrollo de las refinerías y plantas de petroquímica, entre otras, que nada tienen que ver con el estudio de la agronomía.
Asimismo, a principios del actual sexenio a un especialista en el conocimiento de la evolución de los seres humano como animales sociales, desde nuestros orígenes, hasta la actualidad y a futuro, se le nombró Director General del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaria de Salud, que tenía como objetivo proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a la persona sin seguridad social. Nada que ver con la historia de la humanidad. Los resultados ya lo sabemos.
Estos dos casos entre otros muchos más, son un claro ejemplo en el que se antepusieron los compromisos políticos a los resultados que podrían haber beneficiado a la población. Afortunadamente, todo hace suponer que en el próximo sexenio, a excepción del nominado Secretario de Educación Pública, la Secretaria de Gobernación y la continuidad de la Secretaria de Bienestar, los colaboradores de la Próxima Presidenta de México, estarán desarrollando actividades de acuerdo al aprendizaje que adquirieron en las aulas universitarias, lo que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
