Si lo que hasta ahora se sabe, sobre las causas del cierre de la frontera estadounidense al aguacate michoacano, es toda la verdad: que fue por las amenazas a un ingeniero del Servicio de Inspección Sanitaria, deberíamos decir, en apego a la historia reciente, que han sobre reaccionado si se considera que desde hace años la delincuencia organizada ha teñido de sangre todos los rincones del negocio aguacatero.

O no es toda la verdad y en realidad se trata de una reacción motivada por el hiper escalamiento de las pretensiones criminales que estrangulan el negocio en los empaques. Si así fuere es una decisión que asume la pérdida económica como tolerable en aras establecer mejores reglas; lo mismo sufrirán los productores locales como las comercializadoras estadounidenses. El 30 de agosto del 2021, ante un evento semejante, ya se había perfilado una reacción parecida.

O es el mensaje contundente del gobierno de Biden para que el presidente Obrador tome acciones para desarticular los cárteles de la droga que operan en esta parte del pacífico y que han sido señalados como los responsables de introducir la mayor parte del fentanilo que ha matado a más de 100 mil estadounidenses en un año. El fentanilo, la extorsión a aguacateros y el trasiego ilegal de este fruto, son dos fuentes importantes de las finanzas de los grupos delincuenciales.

O es la puerta de entrada a la advertencia para que el cultivo del aguacate se apegue al capítulo 24 del TMEC, en donde se establecen las condiciones ambientales básicas para que el fruto pueda cruzar la frontera, mismo que ha sido violado desde su firma.

La fortaleza de que gozó el negocio del aguacate se ha derrumbado a partir de una causa aparentemente “menor”, las amenazas a un ingeniero. Decimos “menor” porque los estándares de seguridad para los ciudadanos en México hace tiempo están hechos añicos. Las amenazas, las extorsiones, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, las masacres, el robo de aguacate, la cooptación del poder político, son ordinarias en nuestro país.

¿Hasta ahora el gobierno estadounidense tiene ojos para mirar esta tragedia? ¿o es que ahora el contexto de las relaciones México-Estados Unidos es el propicio para poner sobre la mesa la agenda del aguacate en sus múltiples dimensiones: criminal, ambiental y político?

El negocio aguacatero ha acumulado en décadas numerosas contradicciones resultado de la inobservancia de la ley, la ausencia de planificación sustentable para su producción y la codicia llevada al extremo. La expansión salvaje del cultivo ha sido contemplada desde el poder público con beneplácito, complicidad y el protagonismo de bastantes políticos. Las recomendaciones ambientales y en materia de seguridad han sido desdeñadas para no dañar el negocio, con costos que ya nublan el horizonte de prosperidad que pronosticaban los apologistas del oro verde.

Son contradicciones que no se resolvieron con oportunidad, que se dejaron correr hasta el cruce con la crisis ahora anunciada. El crimen siempre ha estado al acecho del dinero y el aguacate michoacano genera dinero. Pero, así como el crimen se ha infiltrado en el poder público de igual manera se ha constituido en factor importante para mover el precio del fruto, decidir sobre las zonas de siembra, intervenir en los empaques para el blanqueo del trasiego ilegal y para el control de poblados en el territorio aguacatero.

Con toda seguridad esta realidad crítica fue la que propició la campaña propagandística de Apeam que pretendía edulcorar la historia del aguacate michoacano con publicidad basada en conceptos ambientales y sociales. Sin embargo, la realidad los rebasó. Ellos saben que el problema no es —en abstracto— cuántos días estará cerrada la frontera sino las condiciones que el gobierno estadounidense impondrá para su reapertura.

De por sí garantizar la paz y someter a los grupos criminales que operan en la franja aguacatera ha sido una cuestión complicada, hacerlo por medio de una estrategia que enfatiza el absurdo principio de “abrazos y no balazos”, es garantía de malos resultados, como está siendo evidenciado por la dolorosa realidad. O sea, si eso es lo que se ofrecerá entonces el cierre va para largo.

Es probable que a la mesa de negociación también llegue la cuestión ambiental. No debemos olvidar que John Kerry, el pasado 9 de febrero, en su encuentro con López Obrador, planteó como una preocupación central la promoción del diálogo con México sobre la colaboración climática y la acción de energía limpia. Tomemos en cuenta que la certificación estadounidense a más de 152 mil hectáreas aguacateras en Michoacán ha descartado hasta ahora la certificación ambiental.  ¿Es casual que 3 días después se cierre la frontera al aguacate michoacano, tan cuestionado por su huella ecocida?

El boom aguacatero en Michoacán ha llegado a su punto de inflexión. El campo de arena sobre el que está fincado este negocio se ha quebrado por socavones que evidencian su fragilidad. El socavón criminal tal vez sea el menor, no así el ambiental que más temprano que tarde propiciará una crisis mayúscula, sin mayores posibilidades de arreglo.