La norma fue impugnada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional (CNDH). El Pleno de la SCJN dio un plazo de 12 meses para aprobar la reforma a la ley impugnada, en donde se incluyan los puntos de vista de los integrantes de los pueblos originarios, así como personas con discapacidad, sin que esto se haya hecho.