El 16 de febrero de 1996, después de las consultas que cada parte realizó, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal firmaron una serie de Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas, durante la primera parte de la Plenaria Resolutiva de los Diálogos de San Andrés Sacamch’en, en el Estado de Chiapas.
Actualmente y luego del afrentoso recorte presupuestal sufrido por las instituciones y el sector cultural de la nación, autorizado por el ejecutivo federal, quienes estamos convencidos de que son la educación y la cultura los elementos clave para la transformación pacífica de una nación tan maltratada como la nuestra, no podemos menos que manifestar nuestra indignación ante esta circunstancia, que resulta equiparable a la violación de un derecho humano fundamental. Y todavía más indignante resulta el hecho de saber que son las comunidades indígenas del país las más castigadas.
En este siglo XXI ya resulta para todos conocido el hecho de cómo la historia nacional confirma que los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación, que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política. Confirma también que han persistido frente a un orden jurídico cuyo ideal ha sido la integración o asimilación de sus culturas para mantenerlas “bajo control”.
Cabe por ello recordar el porqué del levantamiento armado de 1994 en Chiapas y tener presente el pronunciamiento conjunto que el EZLN y el Gobierno Federal enviaron a las instancias de debate y decisión nacional, luego de un largo proceso de diálogo nacional propuesto por los rebeldes zapatistas, acompañados por organizaciones y naciones indígenas y respaldado por ciudadanos/as de todo el mundo que apostamos a métodos pacíficos para resolución de conflictos y para alcanzar la paz.
En el pronunciamiento del año 1996, el Gobierno Federal asumió, entre otros, el compromiso de construir, con los diferentes sectores de la sociedad y en un nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas. Basada en el respeto a la diferencia, la nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas debe garantizar inclusión, diálogo permanente y consensos para el desarrollo en todos sus aspectos.
“No serán, ni la unilateralidad ni la subestimación sobre las capacidades indígenas para construir su futuro las que definan las políticas del Estado. Todo lo contrario, serán los indígenas quienes dentro del marco constitucional y en el ejercicio pleno de sus derechos, decidan los medios y formas en que habrán de conducir sus propios procesos de transformación”, menciona el documento 2 del Pronunciamiento.
En el marco de esta crisis sanitaria mundial, también resulta importante recordar que “una condición fundamental del desarrollo cultural es la relación de los pueblos indígenas con la tierra. Atendiendo a la especial significación espiritual de este elemento y a su altísimo valor simbólico, debe garantizarse plenamente el derecho de las comunidades y de los pueblos indígenas a la integridad de sus tierras y territorios, así como a la preservación y uso racional de su hábitat”.
Se reconoce que los saberes tradicionales de los pueblos indígenas constituyen un acervo importante de su cultura, y son esenciales para el desarrollo de la humanidad en muchísimos ámbitos, como el de la MEDICINA. Resulta entonces importante fortalecer una cultura en materia de salud y bienestar social que permita aceptar auténticamente una cosmovisión humanista y plural del proceso salud-enfermedad-ecosistema. Desde entonces y a partir de este reconocimiento, el gobierno federal se comprometió a crear espacios para la práctica de la medicina tradicional indígena otorgándoles recursos útiles para su desarrollo, sin menoscabo de la obligación del Estado de ofrecer los servicios institucionales de salud.
Veinticuatro años después de firmados estos Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas, es necesario recordar al gobierno federal que “Los proyectos culturales y educativos en los pueblos indígenas deben recibir la más alta prioridad en la programación y ejercicio del gasto público, tanto federal como estatal, requiriendo que se garantice de antemano su continuidad, congruencia y racionalidad”.
E importantísimo también, hacer corresponsables al Gobierno Federal y a los estatales, de lo concerniente al medio ambiente, actualmente sobreexplotado y arrebatado a sus legítimos custodios: “El respeto al medio ambiente y, por ende al hábitat de los pueblos indígenas, debe constituir un criterio fundamental e ineludible en la formulación de las políticas y programas de desarrollo económico y social, estatales y federales, en las regiones indígenas; en su planeación e instrumentación se requiere de la participación de las comunidades indígenas a fin de garantizar un uso racional de los recursos naturales y evitar cualquier afectación a su patrimonio natural y cultural en su sentido más amplio, o a sitios y lugares geográficos de significación simbólica como los centros civiles, culturales y ceremoniales”.
Finalmente, no olvidar, ni permitir que los gobiernos lo olviden, la adopción de principios que deben normar la nueva relación entre los pueblos indígenas, el Estado y el resto de la sociedad, como son: el Pluralismo, basado en el respeto a las diferencias, bajo el supuesto de una igualdad fundamental. La libre determinación, que el Estado se encuentra obligado a respetar, en cada uno de los ámbitos y niveles que harán valer, practicando su autonomía diferenciada. La Sustentabilidad, que asegure la perduración de la naturaleza y la cultura en los territorios de los pueblos indígenas. La Consulta y el Acuerdo para políticas, leyes, programas y acciones públicas que tengan relación con los pueblos indígenas.
La naturaleza pluricultural de la Nación está reconocida en la Constitución y se sustenta en la existencia misma de nuestros pueblos indígenas. No olvidemos.
