Hace mucho tiempo, quizás en una galaxia muy lejana… había un partido llamado (de) Acción Nacional que había surgido, con los valores del catolicismo tradicional y con algunos apoyos de grandes empresarios para oponerse al régimen de partido de Estado y al corporativismo, y para denunciar sus vicios y formas de corrupción política y económica.
Décadas después, ese partido fue llegando al poder, primero de algunos Estados y luego al de la Presidencia de la República, y fue abandonando su ideario de depuración y decoro para integrarse a lo mismo que criticaba. A más de ochenta años de su fundación por el abogado Manuel Gómez Morín y un conjunto de mexicanos que compartían su ideología y sus valores, el PAN se encuentra envuelto en escándalos de corrupción que muy poco difieren de los que estigmatizan al PRI y a los gobiernos emanados de éste. Negociaciones oscuras, “concertaciones” —o concertacesiones, como les llamaban los priistas dolidos por tener que ceder a sus adversarios históricos algunas parcelas de poder—, tráfico de influencias, cobro de compensaciones ilegales (moches) como pago por adjudicación de contratos, complicidad en fraudes electorales y pactos “por México” terminaron por integrar al partido blanquiazul a la estructura de poder creada por el entonces partido dominante y virtualmente por clonarlo con el molde y la pasta de éste.
Aunque había ya algunos antecedentes, sin duda el pacto de dominación compartida PRI-PAN arrancó con la llegada al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuestionada por el Frente Democrático Nacional como producto de un fraude monumental contra el candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas. Apenas llegado Salinas a la Presidencia, el 2 de diciembre de 1988, recibió en el Palacio Nacional a la dirigencia del PAN: Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Abel Vicencio Tovar, Diego Fernández de Cevallos y Bernardo Bátiz. No asistió el candidato presidencial Manuel Clouthier, quien habría de morir unos meses después en un accidente en su automóvil. Ya antes de la toma de posesión, Álvarez, Fernández de Cevallos, Castillo Peraza y Vicencio se habían reunido con el presidente electo en la casa de Emilio Lozoya Thalman, amigo cercanísimo de éste y quien sería su secretario de Energía. En el Palacio Nacional acompañaron a Salinas el secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, el jefe del Departamento del Distrito Federal Manuel Camacho, el asesor José Córdoba Montoya y el líder priista en la Cámara de Diputados, Guillermo Jiménez Morales.
En esas reuniones, concertadas al parecer sin una agenda previa, es muy probable que se hayan gestado varias de las reformas que caracterizarían al gobierno salinista. No sólo la desincorporación de los bancos y gran parte del sector paraestatal, sino también la reforma al artículo 27 para la privatización y venta de las tierras ejidales, la reforma religiosa para otorgar derechos políticos a los ministros de culto, reconocer diplomáticamente al Estado Vaticano y establecer en el artículo 3° la llamada libertad de educación, y la reforma electoral —que incluyó la cláusula de gobernabilidad para otorgar al partido con mayoría relativa en la votación una mayoría legislativa absoluta, más allá de lo que las boletas electorales le daban—. Se trataba, en diversos casos, de demandas y puntos programáticos históricos del PAN, que pasaron a cumplirse, significativamente, bajo un gobierno priista.
A cambio, los dirigentes de Acción Nacional, Luis H. Álvarez y Abel Vicencio, suscribieron una declaración pública llamada “Compromiso nacional por la legitimidad y la democracia”, en la que sostenían la tesis de que, si bien la elección no había dado certeza en sus resultados sobre la legalidad del triunfo de Salinas, éste podría “legitimarse” en la práctica del ejercicio del poder si realizaba, como ocurrió, transformaciones en la economía y la política en el supuesto beneficio del pueblo mexicano. Siete meses después de la entrevista formal en el Palacio Nacional, el PAN obtuvo por vez primera el reconocimiento de un triunfo en una elección para gobernador, que recayó en su candidato Ernesto Ruffo Appel en Baja California.
Vendría después la renuncia del delamadridista gobernador electo de Guanajuato Ramón Aguirre Velázquez a protestar el cargo, por presiones del presidente Salinas, para que asumiera el panista Carlos Medina Plascencia, quien preparó el camino para la llegada de Vicente Fox a esa posición en 1995 y un largo periodo de casi treinta años de gobiernos de signo blanquiazul en esa entidad.
Como en el teletransportador de la película La mosca, PAN y PRI han venido intercambiando y combinando desde entonces su materia genética, hasta hacer casi imposible diferenciarlos en sus prácticas políticas. Sus alianzas legislativas y votaciones al unísono son las constantes en el Congreso de la Unión y en las legislaturas estatales. Personajes como Javier Lozano Alarcón, por ejemplo, han transitado sin rubor del tricolor al blanquiazul, y nuevamente al PRI, según su conveniencia personal, porque no hay distinciones ideológicas ni políticas entre ambos partidos. También José Antonio Meade sirvió al gobierno de Calderón indistintamente que al de Peña Nieto, y hasta fue candidato presidencial del PRI en el 2018.
Particularmente durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esa identificación se consumó en los procesos legislativos, donde ambos partidos se necesitaban uno al otro para sacar adelante sus iniciativas. Al iniciar el sexenio del segundo, firmaron el llamado Pacto por México, en el que también participó, como convidado menor, el PRD, que celebró en voz de Jesús Ortega Martínez su oportunidad de “cogobernar” el país, esto es, de acompañar las iniciativas del presidente y del PAN. El Pacto por México fue una alianza legislativa de largo alcance que permitió a la oligarquía nacional y extranjera, a través de sus dos aparatos partidarios más el apéndice perredista, sacar adelante sus más caras y ansiadas reformas, desde la laboral hasta la del sector de hidrocarburos, pasando por la fiscal, la educativa, la de telecomunicaciones, electoral, etcétera, que fueron bautizadas como “estructurales”.
Pero también en sus prácticas de corrupción han logrado una identidad plena panistas y priistas. Desde el gobierno de Calderón se abrió la puerta a la constructora brasileña Odebrecht, corruptora de múltiples gobiernos de América latina, que en el sexenio de Peña alcanzaría su esplendor en la asignación de contratos gubernamentales. El panista concedió a la firma Braskem, filial de la empresa brasileña, en asociación con la mexicana Idesa, un contrato de privilegio en 2010 para venderles gas de Pemex con un descuento de 30 % sobre su precio de mercado, a fin de que se construyera la planta Etileno XXI en Coatzacoalcos. Además, les facilitó préstamos de la banca de desarrollo, Nafin y Bancomext, por 400 millones de dólares en total para la construcción de la planta, que se inauguró en marzo de 2016, ya bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Poco después de esa fecha es que Odebrecht debe haber iniciado tratos con el equipo de Peña Nieto para la entrega de sobornos que, al decir del hoy testigo colaborador y denunciante Emilio Lozoya Austin, sirvieron para la campaña del mexiquense a la presidencia en 2011 y 2012, y luego para cohechar legisladores durante el proceso legislativo de las reformas.
El proceso judicial de Lozoya, primero con información pública muy restringida por la FGR, se ha viciado después por diversas filtraciones a las redes sociales y medios de comunicación provenientes de quién sabe qué fuentes. Primero, el domingo 16, en una cuenta en YouTube abierta al parecer apócrifamente a nombre del hermano de Emilio Lozoya, Juan Jesús, se insertó una videograbación editada en la que aparecen Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado, y Guillermo Gutiérrez, colaborador del senador panista Francisco Domínguez Servién en la legislatura pasada y su secretario particular al asumir éste el gobierno de Querétaro, recibiendo pacas de billetes. Es claro que una cantidad semejante de dinero no era para esos dos funcionarios menores, sino, de tratarse de sobornos —los involucrados tendrían que aclararlo— para aquellos que serían decisivos en la aprobación de las reformas peñistas, presumiblemente la petrolera.
El gobernador Domínguez, quien ha sido muy activo en el frente de gobernantes locales opositores al gobierno federal de AMLO, cesó de inmediato a su cercano colaborador, en un intento de controlar los daños por la filtración, y se ha deslindado públicamente de los posibles sobornos. El presidente del PAN, Marko Cortés, pidió no politizar el escandaloso asunto y anunció que los panistas pillados serán expulsados de su organización política, al tiempo que solicitó al presidente colaborar con la FGR y el poder Judicial para esclarecer el significado del video, pero sin hacer uso político de éste.
Vale decir que el video de marras se viralizó el lunes 17, después de que fue presentado por el conductor Ciro Gómez Leyva en su noticiero de la televisora Imagen. A continuación, el diario Excelsior difundió un adelanto de la denuncia presentada por Emilio “L.” ante la FGR, según el cual, el denunciante habría distribuido, por órdenes de Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso 80 millones de pesos entre legisladores entre diciembre de 2013 y abril de 2014 para la aprobación de la reforma energética, señalando concretamente a los entonces senadores Francisco Domínguez, del PAN, y Miguel Barbosa, coordinador del PRD en la cámara alta en esas fechas y hoy gobernador de Puebla por Morena. También al entonces diputado panista y luego dirigente nacional y candidato presidencial de su partido, Ricardo Anaya —quien habría recibido 6.8 millones de pesos—, a los senadores del PAN José Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas. También señala a Ernesto Cordero —secretario de Hacienda con Felipe Calderón— de haber recibido sobornos de Odebrecht para garantizar la continuidad del proyecto Etileno XXI en el gobierno de Peña, y al priista David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado. Según lo difundido por Excelsior, Lozoya detalla fechas y lugares precisos donde se hicieron las entregas de efectivo que llegaron a los legisladores. Y un día después, en redes sociales y Whatsapp se filtró una copia de la denuncia de Lozoya, que coincide con lo difundido por el Grupo Imagen.
Tanto la televisora Imagen como el periódico Excelsior son propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña, y dirigidos por su hijo Olegario Vázquez Aldir, quien forma parte del equipo empresarial de asesores del presidente López Obrador y uno de los acompañantes de éste en su viaje a Washington el pasado mes de julio. El mismo López Obrador, quizá violentando el debido proceso, o anulando una posible prueba sobreviniente del expediente de Lozoya, presentó el editado video de los panistas en su conferencia del martes 18, con intención claramente política e invadiendo un ámbito que correspondería a la Fiscalía General de la República.
En qué va a parar este escándalo, donde los señalados anuncian denuncias penales y contrademandas a su acusador Lozoya, es muy difícil de prever. Pero el golpe político ha sido muy contundente contra Peña, Videgaray, el sucesor de Lozoya en la dirección de Pemex y después secretario de Hacienda José Antonio González Anaya, David Penchyna y hasta José Antonio Meade, entre los priistas. Pero sobre todo para importantes figuras de Acción Nacional, hoy gobernadores o que han sido dirigentes de ese partido. Ocurre unos días después de que el diario Reforma, por medio de una encuesta, declarara extrañamente a Ricardo Anaya como el principal “contrapeso” al gobierno de López Obrador, pese a encontrarse fuera de la escena política y probablemente fuera del país, como ha sido habitual en él.
Ya con anterioridad, algunos testimonios hablaban de que en el curso de las reformas estructurales no sólo se negoció con dinero sino también con posiciones políticas como gobiernos de varias entidades, entre el peñanietismo y el PAN. En el caso de éste, más allá de sospechas que vienen de atrás, empiezan a aparecer pruebas, nada oportunas ante las inminentes elecciones legislativas en Coahuila y municipales en Hidalgo, y de cara a los comicios de 2021 en que se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales, 30 congresos locales y 1 900 ayuntamientos. Quizá las filtraciones del video y del expediente Lozoya han sido promovidas intencionalmente para echar abajo el juicio por violaciones al debido proceso; pero la carpeta de investigación y sus derivaciones se han convertido para el partido blanquiazul, además de los priistas y hasta perredistas o morenistas, y parafraseando a García Márquez, en su laberinto y en la hoguera donde arden ya las vanidades de muchas de sus principales figuras.
