La abultada bolsa de recursos que aprobó la mayoría de los legisladores federales para poner a disposición del presidente, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, le otorga un poder extraordinario, único en la historia del presidencialismo mexicano. Es también la materialización de una aspiración autócrata y centralista realizada a nombre del “pueblo” que debilita los valores democráticos y republicanos de distribución del poder y juego sano de contrapesos.
Estamos asistiendo a la constitución de un nuevo poder autócrata nacional por la vía de la subordinación del poder legislativo y judicial al presidente y del desmantelamiento de los contrapesos. En lugar de una redistribución del poder entre los actores nacionales o el empoderamiento ciudadano, que forma parte de las prácticas democráticas y que era lo que se esperaba del presente gobierno, estamos presenciando la concentración tiránica del poder.
El episodio vergonzoso protagonizado por diputados de la mayoría para desde el recinto legislativo hacer loas cumpleañeras a la figura presidencial ─propio de vasallos, ujieres y palafreneros de la época del absolutismo─ dibuja con claridad la relación de sumisión que ha logrado imponer el presidencialismo ilimitado de Obrador. Lo mismo ha hecho con el poder judicial al que ha convertido en simple oficialía de partes de sus deseos y en instrumento para aplicar una “justicia” selectiva, con la cual no se toca la corrupción rampante en su gobierno y se exonera a los de su corte.
La tendencia a concentrar el poder es lo que configura una élite. La que se está constituyendo ahora ha tenido que desmantelar los pequeños avances de distribución democrática del poder para concentrar el máximo del poder político en una persona. Para hacerlo ha partido de dos falacias: la primera que “el presidente es el pueblo” (reminiscencia absolutista de “el Estado soy yo”), de donde deriva que para que el pueblo tenga todo el poder es preciso que el presidente lo concentre todo; la segunda, que el combate a la corrupción lo justifica todo, incluso el desmantelamiento de las instituciones. Por esta vía se han desaparecido un sin fin de instituciones y extinguido fideicomisos necesarios. Si se siguiera con esa lógica la primer institución que debió haberse suprimido es la presidencia de la república, a la cual de acuerdo a esta narrativa se le señala todos los días como el punto de partida de toda la corrupción … y sin embargo es la que hoy dispone de más recursos.
La transformación en curso no es ni democrática ni tampoco es de izquierda. La democracia supone el equilibrio de poderes, el estímulo de los contrapesos, el respeto a la diversidad, el cobijo de la pluralidad y la prevalencia del Estado de derecho por encima de los prejuicios personales. La concentración del poder y el culto a la personalidad son veneno para cualquier democracia. Tampoco tenemos indicios reales de una izquierda justiciera. De acuerdo al Coneval tenemos ahora más millones de pobres que hace dos años, la política presidencial es la menos laica en el último siglo, la ciencia, la razón y la cultura han sido desterradas, la agenda ambiental ha sido pisoteada y la política internacional se subordina al poder de personajes ultraconservadores, racistas, antiinmigrantes y antimexicanos. Los que sí se han desbordado son los recursos clientelares, pero esos no cuenta como méritos de izquierda ¿o sí?, ¿aunque impliquen subordinación y pérdida de libertad ciudadana?
La nueva élite gobernante exhibe en el presupuesto de egresos 2021 un extravío lamentable de la congruencia. En él está expresado, a lo grande, todo lo que se cuestionó a los gobiernos precedentes. Los pecados del neoliberalismo nunca habían estado tan escandalosamente justificados ¡y aceptados por muchos! En nombre del pueblo, de la austeridad republicana y del combate a la corrupción ha caído inmisericorde la guillotina contra el campo, la seguridad, la ciencia, la cultura, la cinematografía, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente, los niños con cáncer o las mujeres violentadas. Y en nombre del “pueblo” se ha militarizado la vida civil del país… ¡ver para creer!
Ante los recortes y las extinciones de fideicomisos y programas el presidente utiliza un conjuro legitimador: “se entregarán de manera directa”. Pero eso supone un absurdo, los programas implican bienes tangibles e intangibles incluidos en un diseño planificado que no se pueden sustituir con la simple entrega individual de dinero. La corrupción necesita políticas propias para sanar a las instituciones, pero no las tienen. No se cura una fiebre aniquilando a la persona, se cura la fiebre y se salva a la persona.
Hemos tenido legislaciones lacayunas, sin duda, pero la que está en funciones bien podría hacerse meritoria del máximo galardón a la abyección. Las órdenes presidenciales las han acatado al modo del presidente, con “lealtad ciega”. Con ello pretenden tener el favor del “gran elector” para alcanzar gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales. No alcanzan a comprender que el presupuesto aprobado no sólo ahorca a los estados y a los municipios actuales, los ahorca a ellos mismos, pues si fuere el caso, tendrían que administrar entidades y municipalidades sin recursos disponibles, es decir, menguadas en su soberanía y en su autonomía. Una cosa es ser mayoría, otra muy diferente es claudicar ante la sinrazón de una consigna presidencial.
¿Cuál es entonces la diferencia con el pasado tan cuestionado? ¿Dónde quedó la congruencia? ¿En dónde la representación de todos?
