Sin acciones preventivas y sin mirar más allá del día a día los gobiernos prefieren voltear la cara para otro lado antes que encarar ahora la gravedad del problema del agua. Las leyes en la materia se han convertido en letra muerta frente al poder de los sistemas productivos que se han apoderado de más del 63 % de las aguas superficiales disponibles y del 37 % de las subterráneas con acciones diametralmente opuestas a todo criterio de sustentabilidad.
El desorden se puede apreciar en la inmensa constelación de hoyas captadoras de agua y pozos diseminados por todo el territorio estatal, la gran mayoría ajenos a cualquier aprobación. El daño presente y futuro que se está cometiendo contra el ciclo hidrológico está siendo desdeñado por un criterio “productivista” que se olvida de manera total del ciclo natural del agua. El agotamiento de los mantos lo puede constatar cualquiera echando una mirada atenta a su entorno.
El avance imparable de la deforestación y con ello la pérdida de la cubierta vegetal está modificando drásticamente la capacidad de infiltración y recarga de los mantos freáticos en todo Michoacán. La disponibilidad de agua continua cayendo en las poblaciones y zonas urbanas de manera preocupante. Mientras tanto las leyes duermen el sueño de los justos y las instituciones se distraen en acciones secundarias que no atienden lo que es y será un conflicto agudo de gobernabilidad.
Nuestra Constitución plantea que el agua es un derecho humano que debe cumplirse para todos los mexicanos y la Ley de Aguas Nacionales establece que el agua es un asunto de seguridad nacional. Sin embargo, la realidad es otra muy diferente. Las instituciones que tienen por ley la responsabilidad de preservar los ecosistemas para que el ciclo del agua se reproduzca de manera normal parecen haber abdicado a sus deberes.
Sin bosques no hay agua, sin agua no hay vida. Este principio tan elemental es ignorado por el delirio del productivismo y la codicia del dinero que se ha apoderado de un sector muy importante de los inversionistas agrícolas del estado. La dinámica que están imponiendo en el manejo del agua está en ruta de colisión frontal con el derecho humano al agua de las poblaciones y con el interés social ambiental ya que el costo que debe pagarse por semejante aberración lo tendremos que pagar todos, incluidos los propios empresarios y sus plantaciones.
En muchos y variados sitios de la geografía michoacana los arroyuelos están secos y han dejado de fluir hace algunos años; los humedales han sufrido mermas evidentes; los ríos han perdido el vigor de sus caudales antiguos y fluyen penosamente; los lagos y cuerpos de agua se han degradado al punto de atisbarse su extinción. Las consecuencias no se pueden ya ocultar, crecimiento de la desertificación, aumento de la temperatura, pérdida de biodiversidad, modificación del patrón climático de lluvias, caída de la producción agrícola tradicional y empobrecimiento del campesinado.
Desde los gobiernos los efectos sociales del desastre ambiental son atendidos a bote pronto. Aparecen cuando los daños ya han conmocionado y afectado a la población: carencia de agua o confrontación social por ella, deslaves sobre zonas urbanas producto de lluvias en terrenos talados, incendios intencionales en áreas forestales, inconformidad social por cañones antigranizo o enfermedades ocasionadas por agroquímicos nocivos.
La gobernabilidad ambiental hace buen rato que se encuentra extraviada en el país y en el estado. El derecho ambiental ha sido abandonado en aras de tolerar y hasta estimular la impunidad de quienes aparecen como los verdaderos amos de la naturaleza. Y esto es real. En las serranías de Michoacán quien en verdad manda son los empresarios del oro verde y de las frutillas. Allá no hay gobierno.
De poco servirá en este contexto la aprobación de Ley de Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo. El riesgo, muy real, es que nazca muerta y que sin la acción rigurosa que se requiere, las cosas sigan tan mal como hasta ahora han estado.
No debieran esperar a que se presenten crisis sociales derivadas de la mala gestión de algún servicio ambiental, como la protagonizada por los campesinos de Chihuahua en meses pasados. Está más que a la vista de dónde llegarán esos problemas en nuestro estado. Quienes creen que la impunidad con que hasta ahora han actuado los cubrirá de la respuesta de la naturaleza están equivocados. Mientras el hombre decide para lo inmediato la naturaleza responde a largo plazo y de manera contundente. Los aprovechamientos no sustentables siempre resultarán más costosos que el bien producido.
La cuestión del agua es el gran problema que deberán enfrentar los gobiernos en el futuro inmediato y no será sencillo por la magnitud del daño ocasionado al ciclo hidrológico. Para que lo hagan exitosamente deberán aplicarse ya con acciones preventivas rigurosas apegándose a los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Eso supone parar ahora mismo el criminal cambio de uso de suelo y revertir el agandalle del agua por unos cuantos poderosos del dinero.
