No es inusual que el presidente López Obrador pretenda apoderarse de los organismos institucionales autónomos que por ley e históricamente deben regirse de manera independiente del gobierno de acuerdo a su estructura orgánica y jurídica para desempeñar sus funciones, me refiero al Banco de México, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral, para citar solo algunos que a capa y espada sostienen su autonomía, pero que el presidente se las quiere arrebatar.
Lo que más ha desatado polémica en estos tiempos electorales es el enfrentamiento del presidente con el INE, en el sentido de querer imponer como candidatos a Félix Salgado Macedonio por Guerrero y a Raúl Morón por Michoacán entre otros muchos, a pesar de que, de acuerdo a la ley del INE fueron destituidos como candidatos, por no haber presentado los gastos de sus precampañas y en el caso de Salgado Macedonio acusado de haber violado algunas mujeres siendo presidente municipal de Acapulco, hechos que fueron denunciado por cuatro de ellas. Los casos fueron turnados al Tribunal Federal Electoral que, como todos sabemos es incondicional al presidente, este tribunal argumentó que el INE se estaba excediendo en sus atribuciones y debería restituirles sus candidaturas, por tanto regresó el asunto al INE, hasta hoy el asunto se discutió en sesión extraordinaria y en voz de su consejero presidente Lorenzo Córdova sostuvo la destitución de los dos candidatos con 6 votos en favor y 5 en contra. Esta decisión provocó reacciones por demás violentas de Félix Salgado a tal grado de ir a buscar a sus domicilios a los consejeros para exigirles su restitución como candidato y otras acciones como plantones en el Tribunal Electoral y el mismo INE. Al mismo tiempo López Obrador en su más reciente mañanera enfurecido expresó que la actitud del INE “es un golpe de Estado técnico”, expresión fuera de lugar según todos los medios de comunicación y comentaristas. Bien a bien no se sabe que sucederá en estos días por que el tiempo reglamentario ya prescribió.
El otro asunto complicado es la ampliación de la gestión como presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar de cuatro a seis años, es decir hasta el 2024, con el pretexto del presidente López Obrador de que la reforma al poder judicial la tiene que terminar el actual presidente de la Corte. Esta decisión se turnó al Senado
En la primera sesión el senador del partido verde Raúl Bolaños Cacho, ( el peor partido con un historial negro ) propuso que se modificara un transitorio de la constitución para que se ampliara la gestión a cuatro años la gestión del ministro presidente de la Suprema Corte, hasta hoy Arturo Zaldívar no ha dicho “esta boca es mía” La opinión pública expresa que debe respetarse el artículo 99 de la constitución que expresa claramente que el presidente de la Suprema Corte debe permanecer cuatro años en su gestión, sin embargo López Obrador está empeñado que el senado debe modificar un transitorio de la constitución pata ampliar dos años más la gestión de Arturo Zaldívar. Es un claro mensaje del presidente de apoderarse de la Suprema Corte con fines electorales en las intermedias como en la elección presidencial del 2024.
