Para organismos en defensa de derechos humanos y en contra de la desaparición forzada, como el Comité de Familiares Desaparecidos Detenidos en México “Alzando Voces” (COFADDEM), ninguno de los siete aspirantes que compiten por la gubernatura, garantizan un compromiso real de frenar el fenómeno que en sus registros alcanza a 309 casos.
De acuerdo con Janahuy Paredes Lachino, integrante del colectivo, en el sexenio por culminar a cargo de Silvano Aureoles Conejo, “siempre hubo omisión en cuanto a las investigaciones y en cuanto al acercamiento con los familiares, siempre se nos negó, nosotros tenemos cinco solicitudes de audiencia con él y nunca hubo una respuesta de nada”.
En la administración silvanista, añade, “las desapariciones forzadas se incrementaron, por lo tanto al cerrarnos las puertas y el diálogo, y sentarnos con nosotros hasta por estrategia política o dar una respuesta, también él es responsable al permitir por omisión que no se lleve un proceso de justicia”.
Entrevistada en el evento donde madres de familia demandaron aparición de sus hijos ante la 21 Zona Militar, indica que este sexenio en el estado, “fue el de más acoso, tuvimos que traer a la Organización de las Naciones Unidas, tuvimos que traer a Amnistía Internacional, fue el gobierno donde tuvimos más vulnerabilidad de las autoridades que participaron en la desaparición, de corporaciones que se presentaron en distintas ocasiones a hostigar y amenazar a los familiares”.
A su juicio, el fenómeno de las desapariciones no obedece en específico a un candidato, gobernador o partido, “es una política de Estado, es parte del mismo sistema”.
-¿Entonces no hay confianza hacia ninguno de los candidatos?
“No, claro que no, la confianza nosotros la tenemos porque si existe una ley, fiscalías, es por la lucha y la organización de los familiares”.
-¿Habrá que seguir insistiendo ante quien sea?
“Así es. Llegue quien llegue vamos a estar ahí”.
Paredes Lachino señaló que de los 309 casos que sigue la COFADDEM desde el 2006, en su mayoría se han registrado en Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zamora, Hidalgo y Paracho, donde “las autoridades son los responsables materiales”.
