La siguiente semana iniciarán una serie de movilizaciones en las que no se descarta el bloqueo a los actos oficiales del rector Raúl Cárdenas Navarro, por parte del Frente en Defensa del Bachillerato en la Universidad Michoacana, cuyos integrantes insistieron en que la reforma es necesaria pero con el consenso mayoritario de la comunidad docente al reiterar su rechazo al Rediseño Curricular del nivel aprobado el pasado 4 de junio por el Consejo Universitario.
Representantes estudiantiles y docentes, al igual que la secretaria general de la dirigencia interina del Sindicato de Profesores (SPUM), destacaron en sus exposiciones que aunque las autoridades digan lo contrario, sí se pretende imponer un esquema de bachillerato tecnológico no acorde con la vocación humanista de la Casa de Hidalgo.
Con la invocación a un pasado histórico con que se ha nutrido el bachillerato que imparte la UM en siete planteles, a través de la participación de los maestros jubilados Citlali Martínez y Marco Antonio López, se insistió en que no hay rechazo a la reforma, pero esta debe ser integral y no sólo respecto a la malla curricular, la cual los docentes afirmaron desconocer dado que sus contenidos no han sido divulgados entre el profesorado.
María Luisa Sáenz Gallegos, secretaria general del Comité Ejecutivo General Interino del SPUM, señaló que de prevalecer el esquema planteado por Rectoría y que se pretende aplicar a partir de agosto próximo, habrá afectación a la planta docente del nivel, dado que hasta en un 75 por ciento la planta docente es de docentes por asignatura y no de tiempo completo. Cuestionó además que de los siete directores de las preparatorias -5 en Morelia y 2 en Uruapan-, a cinco de ellos los nombró el rector fuera del marco legal, por lo que su autoridades es cuestionable como representantes de los planteles.
Manuel Calderón, secretario interino de Organización, planteó que lo que deberían de hacer las autoridades como paso previo es regularizar esta situación laboral, dado que el hecho de que existan docentes bajo esta condición por 15 y hasta 20 años, con solamente 12 horas asignadas, los remite a una situación de precariedad laboral y con nulo acceso a la seguridad social como lo es la jubilación y el acceso a prestaciones sociales como atención médica.
Ante la insistencia de los reporteros sobre la declaración del secretario académico Orepani García, de que no hubo exclusión en el proceso hacia el profesorado, tanto Sáenz Gallegos como Calderón manifestaron que la convocatoria para participar fue extemporánea, y aún así, los planteamientos de los docentes que participaron se hicieron a un lado.
Guillermo Capillo, secretario interino de Pensiones y Jubilaciones, indicó que la autoridad universitaria desdeñó la capacidad de los especialistas de la propia UM, al contratar foráneamente un proyecto que ahora se quiere imponer y que no corresponde a la historia y la esencia de la Universidad Michoacana, y apeló al artículo cuarto de la Ley Orgánica que señala que las reformas académicas son un derecho de las comunidades y estructuras de los planteles.
Campillo cuestionó además que el Rediseño Curricular lo haya aprobado un Consejo Universitario que es ilegal en las dos terceras partes de sus integrantes, ya que debió haberse renovado el año pasado, además de que negó que los consejos técnicos haya votado con la representación de los siete planteles del bachillerato, ya que tampoco se realizaron las consultas que plantea la Ley Orgánica hacia las comunidades y que éstas fueran aprobadas por el máximo órgano de gobierno en la UM una vez que se tuviera el aval de las academias de las preparatorias, únicas que legalmente reconoce el marco jurídico en la UM como las autorizadas para proponer cambios y contenidos en los programas de estudio. Si los consejo técnicos no fueron considerados y sólo sus presidentes se tomaron en cuenta, señaló, entonces que estos cuerpos colegiados rebatan los acuerdos del Consejo Universitario.
Respecto a las acciones a implementar, Calderón señaló que por parte de la dirigencia interina del SPUM -electa el pasado 22 de marzo, con la revocación del mandato al gripo electo para el periodo 2018-2021 por no acatar los estatutos ni considerar a los órganos de gobierno gremial-, lo harán “con todo lo que tenga que ver con la ley, amparos y los recursos necesarios en materia laboral”, para defender los derechos de los docentes. Los académicos, señaló, harán su parte en la defensa de los contenidos que deben corresponder a privilegiar una carga académica en ciencias sociales y humanidades.
Alejandro Rangel, integrante del Frente Estudiantil, Indígena y Popular, señaló que se acompañará la movilización de los maestros de una manera más decidida a partir de la semana próximo, con el emplazamiento a las autoridades universitarias a que convoque a un proceso de consulta sobre la reforma del bachillerato. De no ser así, dijo, la siguiente semana se tomarán “medidas más contundentes”, entre las que citó el bloqueo a las actividades oficiales del rector Raúl Cárdenas Navarro.
