SINDICALISMO CRÍTICO NICOLAITA: ¿Pretenden otro halconazo en la Nicolaita?

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En lugar de amedrentar y reprimir a los manifestantes, deben cumplir cabalmente con el ordenamiento constitucional. (Foto: ACG)

El gobierno del Estado de Michoacán (GEM) bajo la responsabilidad de Silvano Aureoles Conejo y a petición de la autoridad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que encabeza el rector Raúl Cárdenas Navarro, enviaron el 10 de junio pasado a un grupo de policías antimotines pretendiendo retirar a los académicos nicolaitas que mantenían un plantón en la avenida Francisco J. Mújica, a las afueras del edificio de Rectoría que se encuentra en Ciudad Universitaria. Los catedráticos, como lo han venido haciendo desde meses atrás, exigen la reparación inmediata de las violaciones a sus derechos humanos, laborales y de seguridad social, constitucionalmente irrenunciables.

Este hecho calificado como Abuso de Autoridad por el artículo 215 del Código Penal Federal, aconteció precisamente el día en el que se conmemoró el L Aniversario de la matanza a manos de los llamados “halcones”, grupo paramilitar entrenado por militares de los gobiernos de México y los Estados Unidos, quienes abrieron fuego contra integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, con un número desconocido de muertos, desaparecidos y heridos, quienes el 10 de junio de 1971 habían iniciado una marcha en las inmediaciones del metro Normal, cerca del Casco de Santo Tomás, con rumbo al Zócalo capitalino, para unirse a las protestas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en contra de la decisión del gobierno de aquél estado que redujo el subsidio y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de Ley donde suprimiría la autonomía a esta universidad.

Tanto al Ejecutivo del estado como al rector de la Nicolaita, se les olvida que el incumplir con su solemne juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Michoacán de Ocampo y todas les leyes y normas que de ellas emanen como la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la UMSNH, los Contratos Colectivos de Trabajo y demás normas que rigen tanto al Estado como a la UMSNH, además de ser calificado como falta de probidad y honradez y ser sancionado hasta penalmente por la legislación vigente, son actos de traición a la UMSNH, al Estado de Michoacán y a la Patria. No deben olvidar que el día que tomaron posesión de su cargo ante los órganos de gobierno correspondientes, les advirtieron que, de no cumplir con su juramento, el pueblo y la comunidad se los demandaría, y estas manifestaciones de los académicos nicolaitas forman parte de esos reclamos que les advirtieron.

En lugar de amedrentar y reprimir a los manifestantes, deben cumplir cabalmente con el ordenamiento constitucional que establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

¿Acaso el Ejecutivo estatal, solapado por el rector de la Universidad, pretenden desviar la atención de los afectados para seguir incumpliendo con sus obligaciones constitucionales?

Tenemos presente la obligación que tienen de garantizar que la educación que imparte el Estado sea gratuita y que el propio Estado garantice que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación, como lo señala el artículo tercero constitucional. Prueba de ello es la falta de cumplimiento al “convenio marco de colaboración para el apoyo financiero” firmado por la SEP, el GEM y la UMSNH, el 13 de enero de 2016 en el cual el gobernador Silvano Aureoles Conejo se comprometió a que el GEM aportaría un subsidio ordinario igual al monto que aporta el gobierno federal, es decir en una proporción presupuestaria del 50%-50% y también el “convenio de apoyo financiero de recursos públicos federales y estatales extraordinarios no regularizables”, firmado por la SEP, el GEM y la UMSNH, mediante el cual el ejecutivo del estado se comprometió a aportar en el ejercicio fiscal 2020 la cantidad de $283’500,000.00 (Doscientos ochenta y tres millones quinientos mil pesos) a más tardar el 31 de diciembre de 2020, cantidad similar a la que aportó en tiempo y forma el Gobierno Federal y que ahora el Gobierno de Michoacán pretende cargarlo al subsidio 2021, dejando nuevamente sin recursos a la UMSNH en el último cuatrimestre del presente año.

Con esa connivencia, han dejado de cubrir en tiempo y forma salarios, prestaciones, promociones y demás compromisos contractuales, algunos de ellos pactados desde hace más de cinco años; a su vez han dejado sin cubrir durante dos años, el pago de marcha (prestación para gastos funerarios) pactados a pagarse a los ocho días de fallecido el empleado, a deudos de más de doscientos trabajadores universitarios. Además han dispuesto de las cuotas sindicales y aportaciones voluntarias para gastos funerarios de compañeros, en contubernio con el Comité Ejecutivo General del SPUM, 2018-2021, revocado del cargo por el IX Congreso General de Representantes Extraordinario, el 24 de marzo de este año, entre otros conceptos.

Si en lugar de reparar las violaciones a los derechos humanos, laborales y de seguridad social, en los términos que establezca la ley, tanto del gobernador como del Rector optan por amedrentar y reprimir a los manifestantes, no queda otra alternativa a los afectados, que solicitar que se les procese debidamente, al igual que a otros funcionarios que resulten responsables, por las repercusiones que tengan sus decisiones contra cualquier miembro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.