Con la defensa a su derecho a que se reconozca su antigüedad laboral, sean basificados y se paguen los salarios caídos desde hace año y medio, los trabajadores del extinto Seguro Popular no quitan el dedo del renglón en sus demandas ante el gobierno estatal por la continuidad laboral.
Los trabajadores del Seguro Popular mantienen desde finales del 2019 una lucha constante para que sean integrados a la planta laboral de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), luego que se anunció la extinción del organismo al crearse por decreto federal el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sin que el gobierno estatal cumpliera con la continuidad laboral dispuesta en el proceso de la nueva dependencia con quienes ya laboraban en el anterior modelo de salud.
En las últimas negociaciones con funcionarios de la SSM, señalan sus voceros, “nos ofreció un contrato por tres o cuatro meses, pero que le quitáramos todas las demandas, que son basificación, se nos reconozca los 12 y hasta 13 años de seguridad social que no nos dieron, que se nos reconozca el retroactivo de cambio de tabulador, porque estuvimos cobrando con un tabulador del 2007, además de que estamos peleando con una demanda colectiva por el despido injustificado, que ya son salarios caídos de año y medio, y tenemos un amparo en contra del decreto del gobernador, ellos quieren que le entreguemos todo esto por un contrato de tres o cuatro meses, les dijimos que no, porque en ese lapso de tres o cuatro meses nos pueden correr y legalmente no nos pueden dar nada. De palabra ya no queremos nada”.
Apostados en el acceso principal de Palacio de Gobierno, los trabajadores señalan que los más de 300 compañeros que perdieron su base laboral en el Seguro Popular con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), deberían estar integrados en el listado de presuntas basificaciones en la Secretaría de Salud que anunció hace días la titular de la dependencia, Diana Carpio Ríos, quien habló de mil nuevas plazas en el sector.
“Lo que no queremos perder es nuestra antigüedad, ya que las bases que vienen del gobierno federal, es por la antigüedad, que es lo legal, claro que se manejan también de otra manera, con el sindicato”, señalan, punto en el que refieren que la asignación de las mismas también se da por favoritismo o incluso la compra de las plazas. “La antigüedad es lo que no queremos perder, podemos negociar el dinero, los salarios caídos, pero la antigüedad no”, reiteran.
De los señalamientos de Carpio Ríos, señalan que “deberíamos estar contemplados en esas plazas, pero como hemos estado en la protesta, nos están sacando de la jugada, metiendo a gente conocida, a gente más allegada, que es lo que hemos estado viendo, familiares allegados a funcionarios o a personal del área administrativa de la Secretaría de Salud, de delegados”.
Incluso, advierten, en estas nuevas plazas que anunció la funcionaria, quedarían a un lado los grupos sindicales que existen al interior de la dependencia.
Ramírez Bedolla, una esperanza
Cuestionados sobre las expectativas que esperarían con la nueva administración en el gobierno estatal, que encabezaría Alfredo Ramírez Bedolla, indican que como candidato el morenista reconoció que en su caso se cometió una arbitrariedad por parte de Silvano Aureoles y que “lo que nos pasó a nosotros fue una ilegalidad, por eso es que creemos que tenemos una luz ahí con ellos”.
Señalan que “Diana Carpio Ríos ni es michoacana y lo que nos dijo Ramírez Bedolla es que no va a haber en su gobierno ningún funcionario que no sea michoacano, y no aceptaremos que Diana Carpio se quedara como secretaria, porque ha afectado mucho los derechos laborales de todos los compañeros”.
