El pasado 2 de julio se entregaron invitaciones a las autoridades universitarias y a los integrantes del comité 2018-2021 revocado para participar en el 1er Debate Universitario Público, a realizarse el pasado 7 de julio. Para el evento, el Doctor Rubén Horacio Murillo, de la Facultad de Odontología, hizo las gestiones para conseguir un espacio digno, donde los universitarios pudieran debatir ideas y hacer propuestas sobre la situación y solución de los problemas que están asolando a los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que en el gremio de académicos han sido originados y exacerbados por la total sumisión del comité revocado que encabeza Jorge Luis Ávila Rojas, al Rector Raúl Cárdenas Navarro.
Como ni las autoridades universitarias, ni el Comité Ejecutivo revocado acudieron a la invitación, el debate se transformó en foro, donde se inició la discusión con una presentación en la cual se recapituló el proceso planeación, realización y legalidad del IX Congreso General de Representantes Extraordinario, se habló sobre la inequidad y falta de pago de las cláusulas y reparación de violaciones, el nombramiento de una ilegal Comisión Mixta de Conciliación y Resolución, el incumplimiento del convenio de regularización de interinos bajo los mecanismos acordados el 15 de mayo de 2020, las rescisiones de contrato de varios compañeros académicos sin el debido proceso y el hostigamiento a los maestros del Bachillerato Nicolaita por la imposición de un rediseño del Plan de Estudios del mismo.
Además, se ilustró cómo desde 2018 se ha incrementado el presupuesto extraordinario y cómo en 2021 la situación se agravará porque el Estado no ha cumplido, como se acordó en el Convenio Marco de enero de 2016 con dotar a la Universidad de un presupuesto igual al dado por la Federación, en ese mismo año, se disminuyó, a lo ya autorizado por el Congreso del Estado, más de 500 millones de pesos al presupuesto universitario y en 2017 poco más de 391 millones. Se espera que a partir del mes de septiembre se vuelvan a tener problemas económicos en la Universidad y el presupuesto extraordinario que se requiera para solventar los problemas rebasará los 600 millones de pesos. Entonces, parece un contrasentido y es un agravio a la comunidad universitaria, el hecho de que, con recursos públicos, se haya erigido en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez” una plaza con el nombre del gobernador que ha contribuido más a agravar la crisis financiera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Es evidente que el Rector, en lugar de convocar a su comunidad (como en su momento lo hizo la Rectora de la Universidad Veracruzana con Javier Duarte) a exigir el cumplimiento del convenio signado por Silvano Aureoles, ha adoptado una postura de sumisión y conformidad, cada año acude a las instancias federales para gestionar los recursos con los que debe concluir el año y firma convenios perjudiciales para los trabajadores, sin ponerlos a discusión del Consejo Universitario, ni de los sindicalizados, ya el pasado 7 de julio, inició, nuevamente, “gestiones”.
El Dr. Francisco Becerra Ávalos, Consejero Universitario de la Facultad de Economía y Secretario de Finanzas interino del SPUM, relató que de doce escritos que le ha dirigido al Presidente del Consejo Universitario, lic. Pedro Mata Vázquez, no ha respondido ninguno, y que de hecho, ignora las preguntas que se hacen de viva voz en las sesiones de Consejo Universitario, que ha señalado que se encuentran en el supuesto legal de reelección y que es un criterio contrario que se hayan autoextendido el mandato como Consejeros Universitarios, mientras que a los Directores se les retira del cargo el mismo día que fenece su cargo.
Por su parte, la Comisión Autónoma de Honor y Justicia (CAHyJ) expuso que en cumplimiento a lo establecido en el reglamento de faltas y sanciones, dirigió un escrito al Presidente de la JLCA señalándole que; se sancionó al Comité Ejecutivo General 2018-2021 al incurrir en faltas graves como pretextar la pandemia para evitar convocar a los órganos superiores del Sindicato, realizar de motu propio acuerdos, convenios diversos con la patronal sin consultar a las bases, ni a los órganos superiores, decidir, en varias ocasiones, prorrogar los periodos de prehuelga, omitir citar e informar a las asambleas seccionales los asuntos de la revisión y modificación contractual, incurrir en usurpación de funciones al suspender en sus derechos sindicales y de manera arbitraria a 26 compañeros sindicalizados, lo que es atribución del Congreso General de Representantes y esos compañeros dejaron de percibir por un año las prestaciones sindicales a las que tenían derecho, realizar actos de traición, daños y perjuicios graves al sindicato al coludirse con la patronal para modificar el régimen de jubilaciones, al suspender la entrega de las cuotas de las percepciones sindicales a varias secciones sindicales, incumplieron disposiciones estatutarias y los acuerdos de tres congresos generales de representantes. Además, indebidamente el Comité revocado ha obstruido el trabajo de las Comisiones al cerrarles las instalaciones, sin permitirles el acceso a los recursos materiales y documentales con los que realizan su trabajo, por tal motivo, la CAV y la CAHyJ interpusieron una demanda penal por la comisión del delito de Ejercicio Ilegal del Propio Derecho.
Como puede verse, la falta de compromiso del Rector con la comunidad universitaria se debe a la manera en que es nombrado, obedece a quienes lo imponen, esto se refleja en la manera en que ignora a la comunidad universitaria, en las formas con las que impone su agenda y en la gran intromisión del Gobernador saliente en la vida universitaria y sindical, como el hecho de que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), sin justificación y en contra de la voluntad de las bases, a fuerzas mantenga, por así convenir a los intereses y encargos de la actual Rectoría, a un Comité cuya actuación ya fue sancionada y fue revocado en su mandato por las bases.
Por otro lado, en respuesta a la realización del debate y seguramente por encargo de las autoridades (que ya usaron sus influencias para enviar al Grupo de Operaciones Especiales y querer retirar una manifestación), con la actitud marrullera y cobarde que los caracteriza, bajo el cobijo de una toma de nota y del apoyo de quienes comulgan con sus prácticas y “valores”, el Comité depuesto lanzó un comunicado para intimidar al Comité Ejecutivo General Interino, sobre una supuesta demanda penal, con la cual buscaron lograr un impacto mediático con cargo al presupuesto de los universitarios. Incongruente e irrisoriamente, concluyen el comunicado expresando estar abiertos al diálogo y a la confrontación de ideas, sin reparar en que los universitarios los han señalado por evadirse, por esconderse y no dar la cara, ni explicaciones. Como Comité Ejecutivo General Interino, se espera que la Fiscalía del Estado no se preste a ese montaje y respete la Ley, porque hay asuntos de mayor prioridad que atender, como la problemática de Tierra Caliente, que darle cause a denuncias llenas de falsedades y sin sustento.
