Administración fuera de la norma

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La administración pública sustentada en la democracia debe estar comprometida con las necesidades y las aspiraciones de la población, respetando su dignidad y sus derechos fundamentales. (Foto: especial)

Administrar es utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para lograr los mejores resultados en el desempeño de alguna tarea determinada. Inicia con una planeación partiendo de la realidad existente, en la que se definen objetivos, estrategias y acciones a seguir, considerando los contratiempos que se puedan presentar en el camino. En seguida se procede a la distribución equitativa de las tareas entre los responsables de su cumplimiento. Luego se toman las decisiones para la ejecución de las acciones, procurando siempre mantener el equilibrio entre los factores participantes, por medio del liderazgo, la motivación y la comunicación. Como última fase del proceso se tiene el seguimiento de los resultados y su medición a través de métodos confiables, para conocer si se lograron los objetivos programados.

La administración pública sustentada en la democracia debe estar comprometida con las necesidades y las aspiraciones de la población, respetando su dignidad y sus derechos fundamentales. Los recursos del pueblo deben manejarse con ética y moralidad, para proporcionar a las personas mejores condiciones de vida. La buena Administración pública es un derecho de los ciudadanos, tiene mucho que ver con la calidad humana y una adecuada preparación de las personas que dirigen los organismos públicos, Desgraciadamente muchas administraciones públicas han estado tomadas por grupos políticos dispuestos, a lo que sea para mantenerse en el poder, seguir controlando a la ciudadanía y acumulando riqueza y poder. Sin mostrar  ningún interés por el desempeño eficiente de sus funciones, así como por el conocimiento de las leyes y reglamentos que regulan y controlan el quehacer público.

Desafortunadamente esto ha venido sucediendo desde hace décadas en la administración del servicio educativo. Al parecer algunos funcionarios y directores de las escuelas, no han sabido o no han querido interpretar la normatividad establecida en: La Ley de Planeación; La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; La Ley General de la Administración Pública; La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; La Ley General de Educación; El Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública; El Estatuto Jurídico de la Secretaria de Educación Pública; El Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública; Las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Secretaria de Educación Pública; El Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Secretaria de Educación Pública; La Ley General del ISSSTE, entre otras. Por lo que han venido tomando decisiones fuera de la realidad y la racionalidad y sin preocuparse por la educación de las nuevas generaciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.        

De otra manera no se puede entender cómo las autoridades educativas han sido omisas en la puntual aplicación de la  normatividad en la prestación del servicio educativo y como han  venido cediendo funciones administrativas propias de la Secretaria de Educación Pública, a grupos sindicales, principalmente de los estados de Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, donde prácticamente han reconocido a dos corriente magisteriales como titulares del Contrato Colectivo del Trabajo, dando como resultado que miles de horas/semana/mes, previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para la impartición de la enseñanza, frente a las aulas  las  cobren personas que se encuentran comisionadas de forma irregular en actividades sindicales. Es tal la influencia de los grupos sindicales, que han logrado tomar decisiones trascendentales para la educación, como el establecimiento de calendarios escolares convencionales, la administración  de  las vacantes laborales y la movilidad del personal, empezando por la asignación de nombramientos, promociones o ascensos, permutas, cambios de adscripción, permisos, comisiones sindicales, regulación de plazas, entre otras. Nada se mueve sin el visto bueno de las corrientes sindicales, además de concederles alguna que otra prestación económica fuera del techo financiero autorizado, con las consecuencias que todos conocemos.

Al parecer a las autoridades educativas en turno, sólo les interesa colocar a sus seguidores en las plazas de confianza, llenen o no los requisitos correspondientes, así como, aprovechar la infraestructura administrativa de la Secretaría, para organizar su participación en los procesos político-electorales 2023, en el Estado de México y 2024 a nivel nacional; dejando pendiente la estrategia para disminuir el rezago educativo, mejorar la calidad de la enseñanza  y  poner orden en el Sistema Educativo Nacional.  Todo esto, sin tener que preocuparse por rendir cuentas claras a la sociedad, mucho menos a la Auditoria Superior de la Federación, que es el órgano fiscalizador de la Cuenta Pública, mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Nación. Es bien sabido, que la mayoría de los expedientes donde se registran anomalías administrativas, difícilmente llegan a las mesas de los tribunales. Al menos que exista un interés político de por medio, la situación cambia radicalmente, de lo contrario, su destino final  es formar parte del archivo muerto de la dependencia, desapareciendo para siempre cualquier muestra de ineptitud, negligencia, omisión o peculado en la administración de los bienes del pueblo.

Anualmente la Secretaria de Educación Pública, programa y recibe los recursos presupuestales para remuneraciones del personal de carácter permanente; remuneraciones al personal de carácter transitorio; remuneraciones adicionales y especiales; seguridad social; otras prestaciones sociales y económicas; previsiones y para el pago de estímulos a servidores públicos de la educación. Solo que al parecer no son suficientes para cubrir las necesidades de la Secretaría de Educación Pública, previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, según las manifestaciones públicas de miles de docentes, reclamando pagos pendientes correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, en algunos casos desde 2018. Pero, por otro lado nada se sabe el destino final de los recursos que no son ejercidos y que fueron autorizados para  contratación de personal obrero a lista de raya; nombramientos interinos, por tiempo fijo o por obra determinada; vacantes definitivas o temporales no sustituidas ya sea que ocurran por muerte, renuncia, abandono de empleo, y en general, por cese del trabajador; plazas no promocionadas; movimientos de  escalafón no realizados; plazas de nueva creación que no se ocuparon; trabajo extraordinario no pagado; tiempo extra no pagado; parte proporcional de los salarios íntegros no pagada durante el período final de vacaciones y vacaciones no pagadas; licencias sin goce de sueldo; pagos parciales a quienes tienen licencia con goce de sueldo , según las condiciones de la licencia: por enfermedad no profesional, enfermedad profesional o por cualquier otro motivo; permisos para ocupar otros cargos en la SEP; suspensión de los efectos del nombramiento; abandono de empleo; faltas laborales; la puntualidad y asistencia no pagadas; días económicos no pagados;  faltas injustificadas; días de suspensiones  laborales y por renuncia, entre otros conceptos no pagados en un año fiscal y que pueden sumar importantes “ahorros” los cuales no son regresados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pueden ser suficientes para pagar todos los pendientes que reclaman los docentes que toman calles, plazas y que hasta llegan a paralizar la economía regional con el bloqueo de  vías de comunicación. Al final, nadie sabe, nadie supo, dónde quedan todos esos recursos presupuestales y que en los reportes a la Auditoria Superior de la Federación, aparecen como ejercidos en su totalidad. Si no se demuestra lo contrario, podemos entender que la Ética y la Moral, no han traspasado los muros del Palacio Nacional y las larvas de la corrupción siguen desarrollándose por todos los espacios de Las Administraciones Públicas. Por lo que la transformación de la vida nacional, tendrá que esperar a que se forjen políticos que quieran vivir en la medianía y dispuestos a servir a sus semejantes. Lo demás, es simulación y seguir tranzando al pueblo bueno.