En innumerables ocasiones hemos insistido en que es imposible pretender orientar el desarrollo de una ciudad, a través de acciones sectoriales o parciales, mucho menos, si éstas surgen de problemáticas puntuales o específicas, y no del análisis de la ciudad de forma integral. La aprobación por parte del H. Cabildo de Morelia para el incremento, de un 10% a la tarifa del agua potable, me parece un caso que ejemplifica esta vieja práctica de actuación parcial y sin conocimiento pleno del fenómeno urbano. Según se leyó en la prensa, los argumentos en los que el H. Cabildo sustenta el incremento de la tarifa son varios y de muy diversa índole, que conviene analizar detenidamente:
El principal parece ser el hecho de que, desde el 2015 no se ha realizado actualización a las tarifas de los servicios que otorga el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento (OOAPAS), lo que ha generado una pérdida real de la capacidad de operación del Organismo Operador, equivalente al 32.66%, en términos del proceso inflacionario del mes de enero del año 2015. Convendría distinguir con toda claridad hasta qué punto las tarifas impactan en la “pérdida real de la capacidad de operación del OOAPAS”. De inicio, se antoja que en esta afirmación no se contempla el impacto que han tenido las prestaciones a los trabajadores del organismo, que de todos es sabido que gozan de una situación laboral privilegiada.
Un segundo argumento es que la no autorización del aumento a las tarifas, pone en grave riesgo la continuidad en la prestación de los servicios a su cargo, lo que representa un potencial riesgo a la salud y la vida de la ciudadanía usuaria del servicio. Bajo este marco, es menester que el H. Cabildo, no solo autorice el incremento de la tarifa, sino que solicite al Organismo Operador que presente el plan de obras y mantenimiento, que se pretende realizar con el monto resultante del incremento de tarifas propuesto, toda vez, que se afirma que la desactualización de la tarifa ha provocado un bajo mantenimiento de la infraestructura hidráulica, lo cual provoca fugas.
Además, se debe solicitar que se presente un plan de acción para atender a las decenas de colonias que no disponen del servicio de agua potable, o que lo reciben parcialmente de acuerdo con el llamado sistema de “tandeo”, donde sólo unos días en específico y en horarios restringidos se les suministra el vital líquido; situación que obliga a un sistema de almacenamiento permanente que, casi siempre deriva en problemas de salud para los habitantes de dichas colonias.
Se nos informó que, el costo de producción por cada metro cúbico de agua potable entregada a los usuarios, es en promedio de $18.34 (Dieciocho pesos 34/100 m.n.), y que la tarifa promedio del uso doméstico, que representa la mayoría de los usuarios, es de solamente $11.62 (once pesos 62/100 m.n.). En este sentido, hay que recordar que el precio que los usuarios pagamos por el agua, de manera general está determinado por cuatro elementos fundamentales: 1) el costo de traslado desde la fuente de abastecimiento (acuífero) hasta donde se encuentra el usuario, 2) la demanda total de agua (comerciales y domésticas, pues cambia significativamente el volumen, energía, infraestructura, mantenimiento, servicios administrativos, etc.), 3) el tratamiento para potabilizarla y 4) el tratamiento del agua residual proveniente del alcantarillado sanitario.
Como se observa, no se establece como criterio, el asunto de la expansión urbana que, en Morelia, como en muchas ciudades del país, existe un modelo de dispersión basado en la especulación del suelo. Es por demás evidente que promotores privados, buscan el suelo más barato, no importando que se edifiquen conjuntos habitacionales cada vez más alejados del área urbana. Sin lugar a dudas que, dicha expansión urbana encarece la prestación de los servicios urbanos, como es el caso del agua potable.
Tan solo en el caso de Morelia, de acuerdo con el IMPLAN, el 10.83% del área urbana se compone de predios baldíos, en más de 32,556 predios en esta condición se concentra una superficie total estimada de 4,323 hectáreas. Considerar que muchos de estos predios se encuentran en zonas urbanizadas, es decir, con infraestructura para distribución de agua potable y captación del drenaje, permite imaginar lo costoso que representa instalar dicha infraestructura sin que se use y, por lo tanto, sin que se cobre por ella.
Es preciso combatir la especulación inmobiliaria que se realiza a través de baldíos, pues la plusvalía que concentran, tiene un alto costo para el funcionamiento de la ciudad, que terminan absorbiendo todos los habitantes, pues el gobierno municipal solo traslada dicho costo a través de múltiples impuestos y tarifas, tal como ahora se pretende hacer con el servicio de agua potable.
Es preciso considerar el impacto diferencial que tienen los impuestos o las diversas tarifas, para afectar lo menos posible a las clases económicamente menos favorecidas. En este marco, se considera que deben evaluarse algunas alternativas que permitan hacer frente a la crisis económica que representa la dispersión urbana, y no simplemente, trasladar su costo a los habitantes de la ciudad.
De forma similar al pago por concepto del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que realizan los propietarios de predios baldíos ubicados en calles donde existe alumbrado público, debería instrumentarse la obligación de un pago por concepto de infraestructura instalada no usada, para compensar el costo que representa “pasar por el frente del predio” para prestar el servicio a otros vecinos. Un criterio del cobro podría ser con base en los metros de frente a vialidades que cuenten con infraestructura. Si se argumenta que dicho “costo” ya se cubre con el pago del impuesto predial, el H. Cabildo debería destinar un porcentaje de lo recaudado por el predial, para el mantenimiento e infraestructura del organismo operador de agua potable.
El caso del agua potable ilustra con claridad la imperiosa necesidad de modificar los criterios del cobro catastral, pues actualmente se cobra en función de los metros cuadrados de construcción, así como su calidad en materiales, dejando a los predios baldíos con el menor pago, a pesar de que su impacto en el costo del funcionamiento de la ciudad es significativo, pues de una u otra manera, los habitantes de una vivienda pagan todos los servicios municipales, en función de los niveles de consumo, es decir, mayores tarifas en viviendas más grandes.
Así las cosas, se considera que, a los predios baldíos en zonas urbanizadas, debería de incrementarse el pago del impuesto predial, pues su permanencia encarece significativamente la prestación de servicios básicos, como: agua potable, drenaje, transporte, recolección de residuos sólidos e inclusiva de vigilancia y protección civil.
Como se observa, el incremento en la tarifa del agua potable constituye una alternativa simple a corto plazo a un problema que es mucho más complejo y que se trata del modelo de ciudad que se desea en el futuro. Ojalá que el H. Cabildo muestre el interés de abordar con profundidad y amplitud aspectos como el citado, para encontrar estrategias que ayuden a generar una mejor ciudad, equitativa e incluyente, pero, sobre todo, donde vivir en ella no represente un excesivo costo para sus habitantes, pues al final del día, el costo de la dispersión urbana que ahora se pretende que paguemos todos, es producto de las autorizaciones que en su momento otorgaron las autoridades municipales en turno.
