Morelia, Mich.- Bajo un panorama de crímenes contra periodistas en México, la Secretaría de Gobernación señala que actualmente hay 495 periodistas incorporados al programa Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La dependencia reconoce que existe un 90 por ciento de impunidad en los casos de comunicadores que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.
Ante los asesinatos recientes de los periodistas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, ocurridos en dos semanas, la situación en México se presenta turbia, pues México cuenta con altas cifras de asesinatos y desapariciones a periodistas y por lo cual se han realizado protestas en varias entidades del país. Sin embargo, de los tres periodistas asesinados en las últimas semanas formaba parte del Mecanismo de Protección, según informan diversos medios.
Enrique Irazoque Palazuelos, titular del mecanismo de protección instrumentado por la Segob, menciona en un comunicado que hoy en día están registrados mil 508 beneficiarios, de los cuales 495 son periodistas, que incluyen a 155 mujeres y 360 hombres, y mil 023 defensores de derechos humanos, con 551 mujeres y 472 hombres.
Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz son las entidades que concentran a la mayoría de los beneficiarios del Mecanismo de Protección.
Asimismo se han registrado 52 asesinatos contra periodistas desde 2018 hasta el año en curso, de los cuales siete periodistas estaban incorporados al programa de protección, menciona el comunicado de la Segob.
Así se registró que más de la mitad de las agresiones, indicó Irazoque Palazuelos, provinieron por parte del crimen organizado y el resto de las agresiones fueron de autoridades locales y municipales. El funcionario reconoció que la impunidad en los casos alcanza hasta un 90 por ciento.
Cabe destacar que en este año aumentó el presupuesto para el mecanismo de protección a 388 millones, cifra más alta registrada en la historia del programa y se busca una Modificación a la Ley General de Víctimas por parte de la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.
