Una de las prácticas de los gobiernos autoritarios y los grupos hegemónicos para imponer su discurso y agendas atropellando los derechos humanos, es la criminalización de la protesta. Desde el estudio de esta práctica en las Ciencias Sociales y el Derecho se ha identificado que, con la criminalización de la protesta se busca encuadrar los marcos jurídicos y las acciones judiciales para desacreditar, desvirtuar, deslegitimizar y criminalizar los movimientos y acciones de los activistas que defienden los derechos humanos (incluyendo los derechos laborales y de seguridad social), a través de las protestas, las movilizaciones, las acciones judiciales y de otra naturaleza.
Una forma de ejecutar la criminalización de la protesta es señalar que se violentan otros derechos, como sucedió cuando se determinó la aberración jurídica denominada “huelga de puertas abiertas” en 2016, contraponiendo el derecho de huelga con el derecho a la educación o invocar el derecho al libre tránsito cuando para protestar se determina llevar a cabo el corte de la circulación vehicular en un segmento de cierta vialidad, ante lo cual, se intentó justificar desde la rectoría una movilización de los grupos de operaciones especiales para desalojar a los agremiados al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, quienes protestaban en la Avenida Francisco J. Múgica el 10 de junio del año pasado.
Otras acciones que despliegan quienes sistemáticamente violentan los derechos humanos para desalentar la protesta e intimidar a los adversarios, es promover una imagen de irracionalidad de quienes demandan el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los seres humanos, pues poner en entredicho su reputación y tacharlos de “revoltosos”, “conflictivos”, “poco diplomáticos” o señalar “que se debe o puede evitar la confrontación”, ante la violación sistemática de los derechos humanos y la implantación de la cultura de la ilegalidad y la inmoralidad, tiene como objetivo que se desvíe la atención de lo grave de la situación y normaliza la inmoralidad y la impunidad en las instituciones.
Se debe recordar y remarcar que quienes actúan al margen de la legalidad, son aquellos que aprobaron una reforma a las jubilaciones y pensiones sin ponerla a consideración del 100 por ciento de las bases, quienes han hecho revisiones contractuales a espaldas del Consejo General y las bases, quienes han violentado sistemáticamente el estatuto del SPUM, suplantado a los órganos de decisión y gobierno superiores y quienes han permitido que no haya reembolso de las cuotas sindicales, aportaciones voluntarias, pago discrecional de prestaciones, mal manejo de la caja de ahorro y haya un manejo poco transparente de las finanzas sindicales en general son, tanto el Comité Ejecutivo General revocado, como la Rectoría y los funcionarios involucrados, es decir, quienes actúan como criminales y manchando la esencia institucional son ellos.
Las agresiones de la Rectoría, del Comité Ejecutivo General depuesto y los grupos afines a estos, en contra de quienes han señalado la implantación de una cultura de la ilegalidad, la inmoralidad, la corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (que denigra la imagen y esencia de los universitarios) no han cesado, desde llamar a los grupos de operaciones especiales por parte de la rectoría para levantar el plantón el pasado 10 de junio, hasta el levantamiento de una demanda en la Fiscalía General del Estado en contra de la Secretaria General Interina del Comité Ejecutivo General Interino previo a las vacaciones de verano de 2021, el levantamiento de actas en contra de los profesores que cerraban la avenida, mismas que no prosperaron, pero que generaron angustia a los afectados.
El hostigamiento laboral y la censura por parte de quien es el representante legal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en contra de quienes legítimamente representan al gremio académico, ha escalado al nivel de rescindir de manera injustificada y prefabricada, vía fastrack, el contrato al secretario de Organización del Comité Ejecutivo General Interino, el pasado 24 de enero, ante una supuesta denuncia hecha por un estudiante que fue inscrito en la Facultad de Químico Farmacobiología fuera del periodo estipulado y que además era repetidor.
En tanto, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo General Interino se ha dado a la tarea de atender por las vías e instancias correspondientes la supuesta rescisión en los ámbitos laborales y penales, es innegable que esta inhumana práctica que denota la falta la observación de los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, y que se lleva a cabo sin el debido proceso (pues no se siguió el proceso que marca en la cláusula 108 del Contrato Colectivo de Trabajo) se ha vuelto recurrente en la UMSNH y no sólo implica un daño psicológico, de salud, financiero y patrimonial para los afectados directos y sus familias, como ya se ha hecho notar en contribuciones anteriores, sino que denota una mala administración de la institución, pues se dedica tiempo y recursos institucionales para sus vendettas políticas.
