Ciudad de México.- El 80% de las víctimas directas e indirectas del desplome en la Línea 12 del Metro capitalino ya ha aceptado el acuerdo de reparación del daño con la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), afirmó este miércoles la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FJCDMX), Ernestina Godoy.
“(Los responsables) se han ofrecido a atender los daños causados a las víctimas, así como la disposición de la mayoría de las personas afectadas por aceptar el acuerdo, que con voluntad de todas las partes abrevió la resolución de un juicio largo y desgastante que finalmente desembocaría en ordenar la reparación del daño”, dijo Godoy en un mensaje a medios de comunicación.
Según Expansión, la fiscal hizo un llamado para aquellas víctimas que hasta ahora han decidido no firmar el acuerdo, ofrecido por la empresa propiedad del empresario Carlos Slim, se acerquen a la fiscalía capitalina.
“Los invitamos a que se acerquen a la fiscalía y con ello mediar la posibilidad de alcanzar la totalidad de los acuerdos”, señaló Godoy.
La funcionaria sostuvo que el contenido de los acuerdos no puede ser revelado “por ministerio de ley”.
Sin embargo, de acuerdo con un reporte reciente del diario El País, se ofrecieron entre 400,000 y 6 millones de pesos a las víctimas, según su afectación, a cambio de aceptar que Carso no es responsable ni causó el desplome del tramo de la Línea 12 que colapsó el 3 de mayo. A raíz de estos hechos, murieron 26 personas y decenas más sufrieron heridas.
“Dichos acuerdos son históricos y sin precedentes dada la temporalidad, alcances y sensibilidad para las partes”, afirmó la fiscal este miércoles.
“No existen antecedentes, tanto a nivel nacional como internacional, que en un evento de esta magnitud haya habido la intención de las partes en tan poco tiempo para atender integralmente a las víctimas y a sus familiares para que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana”, añadió.
Los acuerdos serán presentados en una próxima audiencia fijada por un juez de control, quien determinará si se extingue o no la acción penal contra la empresa que construyó el tramo siniestrado.
