A cuatro meses de que fenezca la administración del silvanista Raúl Cárdenas Navarro en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los trabajadores universitarios se preguntan si ese tiempo será suficiente para que con el “eficiente programa de racionalidad, transparencia y disciplina en el gasto corriente“ (que para algunos otros no es más que la ya conocida “licuadora de cuello blanco”), se alcanzarán a cubrir los adeudos de la mencionada administración con el personal universitario.
En días pasados, se supo que Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), titular del Contrato Colectivo de Trabajo, firmó los acuerdos que ponen fin a las revisiones salarial y contractual de 2022; en las redes algunos trabajadores agradecían al rector y a las autoridades, mientras que otros señalaban que no tenían nada que agradecer, puesto que por motivos políticos se han estado condicionando el incremento de su salario y pago de prestaciones. Lo cierto es que el incremento se encuentra circunscrito a la política salarial definida por el Gobierno Federal para el ejercicio 2022 para la UMSNH, así es que hasta hubiera sido perjudicial que no se hubiera aplicado. Por su parte, el líder del SUEUM, Eduardo Tena Flores ha estado denunciando que aún se adeudan 120 millones de pesos a los trabajadores por concepto de la “ayuda sindical”, así como el pago de las prestaciones a los compañeros jubilados y a los deudos de los compañeros fallecidos.
Por parte del SPUM, de acuerdo con información de los profesores se sabe que no se han pagado las promociones 2018, que se harían efectivas en la segunda quincena de junio, conforme al comunicado del Comité revocado de fecha 17 de mayo, por lo que es probable que tampoco se cubran en las demás fechas previstas, ni las de 2019, 2020 y 2021. También continúa el adeudo de los apoyos a los beneficiarios de los compañeros fallecidos, que se estima son ya más de 70 y que consiste en un seguro de vida; la prima de antigüedad 45 días de salario mínimo por cada año laborado, el pago de marcha conforme a la antigüedad del profesor, ni siquiera la cooperación voluntaria que se ha estado descontando vía nómina quincenalmente. Además, desde el VIII Congreso General de Representantes Extraordinario, realizado el 29 y 30 de agosto de 2019, ya se reportaba un retraso en las prestaciones por jubilación, 49 jubilados en ese entonces y luego 64, por las solicitudes aprobadas en la sesión de Consejo Universitario del 13 de agosto de 2021; estas prestaciones consisten en el fondo de retiro, la prima de antigüedad que marca la Ley Federal del Trabajo de 12 días de salario por año trabajado y la gratificación por antigüedad. Los compañeros jubilados siguen reportando que no se les han cubierto estas prestaciones en más de tres años.
Por otro lado, los agremiados continúan en la indefensión y objeto de la aplicación discrecional del convenio colateral para la regularización de materias, que en la mayoría de los casos no ha cumplido con el objetivo de beneficiar a los compañeros a los que se les haría justicia; ya fuera porque tenían pocas materias definitivas o por ser interinos con 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad. Se debe propiciar que ahora sean beneficiados quienes no salieron favorecidos, pues la demanda de estabilidad y la precariedad laborales, hacen preciso que se cumpla el convenio de manera ordenada y eficiente para la institución, pues el desorden y opacidad en la contratación es un grave problema que propician las autoridades universitarias y las cúpulas institucionales y sindicales. Es importante exigirles a las autoridades de paso que antes de irse se responsabilicen de su manejo del presupuesto y liquiden sus adeudos pendientes con los trabajadores.
Por supuesto, mención aparte merecen los despidos injustificados, sin el debido proceso y sin observar los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, los cuales han originado la carga de recursos materiales, financieros y tiempo del departamento jurídico y originarán la erogación de los recursos públicos que la UMSNH recibe del pueblo y que deberían estar destinados a los fines institucionales y no a complacer caprichos de las incompetentes autoridades de paso.
Aunado a lo anterior, el pasado 23 de agosto, el rector Raúl Cárdenas Navarro sentenció que los recursos asignados por el estado para 2022 podrían agotarse en octubre o noviembre, y que se requerirán menos de los 650 millones de pesos que se dieron en 2021 y que una vez más se harán necesarios recursos extraordinarios, que ya se están gestionando con la federación y el estado. Desde la perspectiva laboral, esta declaración es el preámbulo para asestar otro convenio con anexos de ejecución en perjuicio de los trabajadores, orillándolos a dejar “voluntariamente” las conquistas sindicales y que en este último año de la administración de Cárdenas Navarro puede representar una nueva, ilegal y grave imposición.
Por ello, los trabajadores universitarios se cuestionan cuál ha sido el beneficio de la imposición de la Reforma del sistema de Jubilaciones y Pensiones, pues cada año siguen firmándose convenios marco que obligan a los agremiados a realizar acciones que no han sido puestas a consideración de las bases, por medio de un representante legal autoritario y un Comité sindical revocado e impuesto que sólo obedece a los propósitos de la patronal en detrimento de los trabajadores. Es por tanto, imperativo que se insista en la denuncia de las anomalías consentidas por el gobierno del Estado e impulsadas desde la Subsecretaría de Educación Superior, quienes han convergido en violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales, al no poner a consideración de los afectados las propuestas y no darles siquiera un espacio para la concertación, asimismo, no se debe olvidar la opacidad en la propuesta de nacionalización de la UMSNH y por esto también es imperativo lograr el cambio en la dirigencia sindical.
