Son muchas y variadas las causas que desde hace décadas han venido limitando el proceso educativo nacional, agudizándose posiblemente cuando el Estado, dejó de entender a la educación como la modificación de una mejora continua y el crecimiento de la persona como ser humano y se empezaron a utilizar las instituciones educativas como medios para cumplir compromisos políticos contraídos durante el recorrido para llegar al poder. Relegando su obligación constitucional de proporcionar educación gratuita con equidad y excelencia, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para alcanzar el bienestar económico y social de toda la población.
Por principio de cuentas, la mayoría de los jefes del Ejecutivo Federal, al hacer uso de una de sus facultades constitucionales, para nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, al parecer, se han equivocado o se han visto obligados a pagar compromisos políticos, al nombrar como Secretarios de Educación Pública, a personas no aptas para ese encargo administrativo por su falta de preparación y experiencia, de acuerdo a las nuevas necesidades de una economía cada vez más globalizada y a los imprevistos a los que periódicamente nos somete la naturaleza, limitando el desarrollo integral de millones de mexicanos.
En segundo lugar, podemos ubicar, a quienes aceptan el encargo de Secretario de Educación Pública, a sabiendas de que no tienen la preparación académica reconocida ni cuentan con la suficiente experiencia docentes, para planear, organizar, desarrollar y evaluar el proceso educativo nacional. O bien, aquellos con mucha capacidad académica y entendimiento, pero faltos de voluntad, para cumplir su responsabilidad social, a la que se comprometieron.
Pero, lo sucedido en la presente administración llamada de la Cuarta Transformación de la Vida Nacional, no tiene precedente en materia educativa. Al principio de la misma, se nombró como Secretario, a quien, hacia cuatro sexenios, había fracasado en su intento por establecer políticas públicas educativas, que hicieran posible mejorar la calidad de la enseñanza y vincular la educación superior con el sector productivo, para que las universidades no sigan siendo fábricas de profesionistas desempleados, frustrados y resentidos con la sociedad. Al no dar los resultados esperados, el Presidente, consciente que se había equivocado, le encomendó atender otro tipo de asuntos, donde hiciera menos daño a la sociedad.
Pero desgraciadamente, las cosas fueron de mal en peor en materia educativa, al nombrar titular de Educación Pública, a una persona sin los conocimientos académicos requeridos ni la experiencia necesaria, para desempeñar el encargo, además, acusada de actos de corrupción debidamente comprobados, cuando se desempeñó como presidenta municipal de Texcoco, Estado de México. Quien, supuestamente llegaba a la Secretaría, a implementar una estrategia para el regreso a clases presenciales, sin poner en riesgo la salud de los alumnos, docentes y de más trabajadores de la educación y evitar mayores rezagos en los aprendizajes.
A parte, de que no hubo tal planeación para el regreso a clases presenciales, las digitales o a distancia, se prolongaron de manera irracional, como en ningún otro país, dejando como saldo un retraso en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de familias pobres y miserables, equivalente a dos ciclos escolares, así como la mayor deserción escolar y rezago educativo en la historia de México. Siendo coherentes con la realidad, los aprendizajes deberían reiniciarse a partir del avance alcanzado hasta marzo de 2020, para atender los mencionados rezagos educativos y dejar de gastar recursos presupuestales en ocurrencias. Sólo falta que propongan poner de cabeza a los alumnos para lograr un mejor aprendizaje.
Durante el tiempo de pandemia y por supuesto de clases a distancia, en la Secretaria de Educación Pública, se dedicaron programar una serie de ocurrencias, prevista desde tiempos electorales, que les han llamado “La Nueva Escuela Mexicana”, que no es otra cosa, más que una estrategia para entretener a padres de familia, alumnos y docentes, el tiempo que falta por terminar el presente sexenio, pero que en nada, nadita de nada, va a mejorar la calidad de la enseñanza, recuperar el tiempo perdido, disminuir la deserción escolar y el rezago educativo, y que además, se utilizara como plataforma política, así como para justificar tiempo y recursos presupuestales, es más si Marcelo, fuera el elegido, mandaría archivar tantas ocurrencias.
Por si eso fuera poco, la otra nueva Secretaria, también maestra de profesión, tampoco tiene los conocimientos académicos ni la experiencia profesional necesaria para administrar el servicio educativo nacional, le han dejado el paquete de cubrir irregularidades administrativas y desarrollar todo el conjunto de ocurrencias que programó su antecesora. Tarea no fácil de cumplir, ya que se dice que su mayor experiencia magisterial, la tuvo en la actividad sindical, donde se aprende cómo organizar manifestaciones, bloquear calles, vías de comunicación, pintarrajear monumentos históricos y oficinas de gobierno, así como insultar a los transeúntes que encuentre a su paso en su caminar solicitando pagos pendientes y mejoras salariales.
Otra referencia laboral, es su experiencia para recibir y distribuir peticiones ciudadanas escritas o verbales, con la intención que el interesado piense que su petición fue atendida con la prontitud deseada, cuando en realidad el 99 % de las mismas, no tienen ninguna respuesta positiva, por lo que es muy probable que pronto llegara todo un equipo de bateo a la Secretaría de Educación Pública, para darle respuesta a los pendientes. Mientras tanto, la nueva Secretaria, estará coordinando la implementación del “Nuevo Modelo Educativo”, que no es nuevo ni modelo, mucho menos educativo, pero que justificara tiempo y utilización de recursos presupuestales, mientras tanto, el proceso educativo del pueblo, seguirá en la caja de bateo.
Otra limitante educativa, es el nombramiento de personas que nada tienen que hacer al frente de una institución educativa, por no contar con el perfil profesional indicado, pero que, al no haber ningún otro espacio de acuerdo con su experiencia profesional o política, los gobernantes en turno, los ubican en cualquier unidad educativa, sin importarle lo que pueda suceder con el proceso educativo de los alumnos. Como respuesta a esas incongruencias, frecuentemente nos damos cuenta, de suspensiones de clases o manifestaciones públicas, en reclamo a sus derechos laborales.
Otra causa que limita la educación es la contratación de docentes, que no tienen la preparación académica ni las habilidades que se requieren para poder participar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que son recomendados, por funcionarios públicos, políticos de todos los niveles o a veces se trata de familiares de quienes participan en algún grupo sindical. Al final de cuentas, aprendan a dar clases o no, pasando seis meses después de su contratación, tendrán trabajo asegurado de por vida. Por eso es, en muchas escuelas, varios familiares forman parte de su plantilla de personal, ante la complacencia de las autoridades educativas.
La limitante más absurda que he conocido en mi vida, es la que se genera con la utilización de miles horas/semana/mes, destinada para atender grupos académicos, pero, que se pagan a personas que desde hace más de diez o quince años, están comisionada a un grupo sindical legal o ilegalmente establecido, para defender los derechos laborales de sus compañeros, los que sí, a diario arrastran el gis y el borrador frente a un grupo académico. Grupos sindicales que han ido asumiendo funciones administrativas que solo competen a las autoridades educativas.
Otra no menos importante es la confabulación de algunas asociaciones de padres de familia con autoridades educativas, para establecer abusivas “cuotas voluntarias” y “fichas” para tener derecho a presentar examen de admisión, cuando los alumnos aspiran a inscribirse a primer grado de secundaria, normal o de educación media superior.
Es de justicia recordar algunos verdaderos secretarios de educación pública como lo fueron: Lic. Justo Sierra Méndez (1848-1912), Lic. José Vasconcelos Calderón (1882-1959), Lic. Ezequiel Mario Alberto Padilla Peñaloza (1890-1971, Lic. Narciso Bassols García (1897-1959), Lic. Jaime Mario Torres Bodet (1902-1974) y Lic. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.
