Morelia, Mich.- Habitantes de Tangancícuaro y las inmediaciones del Lago de Camécuaro, se oponen a un proyecto turístico que busca imponer el Ayuntamiento local aún a costa de reprimir manifestaciones de inconformidad, además de que pone en riesgo la estabilidad y sustentabilidad de los recursos naturales en este cuerpo de agua.
La autoridad local, que encabeza David Melgoza Montañez, de extracción morenista, ha iniciado con la remoción de árboles y el retiro de vendedores ambulantes, para derruir locales e imponer un proyecto que se desconoce, pero que cuenta con el aval de las autoridades de Turismo estatal.
El pasado 13 de julio, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, calificó el proyecto como “una transformación total” al que se aplicarán 25 millones de pesos.
Camécuaro se encuentra considerada zona federal protegida, y por lo tanto la gestión y cuidado del Parque Nacional de Camécuaro corresponde a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Sin embargo, en el periodo de la actual gestión municipal, 2021-2024, estableció con el ayuntamiento un convenio para que fuera éste quien se hiciera cargo del cuidado y resguardo del recurso, para lo cual debe contar con un programa de manejo autorizado por las instancias ambientales y que para los críticos del proyecto también es desconocido. “La CONANP le entregó un cheque en blanco al Ayuntamiento”, sostienen, al demandar la intervención de esta instancia y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Muestran su desacuerdo con la versión de la autoridad municipal, acerca de que dicho convenio sólo se refiere al cuerpo de agua estrictamente. A su juicio y bajo la asesoría con especialistas, el convenio incluiría un concepto más amplio, tanto en extensión territorial como en contemplar necesariamente las zonas de recarga del acuífero, lo que plantea el resguardo integral de todo un ecosistema en derredor del Lago.
El actual alcalde busca imponer a la sombra de ese convenio un andador turístico, para lo cual ha derribado varias especies de árboles, además de haber desalojado con violencia a los comerciantes ambulantes del lugar, acciones que generaron que el pasado 8 de septiembre se manifestara un grupo de 20 ciudadanos con cartulinas exigiéndole transparencia, los que fueron agredidos por elementos estatales y de la Guardia Nacional para disolver el plantón a la entrada del Parque, con el uso de gases lacrimógenos y garrotazos.
Según los voceros ciudadanos -quienes no se identifican por razones de seguridad-, la acción debió partir de alguna autoridad, y son hechos que debieran investigarse, dado que demuestra la falta de tolerancia de los funcionarios públicos al no responder a sus exigencias de conocer tanto el plan de manejo del Lago como el proyecto que buscan establecer con la ampliación del área –“sólo se habla de permisos autorizados”, tanto por la SEMARNAT o la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno estatal-, aunque con ello invaden parte importante del vaso mayor del acuífero, en el que destacan que sí se han derribado fresnos, sauces y ahuehuetes.
Señalan que incluso se planteó en su momento un proyecto alternativo de manejo, elaborado por profesionistas especializados del lugar, pero no fue tomado en cuenta. Ante los derribos de árboles que realizó la alcaldía y entre versiones de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ya detuvo el programa , refieren que no es válido el pretexto oficial de que eran especies invasivas y que serán sustituidas, proyecto al que afirman que no se oponen, pero el reemplazo deberá ser gradual y con una periodicidad más amplia dado que en un 80 por ciento, la flora predominante es inducida, es decir no es natural de la zona.
Lo que han escuchado a medias es que el proyecto de la alcaldía es crear un “centro comercial o gastronómico”, que de entrada consideran innecesario dado que no corresponde a la afluencia natural de visitantes al lugar, además de que la infraestructura de que se habla y para lo cual iniciaron los trabajos, no sólo rompe con la imagen natural del embalse, sino que son dimensiones exageradas, de seis metros de ancho por 50 de largo.
Este lunes, una comisión ciudadana se entrevistará con miembros del Consejo Estatal de Ecología, con la intención de que se revise la situación en el lugar, más si los costos de imponer un proyecto impliquen atropellar los derechos ciudadanos a exigir transparencia a sus autoridades, además de poner bajo riesgo ecológico al Lago de Camécuaro.
Entrevistado sobre el tema, el procurador ambiental del estado, Arturo Chávez Carmona, señaló que al ser una zona de protección federal, en Camécuaro poco puede hacer la Procuraduría Ambiental de Michoacán (Proam). Si acaso, refirió en entrevista telefónica, sería emitir una observación sobre las obras que se plantean en el lugar, que “estén apegadas al plan de manejo que tiene a su cargo el Ayuntamiento”.
“Nos vamos a lo grande”
En un comunicado de la Secretaría de Turismo estatal, su titular Roberto Monroy García calificó el proyecto en Camécuaro como de “una transformación total”.
En un comunicado que se puede ver en la página web de la dependencia, el funcionario señaló el 13 de julio que, “nos vamos a lo grande porque vamos por un cambio real, para fortalecer la infraestructura con una estética conceptual: acabados que se basen en la riqueza cultural de la región”.
De acuerdo a la información, el proyecto plantea “la instalación de equipamiento con nuevas tecnologías para las taquillas, mejoras generales en el acceso a visitantes, área administrativa, explanadas, áreas de locatarios y comensales, instalación de kiosko de información y trampas atrapa-grasa para evitar depósitos en el manto acuífero”, para lo cual se contarían con 25 millones de pesos de financiamiento.
La dependencia informa que con este proyecto, “se dará seguimiento al compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de instalar en el lugar un Museo del Agua.”
