Morelia, Mich.- En el octavo aniversario de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la pregunta sigue siendo: ¿dónde están?
Las marchas que hoy se suceden en el país y en la propia capital del estado, cuestionan y acompañan la demanda principal de los familiares de los normalistas, aparición con vida y castigo a los culpables.
La reciente detención de quien se considera el autor de la “verdad histórica” del régimen de Enrique Peña Nieto, el pasado 19 de agosto bajo los cargos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa, mantiene sin embargo a un lado la demanda de los familiares y organizaciones sociales, de que se investigue al Ejército Mexicano como posible participante en los hechos.
El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador de la República en el gobierno peñista, señaló como “verdad histórica”, que los 43 normalistas habían sido privados de su libertad para ser llevados al basurero de Cocula, donde habrían sido asesinados y sus cuerpos calcinados. “Esa rueda de prensa la remataría, todavía, con su famoso ´ya me cansé´, frase con la cual respondió a las presiones de la prensa sobre su ´verdad´”, señala Obed Rosas en el portal informativo Sinembargo, el pasado 20 de agosto.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el arresto se ejecutó luego que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, le concedió una orden de arresto contra Murillo Karam, quien fue detenido afuera de su domicilio en la Ciudad de México.
La historia
El 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes normalistas fueron retenidos por elementos policiacos. Ocho años después, no se sabe nada de ellos.
La llamada “verdad histórica” esgrimida por el régimen de Enrique Peña Nieto, afirma que los 43 estudiantes fueron secuestrados por policías en la ciudad de Iguala, 220 kilómetros al sur de la capital, Guerrero, y que éstos los entregaron a narcotraficantes que a su vez los asesinaron e incineraron en el basurero municipal a cielo abierto en Cocula.
En la otra historia, Ciriaco Vázquez Flores, padre de Abelardo Vázquez, uno de los normalistas desaparecidos, luego de retener autobuses en Chilpancingo que los llevaran a la capital del país para celebrar un año más del 2 de octubre de 1968, los normalistas fueron repelidos aquel 26 de septiembre por la Policía Federal y decidieron trasladarse a Iguala para seguir apoderándose de autotransportes, de los que mantuvieron tres en su poder en una caseta de la autopista. El chofer de una de las unidades -narró hace seis años en Morelia Vázquez Flores-, les pidió que se trasladaran a la central de autobuses, ya que venía con pasajeros y los quiso dejar en la terminal, a lo que accedieron los jóvenes.
Ahí, señaló, en la terminal de autobuses el chofer de la unidad retenida los encerró con llave y los estudiantes pidieron el apoyo del resto de sus compañeros que se quedaron en una caseta “boteando”.
La versión de la “verdad histórica” fue cuestionada de entrada por los familiares, quienes lograron la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), integrado por peritos argentinos, mismo que echó por tierra la versión oficial de la incineración en Cocula, el 9 de febrero del 2016.
La versión de la 4T
“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón (quien está en Israel en espera de ser extraditado a México por su actuar en el caso), quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”, señala el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
La desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”, indica el informe, quien argumenta que no hay “indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Desde marzo pasado, de acuerdo con la investigación de Obed Rosas, “el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exhibió en su Tercer Informe sobre el caso cómo peritos de la PGR, acompañados por elementos de la Marina y la Policía Federal, manipularon el basurero de Cocula en presencia de Murillo Karam y de Tomás Zerón, la madrugada del 27 de octubre de 2014, once días antes de la conferencia en la que el Procurador dijera que en ese lugar habían sido ejecutados y calcinados los estudiantes.
“En esa ocasión el Grupo de Expertos difundió una grabación inédita en la que se aprecian al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que manipularon el basurero de Cocula, y en la que aparece el exprocurador Murilló Karam, quien arribó al lugar de las diligencias horas después de la alteración de la escena”, indica la publicación en Sinembargo.
Como saldos de la acción oficial, queda la exclusión del Ejército Mexicano, no obstante que el Informe de la Comisión de la Verdad lo implica en los hechos.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una disculpa a los padres de familia de los 43, quienes le pidieron la verdad de los hechos aquel 26 de septiembre de 2014, “por muy dolorosa que sea”. AMLO les dijo que sólo la verdad “nos va a liberar de todo”.
