Morelia, Mich.- Tras señalar violencia política de género en su contra, la síndica y regidoras de Penjamillo presentaron una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) luego que fueran objeto de amenazas y agresiones físicas en su contra, presuntamente inducidas por la alcaldesa.
Las funcionarias solicitaron medidas cautelares no solo hacia sus personas, sino a sus familiares, mismos que de acuerdo a sus denuncias, también fueron objetos de agresiones y amenazas por un grupo armado y actuando incluso en sus propios domicilios, con el señalamiento de que la vigilancia sea de elementos ajenos a la corporación municipal de policía.
En un extenso documento, donde detallan los hechos ocurridos en su contra, las funcionarias reiteran su solicitud de ausentarse del cargo y señalan directamente a la alcaldesa y al secretario municipal como responsables de lo ocurrido.
En el caso de Xochitl Kareli del Rio Carranza, “en su calidad de Presidenta Municipal en funciones de Penjamillo, Michoacán, por restricción injustificada del ejercicio del cargo de Síndica y Regidoras, incluso mediante actos de violencia física y psicológica y por inducción al incorrecto ejercicio del cargo por proporcionar información incompleta”, en tanto que en el caso de Manuel Rodríguez Árias, “en su calidad de Secretario del Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán, por inducción al incorrecto ejercicio del cargo por proporcionar información incompleta”, al igual que a “los demás servidores públicos o particulares que resulten responsables por colaboración, complicidad u omisión frente a los hechos denunciados.”
El pasado lunes, las funcionarias denunciaron los hechos ante la Secretaría de Gobierno, solicitando apoyo hacia su seguridad. Plantearon además el escenario de la desaparición de poderes en el municipio, aunque el Congreso del Estado hasta el momento no ha emitido ninguna postura al respecto.
En la denuncia de hechos ante el IEM plantean la serie de agresiones perpretadas en su contra por integrantes de un grupo armado, quien las amedrentó y agredió físicamente tanto a ellas como a sus familiares aduciendo que con sus cuestionamientos como servidoras públicas, se negaban a acatar indicaciones de la alcaldesa emanada del Partido Encuentro Social, acciones que se registraron desde al año 2021 cuando se analizó la Cuenta Pública por el cuerpo edilicio.
En su escrito, cabe señalar, las funcionarias ofrecen una serie de pruebas para sustentas sus denuncias, mismas que ya han sido formuladas ante la Secretaría de Seguridad Pública, solicitan medidas cautelares al señalar que “no tenemos garantías de seguridad para presentarnos a ocupar el cargo para el que fuimos electas por voto popular”.
