No hay peor ceguera que la que ve sin mirar. En los últimos años se ha detectado en América Latina una disminución del agua por persona en un 22 %; otros estudios indican que en los últimos 40 años se ha observado una reducción global del 81 % de las especies de agua en contraste con la disminución en especies terrestres; desde 1900 el 70 % de las masas de agua continental han desaparecido.
En gran medida estas pérdidas están asociadas con la actividad antropogénica —nominación técnica para referir el avance civilizatorio de la especie humana— que conforme avanza el tiempo y el crecimiento de las economías y las innovaciones técnicas, ocupamos espacios antes reservados para la naturaleza.
El crecimiento demográfico y el incremento de las necesidades de alimentos e insumos para la subsistencia humana han achicado el espacio para los ecosistemas ocasionando una condición de crisis que en lugar de ser atendida eficientemente ha sido ignorada por los gobiernos del mundo.
Vivimos en una contradicción inocultable e inaplazable: el impulso vital por energía, alimentos e insumos que requiere nuestra especie, misma que obtiene a costa de las demás, y la necesidad de contar con ecosistemas vitales y equilibrados para también dar sustento a nuestra vida.
Tomamos, destruimos, arrasamos para asegurar la vida humana, pero haciéndolo también nos destruimos. Es una contradicción que hasta ahora no hemos querido resolver a pesar de que existe la ruta de la sustentabilidad. Como en ningún momento de la historia del homo sapiens estamos viviendo una realidad límite.
De todas las pérdidas ecológicas progresivas la del agua es quizá la más dramática. Su necesidad es tal que su escases o inexistencia derivará siempre en conflicto social. Y cuando el conflicto ocurre la solución política casi siempre es incapaz de resolver de manera inmediata porque los tiempos de los ecosistemas, que son los únicos capaces de generar agua, están más allá de los tiempos políticos.
La única manera de poder resolver esta cuestión es evitando que se presente. El estrés hídrico o la ausencia definitiva de agua se resuelve con políticas preventivas dedicadas a la conservación de los entornos naturales en las que se genera.
En gran medidas las leyes ambientales que el Estado mexicano se ha dado desde los 90 son enfáticamente preventivas. Si en ellas se establece, por ejemplo, que las aguas son de interés nacional o que el cambio de uso de suelo queda prohibido, es porque el legislativo consideró que conservando el agua y protegiendo bosques y selvas estamos anticipando un buen futuro para las nuevas generaciones.
Sin embargo, las leyes han quedado en letra muerta y han evolucionado de manera tan lenta que nuevas prácticas han quedado por completo fuera de la competencia legal.
Con la misma velocidad que se ha expandido la franja aguacatera arrasando miles de hectáreas de bosques se ha expandido, también, la construcción de hoyas que se adueñan de las escorrentías serranas ocasionando estrés en las poblaciones que se beneficiaban de ellas y matando los ecosistemas que vivían gracias a su don de vida.
Las decenas de miles de hoyas que existen en el territorio estatal para alimentar a las huertas aguacateras representan la muerte de innumerables ecosistemas, la pérdida de acceso al agua para poblaciones e incluso un riesgo letal para otras especies.
Son construcciones que en su inmensa mayoría no están autorizadas. No cuentan con estudios de impacto ambiental, la mayoría tampoco tienen autorización de cambio de uso de suelo y mucho menos han sido construidas apegándose a las normas que rigen toda construcción que representa un riesgo para la seguridad de las personas.
En Michoacán se construyen hoyas de grandes dimensiones desde hace 30 años. Desde entonces han representado un serio problema ecológico y de seguridad y sin embargo ¡no están reguladas por la ley!
Los gobiernos y los legislativos tienen un rezago de 30 años en materia de hoyas captadoras de agua. Igual que en su momento los cañones antigranizo son un fenómeno representativo de la expansión aguacatera. Los cañones, por fortuna, ya están regulados y prohibidos por el artículo 37 de Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán, las hoyas en cambio se siguen construyendo en el más absoluto caos.
Como bien dice el dicho en su acepción ambiental, “agua que no haz de beber, déjala correr”. El acceso al agua es un derecho humano y una condición para la existencia de los ecosistemas, los que a su vez dan sustento a nuestras vidas. El gobierno y los legisladores deben incluir en su agenda ambiental el urgente punto de la legislación sobre las hoyas de agua.
Legislar sobre las hoyas captadoras es un paso importante en Michoacán para resolver la contradicción que generan los sistemas productivos caóticos del presente con el futuro sustentable y la conservación de los ecosistemas, y así darles coherencia a las leyes con el artículo 4° constitucional referente al derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano.
