Hace unos días se difundió en diversos chats de WhatsApp un documento denominado “Universidades en Situación financiera Crítica”, en el cual se enlistan los compromisos contraídos por las autoridades universitarias para varias Universidades Públicas Estatales (UPES). En el documento se ilustra que desde 2018 se identificaban nueve UPES en crisis y a la fecha sólo cinco, se ve que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha prevalecido en ese estatus.
En el documento referido se especifica que la UMSNH tiene compromisos por cumplir que tienen que ver con la optimización del gasto operativo, el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la auditoría de plazas, la generación de recursos propios, así como la revisión de prestaciones asociadas a los Contratos Colectivos de Trabajo, llevar adelante la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones con un esquema tripartita y ejecutar programas para afrontar el reemplazo generacional, incrementar la matrícula y fortalecer la vinculación.
Estos cambios han sido llevados adelante por los gobiernos federal, estatal y las distintas Legislaturas del Congreso local de manera programada, en la última década los universitarios nicolaitas han venido asimilándolos mediante la imposición con diversas tesituras: con Salvador Jara Guerrero inició el atraso en el pago de los salarios y prestaciones de fin de año, en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo no sólo se continuó con esa práctica, se recrudeció “la estrategia” por medio de la Ley del Garrote, la denostación (de quien menos solvencia moral tiene) y señalamientos al gremio de académicos universitarios, mismos que afirmaron personajes de la LXXIII y LXXIV Legislaturas, donde no sólo confluyeron actores políticos que, por la posibilidad de reelección, permanecen en la escena política estatal y nacional sino que eran egresados de universidades privadas con nula experiencia y conocimiento sobre el manejo de las UPES.
No, no se desconoce ya la información que se ha compartido, lo que los universitarios siguen y seguirán señalando es que tanto autoridades como gobierno, en todos sus órdenes, apliquen el principio “hágase la Ley, pero en los bueyes de mi compadre”, pues hasta la fecha no hay denuncias, culpables y la impunidad de quienes han dilapidado o sustraído los recursos públicos que se otorgan a la institución es pasmosa.
Asimismo, se imputa como causa principal de la debacle financiera, al sistema solidario generacional de jubilaciones y pensiones o ahora a las prestaciones contractuales, cuando se invisibilizan causas como la mala administración que la Universidad ha tenido, la práctica de los gobiernos de usar como agencias de colocaciones a las instituciones poniendo presión en el rubro de gastos personales del presupuesto y propiciando la precariedad e inestabilidad laboral, la falta de creación de un fondo suficiente para la gratuidad de la Educación Superior decretada en Michoacán desde 2010 y en México en 2019 eliminando el costo de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias.
Además de que, en la narrativa sobre el déficit financiero universitario se omite mencionar que ni el Bachillerato Nicolaita, ni los albergues estudiantiles se consideran en el presupuesto, quizá se pudiera decir que esto ha sido subsanado con la entrega de becas, pero no es así, hay gastos para el mantenimiento de esos espacios que cumplen la función no sólo de cubrir las necesidades de alojamiento, alimentación y servicios de los jóvenes, sino de formarlos para el beneficio colectivo realizando actividades en comunidad y no para generar desperfectos o formar cuadros políticos, como muchos lo señalan, sino buscando materializar las aspiraciones manifestadas en el Artículo 4° de la Ley Orgánica de la UMSNH.
No se desconoce ni se niega el abuso que han cometido las dirigencias sindicales en connivencia con las cúpulas institucionales y los gobiernos, sin embargo, la Reforma Laboral brinda una excelente oportunidad para subsanar las deficiencias en materia de rendición de cuentas, el Nuevo Modelo Laboral obliga a transparentar el uso de los recursos sindicales ante los agremiados y se garantiza el derecho de los trabajadores a conocer el uso que se dé a sus cuotas, se precisa generar las reglamentaciones e instrumentos para materializar estos preceptos ¿y qué mejor que los formadores de los futuros líderes de las organizaciones y del gobierno para poner el ejemplo?, como una pequeña muestra de ello, en los Congresos de representantes se han dado acuerdos al respecto, así como el acuerdo de eliminar las subvenciones que se reciben de las autoridades universitarias. De tal manera que se debe asegurar que toda Reforma, cambio, reglamentación, busque erradicar los costos de la corrupción, el pillaje, el desorden y la desorganización en las contrataciones.
La Universidad es un bien del pueblo y para el pueblo, al que se debe servir con esta conciencia, poniendo la comunidad y las autoridades de su parte para que en armonía se realicen con excelencia las tareas sustantivas, a la vez que se coadyuva a la mejoría de las condiciones de vida de la población y a lograr el desarrollo económico. Debe haber una corresponsabilidad en la generación y solución de las problemáticas de la UMSNH, los universitarios no son inconscientes, pero se detesta el engaño, la falta de congruencia, el oportunismo de sacar ganancia por ocultar información o jugar el papel de Caballo de Troya, el autoritarismo y el terrorismo laboral en un ente que debía ser el baluarte de la integridad y honra de su legado histórico.
Dentro de los personajes que se presentan como artífices de la solución a las problemáticas sindicales el misógino Román Soria Baltazar y Domingo Acuña Pardo encabezan el listado, son quienes se han prestado para generar la dinámica sindical e institucional, el primero gusta de quitar los derechos sindicales y promover los despidos fast track y del segundo se han reportado sus abusos.
Ahora que se avizoran cambios trascendentales para la UMSNH y se han dado a conocer públicamente en el documento mencionado en el primer párrafo de esta opinión, que se sabe que en otras Universidades, como la de Nayarit, se han agravado los abusos en contra de los trabajadores y ahora que se emprenderán las modificaciones a las Leyes Orgánicas de distintas Universidades, se debe tener presente que como se señala en un pronunciamiento de la Universidad de Sinaloa que también se difundió en la semana que concluyó, se cuentan con distintas disposiciones de la Ley General de Educación Superior que obligan al gobierno a realizar un ejercicio participativo con la comunidad universitaria para la Reforma a la Ley Orgánica, asumiendo cada individuo de la comunidad universitaria su participación en la dinámica universitaria.
Por otro lado, el Comité 18-21 usurpador y revocado 2018-2021 sigue confundiendo y generando incertidumbre entre el gremio y originando perjuicios por su deseo de mantener la posición que tiene por la imposición que le han procurado. Los cambios necesitarán de la Unidad y la conciencia sobre el bien común, pues debe adecuarse el estatuto y se debe alcanzar un acuerdo sobre el Contrato Colectivo de Trabajo que ha de legitimarse, pues en el IX Congreso General de Representantes Extraordinario, del cual existen videos y la versión transcrita del mismo, pues nunca se entregaron las memorias, se tomaron acuerdos en ese sentido, además de que el Convenio Colateral de Regularización de Materias no se ejecutó conforme a lo establecido.
Quienes han argumentado la imposición de una dirigencia del Comité Ejecutivo General Interino (CEGI) e intereses y amenazas de este para lograr otros fines que no sean el bien colectivo piensan que todos son de su condición y saben perfectamente que se buscó no continuar con el engaño a las bases, ellos sí buscaron imponer una dirigencia con intereses claros que ahora se han hecho más evidentes, por ello dejaron sola a la expresión democrática del SPUM.
Además todo el tiempo que han argumentado la falta de toma de nota para deslegitimar al CEGI lo han perdido sin atender los asuntos sindicales prioritarios. Es altura de ver por el bien común y dejar de entorpecer la regularización de la vida sindical, pues por los cambios esta apremia. No se hacen señalamientos y lamentaciones, se hacen evidentes los elementos sobre los que se debe tener una aprendizaje para enfrentar los retos que ya están en puerta, como la Reforma a la Ley Orgánica y la Nacionalización, de la cual ya habló la Rectora y de la cual próximamente informará según se dice en la nota informativa que se dio al respecto.
