Ciudad de México.- Al 31 de marzo de 2021, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) había recibido apenas el 1.1% de las claves prioritarias de medicamentos oncológicos que había comprado en el mercado internacional para cubrir sus necesidades en el primer trimestre de ese año; el 98.9% restante –es decir, más de un millón 872 mil piezas–, había sido rechazado por los operadores logísticos durante su entrega por los proveedores.
Según proceso.com.mx, el gobierno federal tuvo que poner en marcha unas adjudicaciones “expeditas” en el mercado internacional, pero éstas no tuvieron el éxito esperado, y al 31 de diciembre de 2021 el gobierno federal solo había recibido 644 mil piezas de medicamento para el tratamiento del cáncer, un 11.5% del total adjudicado. Como producto de esta cadena de problemas, los servicios de salud tuvieron el 5.1% de las medicinas que requerían.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las demás instancias del sector salud, la situación no estaba mucho mejor: la dependencia dirigida por Zoé Robledo Aburto solo pudo comprar el 60% de las claves que necesitaba, y no pudo recibir 55 mil 838 piezas porque se las rechazaron los operadores logísticos.
Al revisar las etapas del desabasto de los medicamentos oncológicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una cadena de deficiencias en la operación del INSABI, y en su cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS); además de problemas de origen, el organismo fiscalizador observó fallas graves en las cadenas logísticas que impidieron la llegada de medicamentos a los centros de salud.
En su revisión de la Cuenta Pública 2021, la ASF puso la lupa sobre el INSABI, y en dos informes de auditorías detectó una serie de problemas graves en ese organismo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó con la intención de centralizar el sistema de salud pública, y al frente del cual nombró al político tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar.
El problema del desbasto de medicamentos se agudizó en el arranque del sexenio, con la decisión del gobierno de López Obrador de consolidar las adquisiciones de todas las medicinas de 41 instituciones del sector salud en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo el argumento de que el sistema anterior estaba plagado por actos de corrupción.
