Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para ampliar y actualizar el listado de enfermedades y accidentes laborales que ameritan algún tipo de incapacidad o indemnización.
“Tiene por objeto fortalecer la protección de las personas trabajadoras ante enfermedades o accidentes que pueden sufrir en ejercicio o con motivo de su trabajo… El objetivo principal es lograr el bienestar, la seguridad y la salud laboral de las personas trabajadoras; a fin de que desempeñen su trabajo en condiciones adecuadas sin comprometer su salud e integridad física, dignificando su ocupación”, señala la iniciativa.
Según El Economista, por lo anterior, López Obrador considera indispensable actualizar la normativa, de esta forma, la lista pasaría de 161 a 194 enfermedades que ameritan incapacidad laboral y se incorporan 115 lesiones, por lo que pasaría de 409 a 524 padecimientos permanentes, al tiempo que se actualiza el porcentaje de incapacidad que resulte aplicable por cada tipo de enfermedad.
En la actualización destaca la incorporación del Covid-19, los trastornos mentales asociados al estrés y ansiedad de las personas trabajadoras, así como los factores de riesgo ergonómicos, es decir, las condiciones del área de trabajo, los agentes biológicos y físicos nocivos.
Además de añadir el cáncer, la infertilidad, los abortos repetitivos y la endometriosis, como enfermedades laborales que ameritan incapacidad.
Respecto de la tabla para la valuación de incapacidades permanentes, con lo cual se otorgar una pensión adicional al salario de la persona trabajadora, se dijo que propuesta del IMSS, en algunos tipos de lesiones se eliminaron los porcentajes menores y se dejaron los mayores y en algunos casos se elevaron los porcentajes con la intención de beneficiar a las personas trabajadoras.
Asimismo, la iniciativa establece que para justificar la enfermedad se deberán presentar elementos clínicos, estudios de laboratorio, de gabinete y otros estudios para diagnosticar la enfermedad, con el fin de evitar la discrecionalidad en cuanto al diagnóstico y por ende dar certeza jurídica al proceso.
