Morelia, Mich.- Un total de 68 Áreas Naturales Protegidas (ANP), son las declaradas en Michoacán, de las que 56 le corresponden a la entidad en mil 757 kilómetros cuadrados, apenas un 3 por ciento de la extensión estatal. Amenazadas por intereses de fraccionadores o de productores de aguacate, son escenario de incendios provocados, tala de bosques y además bajo el descuido y el abandono de autoridades ambientales.
Las ANP se clasifican en Áreas de Protección de Recursos Naturales, Parques y Reservas estatales, Zonas de Restauración Ecológica, Sujetas a Conservación Ecológica, y las destinadas voluntariamente a la conservación, de acuerdo con información del INEGI con base en los registros administrativos de la SEMARNAT (2021) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP, 2022). Otras 12 zonas tienen este nombramiento por parte de la Federación, que se encuentran distribuidas en Santuarios, Reservas de la Biósfera, Parques Nacionales, Áreas de Protección de Flora y Fauna.
Las ANP se crean mediante un decreto presidencial, con la definición de las actividades que se pueden efectuar en ellas, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección de Ambiente (LGEEP), a su Reglamento, el proceso de manejo y los programas de ordenamiento ecológico.
Contaminación, descuido y deterioro
El territorio de la entidad es de 58 mil 599 kilómetros cuadrados, de los cuales el tres por ciento, apenas, mil 757 kilómetros cuadrados ocupan las ANP, con una densidad poblacional de 81 habitantes por kilómetro cuadrado (INEGI, 2021). Dichas zonas según la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, con un ambiente conservado y que producen beneficios ecológicos, pero no cuenta con consejos administrativos o consultivos ni de asesores, afirma Vicente Estrada Torres, presidente del Consejo Estatal de Ecología (COEECO).
Actualmente estás reservas ecológicas padecen diferentes problemáticas, dice, debido a que “no hay rescate de las áreas, menos vigilancia por parte de las instancias federales, estatales y municipales”. El Parque Nacional Lago de Camécuaro, ejemplificó, “está concesionado al presidente municipal de Tangancícuaro, el morenista David Melgoza, que derribó 280 árboles sin ningún permiso. A veces hasta la misma gente que está a cargo de las áreas piensan que son autónomos, cuando no debe ser así”, señala.
Otro caso más, es el parque Nacional José María Morelos, conocido como Kilómetro 23, administrado por la CONANP, pero no tiene consideración hacia los 89 ejidatarios y los comisariados y aunque este declarado Zona Natural Protegida, “ellos siguen teniendo la posesión de la tierra. No son tomados en cuenta por el Consejo de asesores que si existe”, expresó, por lo que son pocas las ANP que si tienen cuidado y vigilancia, “conforme a la ley” como sucede con los santuarios de la Mariposa Monarca.
El Cerro del Águila, en el municipio de Morelia, “es un caso especial porque el gobierno (estatal) quiere hacer una buena acción al declararla ANP. Desde el 17 de marzo se abrió el proceso de consulta ciudadana para que la gente pueda conocer y participar con la Secretaría de Medio Ambiente estatal, pues al menos son 14 ejidos son los que intervienen en esta región”. En el mismo caso está el cerro de la Nieve, en el camino a Atécuaro.
Estrada Torres también se refirió a el trabajo realizado en el Cerro del Punhuato, donde, “hay un esfuerzo de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, porque se ve el esfuerzo realizado en conjunto con los ciudadanos tiene un campamento y sociedad civil organizada, la muestra es que no ha habido incendios”.
Desafortunadamente no es el mismo caso el de la Loma de Santa María, que está abandonada y es foco de incendios que en esta temporada atienden brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y gobierno del estado. En condiciones descuidadas, se encuentran también Jesús del Monte hasta Pico Azul y La Mintzita. “No hay nadie que la cuide, ni municipio, ni la federación”, dice del manantial, donde reconoce han ocurrido incendios intencionales para fraccionarlo y aparte “el cuerpo de agua está muy contaminado por la Papelera (Kimberly Clark), que tiene una concesión de casi el 80 por ciento de agua que produce ese manantial, y el gobierno le pone poca atención, así como el desgaste del manto por las pipas que a diario se surten de él”.
Además, compartió el presidente de la COEECO, “la ley dice que las ANP federales las tienen que administrar el gobierno, pero si no tiene capacidad, estas quedan en el abandono. Se tiene que hacer un proceso de participación democrática, es su obligación crear un consejo estatal donde al menos participen los dueños, para que tengan voz y voto”.
En el estado, en la cabecera municipal Villa Madero de la entidad, Estrada Torres, dijo que “existe un Concejo Promotor para un área protegida voluntaria en Villa Madero, que encabeza Julio Santoyo, que pretende manejar 50 mil hectáreas”, tema en el que dijo, “la gente que habita en un Área Natural Protegida debe saber y enterarse que no tienen todos los derechos y servicios en la zona, donde se restringen ciertos usos y manejos del suelo. Es por eso importante el consejo asesor, para tener un programa de manejo y saber que hay que hacer en estos grandes espacios”.
Riesgos de conservación de las ANP
Incendios inducidos para cambiar el uso de suelo por productores de aguacate y fraccionadores, son algunos de los riesgos a los que se enfrentan las ANP, pero no son los únicos. Otras dificultades son el proceso de monocultivo de las “berries” o el agave mezcalero, en la competencia por ganarle hectáreas al bosque. “El mezcal es negocio grande y ahora también siembran maguey en áreas que son de vocación forestal y (creen) que este cultivo puede convivir con otras especies, pero no es así, les da por sembrar puro maguey. Los mezcaleros consumen leña de contrabando, mucha agua, tierra de bosques para sembrar agave”, afirma Estrada Torres.
