En días pasados la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Michoacán hizo un par de anuncios, ambos de gran importancia.
El primero, el uso de un sistema de imágenes satelitales por medio del cual se podrá conocer el histórico de la condición de los predios que han terminado convertidos en huertas aguacateras o en otros usos no permitidos por la ley.
El segundo, la reforma de la legislación correspondiente para proteger los derechos humanos de los activistas ambientales, a quienes en los últimos meses los grupos delincuenciales han convertido en objetivos de levantamiento, secuestro y asesinato.
Ambas noticias son referentes de un problema que se ha venido agudizando en Michoacán: la intensificación de la actividad destructora de bosques y cuerpos de agua para instalar huertas aguacateras en un contexto de crecimiento anárquico, violatorio de la ley, de magnitud ecocida, y por consecuencia, dañino para los derechos ambientales de las poblaciones; y derivado de ello el incremento de los delitos contra defensores ambientales que denuncian la tala ilegal, los incendios provocados, el cambio de uso de suelo y la apropiación ilegal de aguas públicas.
El sistema de vigilancia satelital ―si de él se hace un uso eficiente― permitirá al gobierno y a la ciudadanía conocer en tiempo real el ciclo de devastación de una cantidad importante de predios que hoy son prósperas huertas.
Finalmente podremos conocer el número real de huertas de aguacate y la cantidad exacta de hectáreas cultivadas con ese fruto; con precisión de número y ubicación se podrá saber cuáles están dentro de la legalidad y cuáles no. De ello podrá derivarse la magnitud del daño forestal y ecosistémico acumulado hasta la fecha por municipio, por región y por cuenca, e identificar las poblaciones afectadas por los servicios ambientales destruidos.
Esta información será crucial para diseñar políticas de restauración ecosistémica a partir de áreas ecológicas que las instituciones ambientales y las académicas tengan visualizadas a partir de criterios científicos.
La observación satelital y las acciones legales y ecológicas que de ella se deriven supondrán recursos económicos y humanos mayores, que con seguridad rebasan los recursos que hoy tienen a su disposición las instituciones ambientales federales, estatales y municipales en conjunto. Necesitarán de mayores presupuestos.
La detección de cada predio con cambio de uso de suelo o tala ilegal sumará números abultados, varios cientos con seguridad; la detección de hoyas captadoras de agua y cuerpos de agua afectados sumará decenas de miles. Tendrá que diseñarse, entonces, un sistema de seguimiento legal y ambiental para que la observación se traduzca, primero en un freno a esas ilegalidades y segundo en acciones de restauración o remediación.
Si la ley establece el criterio de que quien daña paga y restaura, deberá recaer en los presuntos hechores el costo de la recuperación. Pero esta ordenanza podría quedar empantanada y ocasionar impunidad, ya que una gran parte de predios con cambio de uso de suelo ilegal o están en manos de prestanombres o siguen escriturados a nombre de los primeros dueños, pues esa es la estrategia que suelen utilizar los huerteros.
Para que la observación satelital tenga resultados deberán realizarse modificaciones a las leyes que se aplicarán. Es decir, que los procedimientos legales se ajusten a las evidencias obtenidas a través de este medio y se considere el abatimiento de las trabas legales y burocráticas que hoy existen para llevar ante la justicia a quienes destruyen la naturaleza.
Por las implicaciones económicas y sociales que tiene este fenómeno el gobierno de Michoacán deberá diseñar una política transversal ―en diálogo con estos sectores sociales― que ofrezca una alternativa productiva a quienes viven de los bosques y las selvas. Es decir que, reconociendo por experiencia evidente, los daños que generan monocultivos como el aguacatero o el cultivo de frutillas, se propongan y promuevan activades diversas agroforestales identificadas dentro de rangos de sostenibilidad ambiental y que permitan una mejora en sus niveles de bienestar.
La actual administración estatal tiene en sus manos, con ambos anuncios, una oportunidad para hacer efectivo el derecho constitucional de los michoacanos a un medio ambiente sano y frenar el origen de las motivaciones delincuenciales para atentar contra la vida de los defensores ambientales. Solo las acciones en el tiempo nos dirán si lo supo hacer y obtuvo resultados que reconocerle.
