Este año se cumplen 17 años del comienzo de la llamada “guerra contra el narco”, desatada por Felipe Calderón tras asumir la presidencia en unas polémicas elecciones, 17 años ya desde que supuestamente el Estado mexicano inició una serie de operativos para desarticular al crimen organizado en el país, 17 años donde la violencia escaló terriblemente y hasta la fecha no parece haber ningún cambio real.
México lleva inmerso en una escalada de violencia por casi dos décadas, aun no se vislumbra ningún esquema real de seguridad de parte de ninguno de los tres niveles de gobierno. Los distintos grupos del crimen organizado aún se disputan las plazas y rutas de narcotráfico llevándose de por medio a la ciudadanía en dichos conflictos.
Se han tenido ya tres gobiernos de distinto partido a nivel federal y ninguno ha mostrado resultados en una materia tan delicada como lo es la seguridad ¿Pero por qué sucede esto? ¿Acaso ninguno de los miembros de la élite política del país o de las entidades federativas ha tenido intenciones reales de combatir la inseguridad?
La inseguridad causada por combates contra el crimen organizado no es exclusiva de México, de hecho, países del primer mundo la han vivido. Estados Unidos en su momento fue fuertemente azotado por grupos delincuenciales en la década de los veinte y treinta, justamente lo que frenó enormemente el actuar de esos grupos fue una mayor intromisión del poder federal en los asuntos de seguridad.
Por otro lado, El Salvador parece estar teniendo un gran éxito en su territorio desarticulando a las maras, el equivalente al crimen organizado de dicho país, y además en un tiempo récord. El Salvador tiene una economía mucho menor a la mexicana y su capacidad de recaudación fiscal es también menor, no obstante, es innegable que también el crimen organizado se ha reducido considerablemente.
En ambos casos las cosas cambiaron, pero los rumbos de los dos países son distintos. Para empezar en el caso estadounidense siempre existió un esquema de frenos y contrapesos efectivo, además de que los funcionarios públicos debían rendir cuentas forzosamente al resto del aparato institucional. Lo anterior obligó a las autoridades federales a diseñar una estrategia de tal forma en que hubiese una detención y desarticulación efectiva de las células delictivas sin trastocar los elementos legales correspondientes, es decir, todo dentro del marco de la ley. Por lo que el combate a la inseguridad les llevó tiempo y también una serie de modificaciones legales para ajustarse a la realidad social del momento, pero finalmente lo consiguieron tras casi dos décadas.
En El Salvador la situación es distinta. En el caso de esta nación centro americana, la política de seguridad esta dictada por un caudillo político que no tiene ningún freno ni contrapeso real, y cuya única rendición de cuentas es la relección que tendrá frente a los votantes en el siguiente proceso electoral, por lo tanto, aquí no hay nadie que critique operativos bruscos, sin orden judicial, arbitrarios, y muchas veces carentes de juicio oficial, con el propósito de encerrar directamente a supuestos criminales. A diferencia de Estados Unidos, en El Salvador la seguridad es brindada solamente por la voluntad de su actual presidente, sin ningún otro elemento institucional de por medio. Esta es la razón por la cual pudieron acabar la inseguridad en tan poco tiempo.
En México en teoría aspiramos a ser una democracia consolidada, pero eso forzosamente implica tener frenos y contrapesos efectivos, así como una rendición de cuentas eficiente y que sea pareja para todas las fuerzas políticas por igual. Es aquí donde esta la clave del por qué cuesta tanto articular una buena estrategia de seguridad. Nuestras elites políticas no quieren rendir cuentas a través de la ley, únicamente quieren hacerlo a través de la negociación política, y es ahí donde todo empieza a quebrarse.
La ley es un elemento firme y establecido, por otro lado, la negociación política es voluble y puede cambiar radicalmente de un momento a otro, esto impide generar una buena estrategia de rendición de cuentas para las autoridades que no hagan bien su trabajo, por lo que entonces se opta muchas veces por la mera simulación. Cabe destacar que, siguiendo esta aspiración democrática, el modelo salvadoreño es también inviable, por su propio componente autoritario, imitar ese modelo en México involucraría suprimir la institucionalidad democrática, dejando fuera del juego político a buena parte de la élite política y convirtiendo a la clase gobernante en una dictadura de facto para poder implementar la estrategia de mano dura que hay actualmente en el Salvador y que pueda ser efectiva.
Actualmente no hay una división de poderes real en la nación salvadoreña y eso es lo que le ha permitido al presidente de dicho país tener a todas esas personas capturadas en prisión, si en algún momento vuelve a ver independencia entre los tres poderes, seguramente varias de estas personas saldrían libres por falta de pruebas o por violaciones al debido proceso. Por lo tanto, la propia estrategia de seguridad salvadoreña involucra que exista sometimiento del resto de los poderes en torno del ejecutivo.
En México las autoridades encargadas de la seguridad están protegidas por intereses políticos, los cuales muchas veces les encubren de los efectos legales. Pero esto sucedo porque así están configuradas las instituciones del Estado. Mientras no haya instituciones que garanticen rendición de cuentas y frenos y contrapesos, no habrá forma de exigir genuinamente resultados en la materia de seguridad, toda vez que los funcionarios encargados de ello no tendrán un incentivo real para planificar operativos efectivos pero que se mantengan dentro del marco de la legalidad.
México debe reconfigurar de raíz su sistema político para asegurar que exista la rendición de cuentas y los frenos y contrapesos, de lo contrario todo quedará al mero arbitrio del político en turno, quién tampoco tendrá muchas posibilidades de ser sometido en la práctica a lo que dictamine la ley. Lo anterior, como puede verse hasta el día de hoy, tiene severas repercusiones en todos los ámbitos públicos, sobre todo en materia de seguridad.
Sin duda hacer las cosas por el camino de la legalidad y el institucionalismo llevará tiempo y sacrificios, pero es preferible hacerlo de esa forma a tener que abrazar el fin de las instituciones y aceptar la idea de un caudillaje autocrático como respuesta final. Unas posibles propuestas institucionales para mejorar la seguridad pueden ser la instalación de un servicio profesional de carrera que involucre un escalafón de puestos claro y preciso al interior de todas las corporaciones de seguridad pública, exámenes para el ingreso y control, promoción de planes de estudio de seguridad pública en las distintas universidades y colegios del país, así como la instalación de un comité máximo evaluador que permita llevar los casos de denuncia de supuesto abuso de autoridad tanto al interior de las propias filas de la policía como también de parte de la ciudadanía, que a su vez regula la salida o permanencia de los elementos policiacos, y que este compuesto por profesionistas independientes, sin vínculos con los titulares de las corporaciones policiacas, electos para un periodo de 5 años con una presidencia rotativa anual y cuya toma de decisiones deba ser colegiada.
