El SPUM y el Primero de Mayo del 2023

Hace unas semanas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C. emitió un boletín solicitando al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social que no dejen a los trabajadores mexicanos sin contratación colectiva. Para este grupo de abogados el hecho de que sólo 11% de los Contratos Colectivos hubieran sido registrados para su legitimación a estas alturas (que en un principio eran 500 mil y posteriormente 139 mil) representa la supresión y regresión en los derechos de Organización, Contratación Colectiva y Huelga, la violación de estos Derechos indivisibles, así como la discriminación.

Sin embargo, la orfandad en que la dirigencia revocada, caduca y charra, ya por más de dos años, ha dejado a la mayoría de los agremiados al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, auspiciados por el Gobierno en turno y con la complacencia de las autoridades nicolaitas, deja ver que no hay una fuerza y defensa colectiva, además están los cómplices que algunos ratos juegan como sindicalistas y otras como charros.

Los revocados han tomando decisiones unilaterales y lesivas para los derechos de los trabajadores, como la Reforma al Sistema Jubilatorio, negociaron con los derechos ajenos para obtener prebendas personales aprovechando el convenio colateral de regularización de materias, sin que este se hubiera ejecutado como se acordó en el Consejo General, en Facultades como la de Odontología e Historia ni siquiera se realizó, en otras, no fue acorde con las necesidades, como en la Facultad de Ingeniería Mecánica o Químico Farmacobiología, mientras que en todas las dependencias se realizaron nuevas contrataciones, favoreciendo a familiares de autoridades, directores o adeptos al Comité revocado, además siguen pendientes los pagos a deudos de profesores fallecidos, de prestaciones a jubilados, el pago correcto de ahorros y rendimientos de la Caja de Ahorro y el reembolso de cuotas sindicales a ciertas dependencias por parte del Comité revocado, charro y caduco que encabeza Jorge Luis Ávila Rojas.

Estos cuestionables universitarios se confabularon con la autoridad para los despidos injustificados y si bien se reinstaló a los despedidos, la nula fuerza colectiva y nula defensa favorecieron que la administración de Yarabí Ávila González ofreciera una reinstalación sin el pago de los salarios caídos, ni servicios devengados (derechos irrenunciables) y como era lógico, se aprovechó la situación de vulnerabilidad de los trabajadores agremiados al SPUM. Quizá para algunas autoridades y funcionarios, para “poner la muestra” sobre lo que les pasa a los trabajadores que denuncian las ilegalidades y la violación de los derechos laborales en la Casa de Hidalgo,  entorpecen los atropellos “oficiales” o la carrera política de autoridades y funcionarios. Pues con el supuesto motivo de las auditorías, se ha pedido nuevamente el llenado del formato de compatibilidad de empleo 2023, con el cual se puede realizar el despido de trabajadores ante el estado actual de indefensión.

Entre tanto, la autoridad continúa justificando su inacción en contra de los saqueadores universitarios diciendo que “no hay denuncias”, pero los universitarios recuerdan que el Doctor Alejandro Bravo Patiño, ex-secretario particular de Raúl Cárdenas Navarro, anunciaba el desarrollo de una supuesta vacuna contra el Covid-19, refería que costaría millones de dólares y que estaba siendo totalmente financiada por la propia Universidad Nicolaita (https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidad-en-michoacan-desarrolla-vacuna-mexicana/?fbclid=IwAR3boiKfy71ErbpwS0BgW3Qjs0BnVtKH0YhqnTP-YIDJ1XMcz8_9kSerrlQ). Tanto la Rectora como el Secretario General han salido a declarar que “No todos los avances de vacuna contra Covid-19 de UMSNH son ciertos”, pero no han dicho si hubo merma de recursos y a cuánto ascendió, tampoco hay denuncias por la falta de cumplimiento en el pago de contribuciones.

Por lo anterior y muchas más violaciones a las normas y los derechos laborales hay preocupación entre los académicos por la adaptación y comodidad de la administración de Yarabí Ávila González con el corrupto Comité de Jorge Ávila Rojas, pues en todo momento se les podría desconocer y rechazar por su falta de legitimidad y falta de apego a la legalidad en los procesos de decisión colectiva, aunque como se ha visto su red de influencia en tribunales y juzgados del Estado es vasta.

Un grupo de  académicos han exigido conocer los acuerdos a que se ha llegado en la revisión contractual 2023, pues aprovechando el distractor y el temor infundido a las bases sobre la no legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo 2022 (CCT 2022), se ha perdido de vista que el Comité, junto con la autoridad pueden dar un albazo, permitiendo que el Comité charro continúe en la dirigencia, concretando los ilegales cambios realizados por Raúl Cárdenas Navarro y avalando la revisión conjuntamente con la legitimación la revisión contractual 2023, pues se puede presionar a los trabajadores interinos, a los cuales también ampara el CCT, y “llevarlos” para lograr la mayoría para avalar la Legitimación del CCT 2022 y la revisión contractual 2023 al mismo tiempo.

Si se pierde la contratación colectiva, en la Universidad no se pueden disminuir los salarios, derechos y prestaciones, la contratación será en contratos individuales, no se afectarían los derechos de los trabajadores, la Universidad no descontaría las cuotas sindicales, no podría conceder prerrogativas o consideraciones especiales al sindicato, no se podrían pactar, de momento, convenios de revisión salarial, ni contractual, la Universidad no podría condicionar la contratación o permanencia de las y los trabajadores a causa de su afiliación sindical,  no se podría emplazar a huelga a la Universidad o amenazar con suspender labores, al no tener la titularidad, pero el sindicato cuyo contrato colectivo se dio por terminado podrá seguir realizando actividades sindicales.

Pero también, como se refirió en el manifiesto “CONTRA LA LEGITIMACIÓN DEL CHARRISMO DEL SPUM” de otro grupo de sindicalistas, legitimar o no el Contrato Colectivo es una falsa disyuntiva, pues si no se legitima el CCT se estaría repudiando la imposición de una dirigencia charra, se repudiaría la reforma al régimen jubilatorio consignada ilegalmente en el CCT 2022 puesto a legitimar y se eliminaría, con la posibilidad de recuperar las prestaciones conquistadas o discutir otras opciones, cabe mencionar). Así como retomar la reconstrucción estatutaria que había iniciado en 2019 en el VIII Congreso General de Representante Extraordinario. Además, se les quitaría a los charros su fuente de ingresos por cuotas sindicales y las cuestionadas subvenciones por parte de la autoridad, que se mandató eliminar en el IX Congreso General de Representantes Extraordinario.

Así es como llega el SPUM a este 1° de mayo y aunque las bases han sido violentadas irrespetadas, vapuleadas y engañadas y sus demócratas y sindicalistas han sido objeto del abuso de poder, no se debe permitir el retroceso en los derechos conquistados, no se debe dar ejemplo a la comunidad nicolaita y al pueblo de sumisión al poder opresor, vale la pena continuar luchando por hacer valer la dignidad de los trabajadores y los derechos laborales, recuperar el SPUM, pues la voluntad de los académicos, pese a todo, acertadamente ha sido no fraccionar al gremio.