Morelia, Mich.- Finalmente, el trámite de la dirigencia del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), para la legitimización del Contrato Colectivo de Trabajo, apareció en la plataforma de la Central Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
Hasta hace horas, en la instancia encargada de desarrollar los procesos que marca la Reforma Laboral no había registro alguno acerca del trámite que venció este primero de mayo para que los gremios en el país actualicen sus contratos colectivos de trabajo, los que deben contar con la anuncia de la mayoría de sus representados.
En el caso del SPUM, cuya dirigencia se encuentra cuestionada, el proceso de legitimación del CCT generó sospechas de varias expresiones de opinión al interior del gremio, donde para algunos era necesario participar en el trámite con su voto y para otros implicaba en automático reconocer a una dirigencia “espuria”, dado que el Comité Ejecutivo General que encabeza Jorge Luis Ávila Rojas se encuentra revocado en su mandato así como ya cumplió con su mandato pero se mantiene vigente por un acuerdo con la Junta de Conciliación y Arbitraje.
En el listado de los contratos colectivos registrados para su legitimación, aparece el trámite del SPUM. Aun y cuando se considera que en su mayoría los agremiados no participaron en el proceso, mismo que el grupo de Ávila Rojas decidió llevara a cabo un despacho externo, para varios académicos el proceso pudo contar incluso con la participación de personas externas a la vida sindical, dado que era del interés tanto de la dirigencia como de la Rectoría de la Universidad Michoacana que se cubriera el proceso para intentar legitimar la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones en la institución, iniciada en el anterior rectorado que encabezó Raúl Cárdenas Navarro.
De hecho, señalan, podría ser el principio para que en la revisión del CCT para el 2023 ya se intente eliminar algunas prestaciones como parte de la iniciativa desde la federación que, a partir de finales del 2018, intenta eliminar aquellas no reconocidas por la federación y que, desde una visión administrativa, consideran que influyen en el déficit financiero que arrastran varias universidades públicas en el país, entre ellas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
