Recientemente se han estado discutiendo en el ámbito público diversos proyectos de reformas oficialistas respecto a distintas instituciones nacionales, tales como el INE y el Conacyt. Desde luego estas propuestas no están exentas de crítica, la mayoría de la oposición considera que las mismas únicamente centralizarán los órganos autónomos y colocaran más fuerza política en la figura del ejecutivo nacional.
El oficialismo indica que estas reformas son necesarias para mejorar la eficacia administrativa, ya que manifiestan que en las administraciones pasadas estos órganos no cumplían exitosamente su función debido a que sus principales titulares habían llegado al poder mediante pactos políticos lo cual impedía que trabajaran de manera imparcial.
Por otro lado, la oposición señala que esto puede terminar desplazando al país hacia el autoritarismo, toda vez que consideran que hay una disminución en los esquemas de freno y contrapeso en los órganos señalados, por lo tanto, sin esto hay un riesgo de que la rendición de cuentas del poder ejecutivo quede severamente disminuida y la democracia mexicana podría perder su calidad o hasta incluso desaparecer.
Es evidente que la existencia de órganos autónomos es necesaria, sin embargo, indicar que la democracia mexicana es de una gran calidad o que realmente gracias a dichos órganos la nación mejoró en cuestiones institucionales, es también una exageración.
México es una democracia deficiente, pero democracia finalmente, si bien es cierto que órganos como el INE en su momento han conseguido una organización electoral relativamente decente, otros aspectos se han ignorado, justamente el esquema de rendición de cuentas, así como la transparencia pública, quedando muchos funcionarios públicos impunes frente a malos manejos, o en todo caso si son detenidos es más que todo por influencia política y no propiamente por un proceso jurídico-institucional.
Lo anterior demuestra que en realidad México es una democracia que se limita exclusivamente al proceso institucional de cada tres años. Fuera de ello es difícil hablar de una democracia que incluya en su eje la sujeción de las autoridades a la ley, la cual es un factor imprescindible para que una democracia se consolide exitosamente.
Justamente como Guillermo O’Donnell lo indicó hace varios años, las naciones latinoamericanas son una “democracia delegativa” donde si bien hay elecciones libres y competitivas, tales son el único freno y contrapeso real con la autoridad en el poder, ya que el resto del aparato institucional estará cooptado por dicha autoridad debido a la forma en la que está constituido el propio sistema político institucional.
México transitó a la democracia en el año 2000, se creyó que dicha transición abriría los cambios que permitieran el proceso de consolidación democrático mediante reformas profundas al aparato estatal, lamentablemente esto nunca ocurrió, ya que las reformas necesarias para expandir los frenos y contrapesos o la rendición de cuentas nunca fueron de interés de las distintas administraciones federales, por lo que estos cambios continúan en espera.
Hasta que se hagan genuinas reformas para cambiar la situación institucional en México, nuestro país continuará con una democracia incompleta, donde el único proceso institucional que genere algo de contrapeso y presión ciudadana a las autoridades sean los procesos electorales, pero que al momento del ejercicio del poder no habrá demasiados mecanismos institucionales que encaucen correctamente la labor de la autoridad.
