A pesar de la desprotección que en los hechos padece la cuenca del Río Chiquito, pese a su valor ecológico e importancia para la seguridad hídrica de la región, el gobierno del estado encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla no ha respondido a la solicitud que le extendió el Consejo Estatal de Ecología (Coeeco) para asumir la responsabilidad de tramitar que sea declarada Área Natural Protegida (ANP) de orden federal.
Vicente Estrada Torres, titular de la Coeeco, reconoce que como órgano ciudadano no tienen las facultades para emprender por vía propia esta gestión, pero las autoridades estatales sí después de la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1996, en la cual se establece que deberá haber coordinación entre municipios, entidades federativas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) con el objetivo de recategorizar como Áreas Naturales Protegidas (ANP) aquellas zonas de valor natural reconocidas antes de ese decreto.
En este caso se trata de la zona del Río Chiquito, declarada “de veda” en 1936, año en que ya se advertía la incesante deforestación que se estaba realizando en perjuicio de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, 27 años después de las nuevas disposiciones en la materia, la recategorización no se ha hecho efectiva.
A pregunta expresa sobre las expectativas de una respuesta positiva por parte del gobierno estatal, Estrada Torres señala que, “nosotros estamos haciendo lo que nos toca, estamos a la espera. Si en quince días no tenemos respuesta, vamos a solicitar audiencia con la Conanp”.
Cabe recordar que el gobierno estatal de Ramírez Bedolla y el gobierno municipal de Alfredo Martínez Alcázar están impulsando de manera conjunta un megaproyecto que incluye la construcción de dos presas y un segundo libramiento al sur de la ciudad. Por lo tanto, que el gobierno de Michoacán asuma la tarea de gestionar esta zona como ANP, les implicaría echar para atrás sendos proyectos.
Aunque las autoridades han querido defender estas obras bajo el discurso de que permitirían una mayor y mejor captación y distribución de agua, el consenso social por parte de académicos, sociedad civil organizada y activistas va en sentido contrario: pondría en riesgo los ecosistemas y la seguridad hídrica, no solo de Morelia, sino de la región. “El trazo del libramiento, entre La Mintzita y el Cerro del Águila va a implicar afectaciones precisamente a la zona de recarga de agua”, puntualiza Estrada Torres.
Afirma que para poder continuar con ese megaproyecto deberán presentar una manifestación de impacto ambiental que demuestre su utilidad pública, aunque se muestra escéptico ante tal escenario y remata diciendo que “si el objetivo es captar agua, lo que nosotros proponemos es que se restaure el área: reforestación, recuperación de suelos, quitar huertas de aguacate, detener la construcción de fraccionamientos”.
