Morelia, Mich.- En distintos cargos de elección popular en el Congreso de Michoacán y el de la Unión, así como en los ayuntamientos, existen cerca de 70 deudores alimentarios, acosadores o agresores que son diputados, presidentes municipales o regidores identificados por organizaciones civiles y organismos de mujeres al interior de los partidos políticos.
Lo anterior fue denunciado por mujeres integrantes de fuerzas políticas del PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, así como las asociaciones civiles “Todas Mx en Michoacán”, Cincuenta +1, La Paridad en Todo, quienes acudieron al Congreso del Estado de Michoacán para hacer entrega de la denuncia.
En este escrito, piden registrar en el orden del día de la próxima sesión del Congreso la minuta con proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público, cuando están en esta condición.
Demandan al Poder Legislativo votar por unanimidad y que “estén a la altura” de la demanda de la emergencia nacional por la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños; así como en reconocimiento al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, votar una minuta con carácter de decreto constitucional que proviene de una iniciativa ciudadana como un replanteamiento en “la dignificación de la política.”
En estos momentos, son varios los congresos -Tamaulipas, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California Norte-, los que ya aprobaron dicha reforma, señalaron, por lo que esperan que el Congreso local sea parte de los primeros 17 poderes legislativos que, como parte del Constituyente Permanente, permita dar cauce a los cambios estructurales que nuestro país requiere.
Otilia Molina, de “Todas Mx en Michoacán”, refirió que se necesita prevención y urge que se sesione sin dilaciones la “3 de 3” en el Congreso estatal. “Queremos decirles a la Junta de Coordinación Política que estamos listos, que todos los grupos parlamentarios estamos listos para sesionar y vamos todos con la 3 de 3 en Michoacán”, subrayó.
Refirió que se está cubriendo todo el país, y con la “3 de 3”, se reforman dos artículos constitucionales que establecen; no agresores, no acosadores, no deudores alimentarios, en cargos de elección popular. “Esto implica no solo para los futuros candidatos, sino de manera transversal y queremos que lleguen a universidades y fiscalías, requerimos de estos blindajes”, mencionó.
Recordó que esta propuesta no va en contra de uno o de alguien en particular, es para que en el 2024 no lleguen. “En lo municipal tenemos más de 70 desde regidores, presidentes municipales, diputados locales y federales”, dijo.
En Michoacán, aprobada la reforma, pero no se aplica
En julio de 2022, el Pleno Legislativo aprobó la reforma al Código Electoral que presentó la diputada Mónica Valdés Pulido, a inicios de Legislatura, en donde la violencia contra las mujeres, ya sea sexual, doméstica, política o económica, será impedimento para poder acceder a cargos de elección popular
En Michoacán el “3 de 3” contra agresores para impedir su participación en los procesos electorales ya es Ley, sin embargo, admitió la diputada, no se aplica.
“Hoy ser violentador y deudor alimentario ya es impedimento para poder acceder a espacios de elección, designación o concurso”, pero persiste la falta de castigos y existe una elevada tasa de impunidad.
A su vez, Lariza Pérez Campos, diputada local y Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, propuso en febrero del 2023 una reforma al párrafo primero del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, para que los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada, acrediten que se encuentran al corriente, en cuanto a sus obligaciones alimentarias y que sus hijos y dependientes económicos, acceden efectiva y dignamente a una alimentación adecuada y suficiente, en caso de no hacerlo no podrán ocupar cargos.
