Quito, Ecuador.- El juicio político al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso comenzó el martes su etapa final, pero existe incertidumbre sobre si la Asamblea logrará reunir los votos necesarios para destituirlo o si el mandatario hará uso de un recurso constitucional para disolver al Legislativo.
El proceso inició a fines de marzo y desde entonces ha avanzado en distintas instancias en la Asamblea, donde Lasso tiene un mínimo apoyo y se encuentra acorralado por una férrea oposición liderada por el partido Unión por la Esperanza del exmandatario Rafael Correa (2007-2017).
De acuerdo con proceso.com.mx, los legisladores acusan al presidente de malversación de fondos públicos, lo que ha sido negado por Lasso y la oposición tampoco ha podido probar, a pesar de lo cual el proceso se ha mantenido y se espera que termine el próximo fin de semana cuando los asambleístas voten la moción de censura y destitución.
La Asamblea ha convocado para las 10 (1500 GMT) a la sesión para el tramo final del juicio a Lasso, quien tiene previsto llegar al Legislativo hacia el mediodía acompañado de su gabinete y otras autoridades del Estado.
En esta sesión los acusadores tendrán dos horas para presentar las pruebas contra el presidente y luego el mandatario contará con igual plazo para presentar las pruebas de descargo. Después ambas partes tendrán una hora para eventuales réplicas.
Más tarde cada uno de los 137 asambleístas podrá hablar durante 10 minutos y luego habrá una pausa. Se espera que el fin de semana se produzca la sesión final en la que se decidirá la suerte de Lasso.
Se lo acusa de no haber intervenido para impedir o denunciar una estructura de corrupción en el contrato de transporte de crudo hacia el exterior entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tankers, lo que habría causado un millonario perjuicio al Estado.
Los asambleístas aseguran que Lasso no se opuso al contrato ni al despido de un funcionario que había recomendado ponerle fin al acuerdo comercial.
El gobierno ha señalado que no hay pruebas de los perjuicios económicos causados y la Contraloría tampoco ha hallado pruebas de la acusación. No hay procesos penales con relación al tema.
