El pasado 17 de mayo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, optó por disolver el congreso nacional de dicho país, toda vez que esa institución había iniciado un proceso de juicio político contra el actual mandatario. Si bien la decisión de Lasso ha sido severamente criticada, tal acción tiene un respaldo jurídico en la ley ecuatoriana, permitido por el artículo 148 constitucional.
Sin embargo, dicha acción, disolver el congreso, solo puede ser utilizada por única ocasión durante el mandato oficial imperante, es decir, Lasso no volverá a tener otra oportunidad de recurrir a esta figura ahora que ya la utilizó, y además esta acción condiciona al presidente a convocar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales en un plazo no mayor a tres meses, al tiempo en que tomar posesión tres meses después de las elecciones, es decir, seis meses después de dictar la disolución ya estará la nueva legislatura ejerciendo sus funciones.
Ecuador no es un país latinoamericano que se caracterice por su gran estabilidad política, incluso en tiempos recientes la presidencia nacional ha sido blanco de diversos intereses políticos que han terminado expulsando del cargo al presidente en diversas ocasiones, tal como ocurrió con Abdala Bucaram (1996-1997) y Jamil Mahuad (1998-2000). Por lo anterior no es sorpresa que Lasso actúe de esta forma tan extrema con tal de salvaguardar su posición en la presidencia.
Al igual que otros países del continente, en Ecuador el juicio político es una acción que emprende el legislativo para “hacer rendir cuentas” al presidente por algún tipo de posible delito. Sin embargo, en términos prácticos queda a pleno arbitrio de los legisladores dictaminar cuando un presidente es culpable o inocente, sin tener que hacer realmente un juicio completamente objetivo e imparcial.
Justamente el hecho de que sea el órgano legislativo, que de los tres poderes siempre será el más politizado por naturaleza, el que dictamine la culpabilidad o inocencia de un presidente ya pone en dudas la veracidad y legitimidad de dicho proceso. En los últimos meses Lasso ha perdido mucho respaldo político, y posiblemente algunos que de facto le apoyaron para evitar el regreso del correísmo al poder, le han dado la espalda, sobre todo ahora que Ecuador afronta una severa crisis de seguridad pública.
Por todo lo anterior la apuesta de Lasso es que al convocar a nuevas elecciones se le permita mantenerse en el ejercicio del poder al mismo tiempo en que se erige un congreso que le sea favorable. Pero ambos puntos de esta estrategia tienen muchos riesgos. En primer lugar, si Lasso no consigue una victoria electoral presidencial todo su esfuerzo será en vano, en tanto incluso si este escenario tiene éxito aun podrá afrontar el riesgo de que sea la oposición la que gane las nuevas elecciones legislativas y procedan a continuar con su juicio político lo cual seguramente derivará en su deposición.
La única ventaja que tiene Lasso en este momento es que por la cuestión de tiempo para la realización de elecciones estará gobernando los siguientes 6 meses por decretos sin tener intromisión de parte del legislativo, aunque estará acotado para ver la legalidad de sus decisiones de parte del poder judicial, aun así, la presión en ese aspecto será mucho menor, aunque tan solo será por medio año.
En ese aspecto Lasso tratará de ganar tiempo para así generar alianzas que le permitan conquistar la mayor cantidad de distritos electorales posibles para evitar ser depuesto y a su vez intentar elevar su popularidad, pero con unos niveles de aprobación tan bajos no será tarea fácil. Ahora solo resta esperar a ver los próximos resultados electorales para saber cuál será el futuro político de Ecuador y Guillermo Lasso, quién se acaba de elevar la puesta al todo o nada.
