Morelia, Mich.- Inconstitucional, sin los adecuados protocolos y atención a ordenamientos legales, fue el operativo instrumentado el pasado 16 de mayo en la Escuela Preparatoria 2 “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, ordenado de manera unilateral por la rectora Yarabí Ávila González, consideró la Sociedad de Ex Alumnos Nicolaitas, A.C. en un manifiesto a la opinión pública.
De acuerdo con el mismo, la acción en la que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía de Morelia, no tiene justificación excepto que se halla actuado ante “la comisión en flagrancia de un delito”, situación que no ocurrió en el caso del inmueble donde docentes del plantel fueron objeto de una agresión directa en un centro comercial y posteriormente, a uno de ellos, se le dirigieron amenazas directas.
Según Yarabí Ávila, los operativos se mantendrán de manera aleatoria y sin aviso alguno, como una acción en contra de presuntas actividades de narcomenudeo sobre todo en planteles de bachillerato, de los que la Universidad Michoacana mantiene a cinco en esta ciudad capital y dos en la ciudad de Uruapan.
Aún y cuando no ha sido clara la autoridad universitaria en precisar la magnitud de estas presuntas actividades, ya que carece de un diagnóstico formal al respecto, el ataque a los docentes de la Preparatoria 2 habría prendido la alerta para que la Rectoría, sin consultar a ninguna instancia de gobierno como lo es el Consejo Universitario o el Tribunal Universitario, decidió por implementar los operativos, mismos que de acuerdo a varios voceros constituye una violación a la autonomía universitaria.
En su manifiesto, la Sociedad de Ex Alumnos refiere que, en contra de los señalado por Ávila González el día del operativo, los militares y policías sí amedrentaron a los alumnos y revisaron sus mochilas, no obstante su condición de menores de edad.
Refieren que al no estar frente a una acción delictiva en flagrancia que justificara la intervención en el plantel, aún así “siempre se requerirá, como garantía constitucional, la correspondiente orden, debidamente justificada, de un juez, para efectuar cualquier cateo o detención de persona alguna”, lo que derivó en violar las garantías individuales de docentes y alumnos, al catear “las instalaciones y a los estudiantes y sus mochilas”, en un cateo, se indica, “que resulta más grave, al haber sido ordenado por Yarabí Ávila González, impuesta como Rectora de dicha Casa de Estudios, por el gobernador de la 4T, en el estado”, en referencia a la imposición de la ex diputada priísta y ex secretaria de Educación a través de la Comisión de Rectoría por Alfredo Ramírez Bedolla.
La Sociedad de Ex Alumnos señala que “este cateo militar es parte del proceso de militarización de la vida económica, política, educativa y social impuesta en nuestro país, por el régimen de la 4T” y se constituye en “una violación a la garantía de seguridad de las personas y de sus pertenencia, y es también una violación a la garantía constitucional de autonomía universitaria prevista en el artículo 3o., fracción III, de nuestra Carta Magna, ya que como consecuencia de la ejecución de tal cateo, fueron suspendidas las actividades académicas y administrativas de dicha preparatoria, lo que en los términos de la Legislación Universitaria, es exclusiva de las autoridades universitarias.”
