El SPUM, legitimación, revisión contractual y bases indefensas

En esta semana algunos integrantes del Comité usurpador, revocado y caduco 18-21 del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) encabezado por Jorge Ávila Rojas, difundió información relacionada con el supuesto proceso de legitimación y la revisión contractual.

El secretario de Finanzas usurpador y revocado, Arturo Pérez Arévalo, informó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ya había respondido para poder realizar la consulta sobre la Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (2022), con algunas recomendaciones respecto a la propuesta que se hizo sobre los centros de  votación, acordándose que sólo serán tres, uno en Ciudad Universitaria, otro en Medicina y otro en Uruapan y que la propuesta de los días era 13, 14, 15 y 16 junio, a reserva de que el CFCRL respondiera dentro de los 10 días siguientes.

No se exhibió el oficio o mensaje oficial emitido por el CFCRL, pero se esperaría que como lo marca la Ley, diez días antes de que se lleve a cabo la legitimación se publique el padrón de quienes deben avalar o no el Contrato Colectivo de Trabajo 2022 puesto a consideración, asimismo se esperaría que en ese mismo lapso de tiempo se diera a conocer la mecánica.

Además, Pérez Arévalo informó que se está preparando el documento convenio para la firma del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2023, y que se haría del conocimiento de las y los sindicalizados para su aprobación “como lo marca la Ley” con la Reforma laboral, en donde se dejarían conocer las adecuaciones de contenido del CCT, reparación de violaciones y el incremento salarial, puntualizando que al día jueves 25 de mayo era de 4 por ciento directo al salario y el 1.1 por ciento a prestaciones no ligadas al salario. Asimismo, el cínico y usurpador secretario refirió que el igualmente cínico y usurpador secretario general, le había comentado que la siguiente semana convocaría a reunión de Consejo General para tratar los dos temas.

Entre tanto, los trabajadores académicos siguen denunciando violaciones a las normas y los derechos laborales y abusos de poder por parte de los directores. Los profesores cuestionaron si las bases avalarán los procesos ante las instancias correspondientes, sin que a la fecha hayan rendido cuentas ni haya transparencia. Asimismo, refirieron que no se debía legitimar el CCT 2022, ni la revisión 2023 ante la alteración de la cláusula 132 sin la participación de las bases. Que para abonar a la rendición de cuentas, se le preguntara al cínico, usurpador y revocado secretario de finanzas la lista de profesores fallecidos y prestaciones pagadas a los beneficiarios como lo establece el CCT.

Además de que no se estaban respetando las minutas de la supuesta revisión contractual 2023, por ejemplo, en la Facultad de Químico Farmacobiología, aunque la mesa de violaciones le dio la razón a una maestra, en una negociación burda y fuera de las mesas, el secretario del trabajo usurpador y revocado, Vicente Martínez Hinojosa, acordó que se regresara a los tres días de inconformidad y el Consejo Técnico de la Facultad, con anuencia de la directora, quien además funge como integrante de la Comisión de los procesos de auscultación para elección de Direcciones, le volvió a dar clase al maestro que había perdido legalmente.

Los profesores también se preguntan, ¿se puede hacer una revisión contractual a un CCT aún no legitimado? Como se mencionó en una contribución anterior, los académicos observan la adaptación y comodidad de la administración de Yarabí Ávila González con el corrupto Comité de Jorge Ávila Rojas, porque el nivel de irregularidades es grande que en todo momento se les puede desconocer por su falta de legitimidad y falta de apego a la legalidad en los procesos de decisión colectiva.

El hecho, es que los académicos universitarios nicolaitas siguen en un grave estado de indefensión, a través de desatinadas resoluciones de la autoridad laboral no sólo se ha permitido que se dé continuidad a los acuerdos emanados de un irregular Congreso de Representantes que se realizó desde 2019 y cuya impugnación, junto con la de su irregular elección, aún no tiene resolución, se les ha extendido la representación a los revocados más allá de su periodo en contra de la voluntad de las bases, se les ha permitido vulnerar a la organización gremial magisterial universitaria atropellando los derechos de organización y la democracia sindical, vulnerando los derechos a la contratación colectiva, a la huelga y otros más.

Ahora además, el discurso de una supuesta protección a la comunidad universitaria por los hechos de violencia al interior de las dependencias, algunos relacionados con el narcomenudeo, se aprovecha para que ingresen las fuerzas armadas del Estado a los recintos universitarios, sin una estrategia comunicada y consensuada con el Consejo Universitario, fuerzas de seguridad sobre las que no se tiene confianza por los hechos del pasado en la Universidad Nicolaita y de las que se conoce, emplean quienes abusan del poder, por lo que más que parecer una medida de protección a la comunidad se ve como una exhibición despótica y autoritaria.

La comunidad universitaria sólo pudo conocer la versión oficial de la sesión de Consejo Universitario del pasado viernes en una nota de comunicación institucional, difundida a través de distintos medios donde se informa del supuesto respaldo del Consejo Universitario a este tipo de medidas, el asunto se trató como asunto general a pesar de que algunos integrantes del Consejo Universitario habían solicitado integrarlo al orden del día, posteriormente se hicieron publicaciones en redes sociales desmintiendo el discurso y refiriendo que hubo el corte de la transmisión de la sesión del Consejo Universitario, la cual curiosamente fue hecha a través de un servicio no institucional.

El camino para volver a la regularización de la vida sindical, reinstaurar la democracia y la defensa con la fuerza de la colectividad en el SPUM aún parece largo y tortuoso ante los abusos de poder, las amenazas latentes, la permanencia de ciertos personajes que aseguran la impunidad en la vida universitaria, por lo que se confunde, se desalienta y se desarticula  a las bases a la par que se mina la confianza en las instituciones y la justicia, parece que no hay la mínima voluntad para darle margen de maniobra a los universitarios en las decisiones que afectarán su futuro, pero se debe insistir en la lucha por lograr una correlación de fuerzas favorable, con legalidad, responsabilidad y transparencia.