Morelia, Mich.- Un sondeo realizado en diferentes puntos del centro de la ciudad arrojó que las y los usuarios del transporte público no conocen el contenido de la recientemente aprobada Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el estado. Sin embargo, manifiestan que su principal preocupación es la inseguridad; su principal demanda, la instalación de cámaras de videovigilancia al interior de las unidades, mismas que consideran inadecuadas para el transporte por la estrechez de espacios.
Alberto tiene 56 años y dice que el principal problema que ha observado en el servicio es la velocidad a la que conducen los choferes de las unidades.
“Hay quienes manejan como locos. A veces vienen correteándose y lo traen a uno como si fuera un animal. Parece uno puerco ahí adentro”.
Relata que viene de las oficinas en donde tiene su afore, ya que está buscando la manera de retirar su dinero para poder pagar los servicios médicos que requiere, derivados de un accidente que tuvo precisamente en una combi, y cuyos gastos nadie cubrió.
“Yo estaba sentado en la parte de atrás y nos chocaron. Desde entonces traigo mal la columna”.
El problema del exceso de velocidad es mencionado por la mayoría de los entrevistados: “¡Manejan bien recio!”, “Deberían supervisarlos más para que se vea lo rápido que le dan”, “Luego ni se fijan que traen ancianos y niños, que son los que no se pueden agarrar tan bien”.
Violencia sexual
Sandra está sentada a las afueras de catedral con su mamá, quien tiene un niño en brazos. Tiene 23 años y es estudiante. Dice que una de las principales problemáticas a las que se enfrenta como usuaria del transporte público es la violencia de género de tipo sexual que se da al interior de los vehículos.
“Van muy apretadas las combis y a veces la gente te roza sin querer, pero también muchas veces hay gente muy morbosa que lo hace a propósito”, señala.
No le parecen suficientes los programas en la materia llevados a cabo hasta el momento, en particular, los violentómetros pegados en los vidrios de las ventanas de los vehículos: “No sirven de nada”.
La percepción es compartida por María Guadalupe, trabajadora del hogar con 66 años cumplidos. Refiere que le da pena incluso mencionar los incidentes que ha visto en la combi, el principal medio que utiliza. Asiente cuando se le pregunta si se trata de temas de acoso u hostigamiento sexuales.
“Veo muchas faltas de respeto por parte de hombres a las mujeres. Yo por eso creo que debe haber más transporte, para que cada quien vaya sentado y no haya este tipo de problemas”, razona.
Este comentario permite advertir otra constante entre las respuestas: el hacinamiento al que se ven sometidos los usuarios de camiones y combis, sin que haya autoridad que controle cuántas personas máximo abordando las unidades.
Ante el problema de la inseguridad en sus diferentes aspectos, la principal demanda de la ciudadanía es que se instalen cámaras de videovigilancia al interior de los vehículos, aunque no detallan de qué manera esto podría ayudar a solucionar la problemática.
Monserrat, estudiante de 18 años, es la única de las entrevistadas que dice no haber tenido nunca un incidente en una unidad del transporte público.
“Hay unas combis que son muy chiquitas y luego no cabes, como yo soy muy alta me tengo que agachar mucho”, es lo que alcanza a señalar.
Además del tema de seguridad, Ever, de 24 años, agrega el hecho de que los choferes a veces niegan el servicio por no traer monedas.
“Hay veces que no tienen cambio para, por ejemplo, un billete de 500 y te bajan. Se supone que las combis deberían tener cambio”, dice.
Ley de Movilidad y Seguridad Vial
La ley en cuestión fue aprobada el jueves 1 de junio en una jornada atípica, ya que los legisladores salieron del recinto oficial para trasladarse a una sede alterna en Altozano, donde pudieran votarla lejos de la manifestación que llevaban a cabo los líderes transportistas en el Centro Histórico, quienes reaccionaron ante el hecho de que se estuviera discutiendo una ley que dicen no conocer.
En el decreto está contemplada la prevención y atención de la violencia de género en el sistema de transporte, como un derecho de las y los usuarios. Asimismo, se considera que la velocidad puede representar un factor de riesgo que debe ser monitoreado y sancionado.
“Para el ejercicio de supervisión y control del servicio de Transporte, el Instituto [del estado, creado por medio de este decreto] podrá auxiliarse de un sistema de monitoreo a través de tecnologías incorporadas a las unidades y en la infraestructura de transporte, que le facilite la administración de itinerarios, paradas autorizadas, horarios, frecuencias, velocidad y otros elementos de operación, así como de la seguridad de las personas usuarias y de las unidades”, dice la Ley aprobada.
No hay nada en el texto que refiera el posible uso de cámaras de videovigilancia al interior de las unidades.
