Ciudad de México.- La política migratoria “militarizada, represiva y violenta” obliga a las personas que se desplazan por el sur de México a tomar opciones y rutas cada vez más peligrosas que ponen en riesgo su vida e integridad, además de las violencias específicas a que se enfrentan las mujeres y niñas, y personas de la diversidad sexual, señala un informe del Colectivo Monitoreo — Frontera Sur en 2022, de la Universidad Iberoamericana.
Un factor que destaca el reporte es el despliegue de las fuerzas de seguridad. Y es que, en febrero del año pasado, de 99,946 elementos de la Guardia Nacional (GN) desplegados en México, 15,822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 elementos en estados de la frontera sur.
Sobre ello, se destacó que es alto el número de violaciones a derechos fundamentales de los migrantes cometidos por elementos de la GN ya que, tan sólo en 2021, se abrieron 504 quejas en contra de los integrantes de la corporación por violaciones a derechos humanos de personas migrantes; que incluyen agresiones, abuso de la fuerza, uso de armas de fuego y casos de tortura en estaciones migratorias.
Además del creciente despliegue de elementos de la GN y otras fuerzas de seguridad en las fronteras sur y norte para la contención migratoria desde inicios de 2019, se denunció la militarización del Instituto Nacional de Migración (INM), sobre todo a partir de la selección de perfiles militares para ocupar cargos directivos.
“Entre estos operativos de contención y detención y la respuesta represiva ante protestas, sobresalen los repudiables hechos en los que personas migrantes han sido víctimas en accidentes de tránsito, resultado directo de estas políticas de Estado que no solo no garantizan los derechos fundamentales de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, sino que los violentan sistemáticamente”.
