Las legitimaciones de los CCT para trabajadores académicos, administrativos y manuales

El miércoles 23 de junio se llevó a cabo un mitin por parte del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM, (SITTAUNAM), en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para exigir la anulación de la constancia de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que las autoridades laborales le otorgaron esa misma semana a la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (APPAUNAM), una de las organizaciones gremiales que le da mayor fortaleza a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitario (CONTU).

Las y los integrantes del SITTAUNAM denunciaron que las irregularidades no fueron tomadas en cuenta por las autoridades laborales. La principal de estas es que no se cumplió con lo establecido en el artículo 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo, según la cual debía participar 50 por ciento más uno de los académicos cubiertos por el Contrato Colectivo de Trabajo para que la legitimación fuera válida. A decir de Arturo Alcalde, uno de los especialistas laborales detrás de la Reforma laboral de 2019, en un artículo para El Economista del 30 de mayo pasado, “el criterio correcto para calcular la mayoría en las legitimaciones es que voten al menos la mitad más uno y las mismas se aprueban o rechazan por quien tenga mayoría. Así ha sido en todas las legitimaciones en estos cuatro años” (https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Critican-criterios-del-Centro-Federal-Laboral-en-proceso-de-legitimacion-de-contrato-de-AAPAUNAM-20230530-0091.html).

Además, el SITTAUNAM denunció que hubo “coacción” para el voto a favor de la legitimación por medio de regalos o amenazas sobre la pérdida de los derechos laborales, así como el “rasuramiento” en el padrón, el cual pasó de 40 mil trabajadores académicos a finales de febrero, cuando se realizó el primer intento de legitimación, a 38 mil en mayo de 2023 en el segundo intento de legitimación, el cual se desarrolló del 22 al 27 del pasado mes.

En el caso del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, como se comentó en la opinión anterior en este medio, existe una discrepancia en el número de trabajadores académicos reportado, pues mientras el listado elaborado por el Comité Ejecutivo revocado, usurpador y caduco 2018-2021 del SPUM incluyó a 3,276 trabajadores académicos, el padrón certificado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) y entregado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral contempla a 3 mil 621 sindicalizados, aunque en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hay más de cinco mil trabajadores académicos, activos y jubilados a los que cubre el CCT UMSNH-SPUM (htps://www.tesoreria.umich.mx/archivos/archivos_transparencia/2023/ejecucion_rec_fed/fracciones_trim1.pdf).

Por este motivo y otros de fondo, como la indebida representatividad que se le está concediendo al Comité revocado, se interpusieron diversas inconformidades, de las cuales se sabe por comentarios de algunos académicos, que algunas han sido admitidas, por lo que de acuerdo con el Artículo 41 del Protocolo para el Procedimiento de la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, en tanto estas sean resueltas, los plazos legales del procedimiento de legitimación quedarán suspendidos.

Para un respetado académico nicolaita del Instituto de Investigaciones Históricas, la desarticulación del corporativismo sindical, uno de los grandes ejes en que se sustenta el afianzamiento de los gobiernos es, además de las exigencias del capítulo laboral del T-MEC, Capítulo 23, una de las motivaciones para descoyuntar a las organizaciones gremiales incondicionales de los gobiernos anteriores previo a las elecciones de 2024 y limitar su margen de maniobra, pero por otro lado, los especialistas en estudios sindicales y cuestiones laborales observan que no ha habido un avance sustancial en la democracia sindical, pues en varios casos, la instauración del voto personal, libre, directo y secreto sólo ha servido para que legitimar a los liderazgos charros y sus prácticas antidemocráticas en los sindicatos a través de los tribunales laborales, con el visto bueno de la Secretaría del Trabajo, es decir, como ha venido sucediendo en el país, haciendo uso de las estructuras existentes, pero a favor del nuevo Gobierno, ya sea por extorsión o conveniencia.

Estos especialistas, además identifican que hay otros factores que contribuyen a legitimar la antidemocracia sindical como el que no haya piso parejo para los participantes, pues se hace uso faccioso de las cuotas y recursos sindicales, que el charrismo cuenta con permisos de tiempo completo y gastos pagados con las cuotas sindicales y establecen relaciones clientelares, asimismo cuentan con la estructura oficial a su favor usando a funcionarios y directivos que utilizan su cargo para “dar facilidades” y presionar a los académicos o trabajadores para favorecer un cierto resultado, como el triunfo de las planillas charras.

El proceso de legitimación de los sindicatos de trabajadores académicos, administrativos y manuales de la Universidad Nicolaita resultará otro caso de estudio, pues ante el aval del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral CFRL de un padrón incompleto por parte del comité 18-21 revocado del SPUM, al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), según se ventiló por el extraoficial medio que ha sido utilizado por la patronal para difundir la información de su interés o influir en la opinión pública a través de la narrativa sobre los hechos que mejor contribuya a lograr sus objetivos o cuidar sus intereses, se tuvo que solicitar a la Rectoría el padrón de trabajadores cubiertos por el CCT de trabajadores administrativos y manuales.

Lo anterior, no sólo por el hecho de que la mayoría de este gremio se encuentra dividido en dos sindicatos, sino porque precisamente ese medio extraoficial, al contrario de lo que promovía para el proceso de legitimación del SPUM, está enfocando su discurso para influir en los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, STUMICH, en el sentido de que no acudan a legitimar el Contrato Colectivo. Lo interesante y revelador será ver cómo es que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral puede justificar el empleo de distintos criterios en caso de legitimarse el CCT del SPUM, que vendría a confirmar las conclusiones a las que han llegado diversos observadores y académicos sobre la vida sindical del país, anteriormente comentadas.

Sin embargo, no es de sorprender cómo varios miembros del SUEUM y el mismo STUMICH han manifestado sus reflexiones sobre la conveniencia de participar en el proceso de legitimación, así como la mayoría de los trabajadores académicos acudió al proceso de legitimación, aún con las irregularidades del mismo (avaladas por algunos integrantes del Consejo General, quienes no han exigido con la misma participación la renovación de la dirigencia sindical) y no por el llamado de los charros del Comité revocado y usurpador 18-21 del SPUM, sino por una genuina preocupación y hasta miedo sobre la pérdida de la contratación colectiva y sus efectos y sobre la pérdida el instrumento laboral de defensa que significa el CCT.

¿Cómo cuestionarlos cuando las autoridades laborales han obstaculizado la democracia y organización sindical en el caso del SPUM, si desde el discurso oficial se estigmatizan las conquistas sindicales, si se tiene encima la Reforma a la Ley Orgánica y el supuesto proyecto de Nacionalización? ¿Cómo saber cuál de los males es el peor cuando la autoridad laboral es omisa y tendenciosa para favorecer el interés del Gobierno estatal, aun cuando se violenten los preceptos electorales, como la revocación de mandato, y se perjudica a los integrantes de una organización gremial?