Morelia, Mich.- Es reiterado el fenómeno de usurpación de funciones por parte de otras corporaciones, señaló el comisionado municipal de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cussi.
En esta ocasión se refirió a las quejas registradas por cobros excesivos en servicio de grúas y “mordidas” –dinero obtenido de un particular por un funcionario para acelerar un trámite o disimular una infracción– en operativos realizados en las entradas de la ciudad o incluso en zonas de “competencia absoluta del municipio”, como la zona sur cercana al zoológico y en el Centro Histórico.
Si bien en sus declaraciones ante la prensa el comisionado ha sido reacio a señalar específicamente a qué corporaciones se refiere, sus mensajes permiten inferir que se trata de la Guardia Civil, al mando del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes.
“Las carreteras corresponden al nivel estatal. Haría un llamado a que en lugar de tener gente aquí (en Morelia) que nada más está fregando al prójimo, infraccionando a lo loco y mordiendo, se vayan a las autopistas y a los caminos para que haya presencia de la policía en otros lados”, argumentó.
González Cussi precisó que tiene conocimiento de que los cobros por retiro de vehículos llegan a ser de entre ocho y doce mil pesos, y expuso que recibe cientos de llamadas al día por este tipo de abusos, a pesar de que no se trataría de operativos de la Policía Morelia.
Defendió que la instancia municipal sólo cobra alrededor 780 pesos, según las variables que establece la ley para motocicletas y camiones, y que en la plataforma virtual de la Policía Morelia cualquier ciudadano puede consultar en tiempo real si su vehículo fue retirado por ésta o no, ingresando sus placas.
Controversia ante la Corte sería muy tardada; mejor documentar en los medios
El comisionado dijo que hasta ahora la Policía Morelia ha dado vista a 35 denuncias ciudadanas, las cuales han sido presentadas ante la Fiscalía General del Estado, por abuso policial que acreditarían la usurpación de funciones.
Cuestionado sobre si la autoridad municipal no ha denunciado este “fenómeno reiterado” por cuenta propia, respondió que la vía sería una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero que una resolución de este tipo podría tardar hasta dos años, por lo que, en lugar de optar por sentar un precedente jurisprudencial con sanciones, invita a la población a documentarlo en medios de información.
