Contrainforme | Intolerancia y exclusión, critican ambientalistas, feministas y periodistas

Desaparición de murales, omisiones en presunta consulta y desdén a colonos que piden servicios, los tonos de la protesta social

Con un permanente dispositivo policiaco, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar ordenó desaparecer los murales sobre comunicadores y violencia feminicida en la Plaza de la Paz. | Fotografía, cortesía del colectivo #NiUnoMás Michoacán

Primera parte

Morelia, Mich.- Actitudes de exclusión e intolerancia, son para ambientalistas, feministas y periodistas, características del gobierno de Alfonso Martínez, quien presentará su segundo informe de labores el próximo lunes 14 de agosto.

Crecimiento urbano “salvaje”

El presidente municipal, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, se ha autoproclamado defensor del medio ambiente y ha buscado convencer a la ciudadanía, acerca de su presunto compromiso, con un plan de reforestación proyectado a un año, en el que pretende plantar un millón de árboles en la ciudad y rescatar la especie endémica de zapote prieto, hoy en peligro de extinción.

Sin embargo, como han señalado habitantes de la colonia La Mintzita, ubicada junto a la fábrica de papel de la empresa Kimberly-Clark de México que toma agua del manantial que provee el 40 por ciento del agua de la ciudad, no basta con este tipo de estrategias mientras se sigan otorgando permisos para el desarrollo inmobiliario.

“¿Qué me gano yo con reforestar mil plantas, si estoy dando permisos y eso está generando contaminación fuerte?”, ha cuestionado Jesús Ramírez, miembro del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa del Área Natural Protegida (ANP) del manantial de La Mintzita, para quien una verdadera política ambiental incluye detener el crecimiento “salvaje” de la ciudad.

El ambientalista ha puesto como ejemplos de esto las varias bodegas que se encuentran en la Avenida Cointzio, entre la salida a Pátzcuaro (surponiente) y la salida a Quiroga (poniente), así como las últimas etapas de los fraccionamientos Arko San Pedro, Villas del Pedregal, Villa Magna, Lomas de la Maestranza, entre otros; algunos de estos proyectos, ha señalado, fueron autorizados a pesar de que se encuentran dentro de los 400 metros restringidos por el Programa de Manejo del ANP del manantial, por lo cual afectan la retención y filtración de una zona de recarga que aporta el 40 por ciento de agua a Morelia.

Los colonos de La Mintzita han detectado también un modus operandi en el que, antes de iniciar las labores de construcción, se provocan incendios forestales que faciliten los trámites de cambio de uso de suelo y manifestación de impacto ambiental que requieren los desarrolladores, situación que ha afectado la población de árboles de zapote prieto que es endémica de la zona, razón por la cual Jesús Ramírez ha insistido en que no basta con plantar, sino que se requiere tener un proyecto de seguimiento integral.

Hasta el 7 de julio, antes de que comenzara la temporada de lluvias, el municipio de Morelia se encontraba en el primer lugar con el mayor número de incendios forestales (101) y la mayor superficie afectada por éstos (mil 647 hectáreas) en Michoacán, según la bitácora del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF); las cifras del estado revelan que más del 50 por ciento de los siniestros tienen su origen en actividades ilícitas.

Exigencias de vivienda digna

Mientras Alfonso Martínez presume la entrega de calentadores solares en diferentes colonias de Morelia, así como la instalación de una planta tratadora de aguas residuales en el Bulevar García de León, los habitantes del megafraccionamiento Villas del Pedregal exigen viviendas dignas y frenar la construcción de más casas hasta que no se satisfaga la necesidad de servicios en las etapas que ya construidas.

El alcalde llegará al informe de su segundo año de labores en medio de cuestionamientos hechos por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y su secretario de Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López, en torno a falta de requerimientos medioambientales para autorizar la construcción de nuevas casas, aunque los señalamientos han venido por parte de los autodenominados pedregalenses desde hace tiempo.

Una de las quejas de los vecinos organizados, dada a conocer por Odín García, presidente de la mesa directiva de la etapa IV de Villas del Pedregal, es el hecho de que tanto la etapa en la que vive como la III siguen sin ser municipalizadas, un hueco legal que les ha impedido poder exigir, por ejemplo, el servicio de agua potable.

Las necesidades de los colonos no se reducen al tema del agua, sino también incluyen los de seguridad, salud, transporte, comercio, cultura, jardines públicos, entre otros; en este contexto, Odín García denuncia una falta de respuestas por parte de las autoridades municipales, y ofrece como única explicación de este “abandono” la “corrupción”, los “contubernios” entre el Ayuntamiento y la empresa desarrolladora Grupo Inmobiliario Herso S.A. de C.V., así como “conflictos de interés” en funcionarios de administraciones pasadas y la actual.

En este marco, pedregalenses organizados han anunciado que buscan no sólo regularizar las etapas faltantes, sino también constituirse como un municipio autónomo de Morelia, argumentando que el megafraccionamiento en el que viven, siendo el más grande de América Latina, tiene una población de casi 32 mil habitantes, esto es, más incluso que otros municipios en Michoacán como el vecino Charo, así como Cherán, Quiroga y Tzintzuntzan.

La “farsa” del PMDU 2022-2041

Una de las joyas que Martínez Alcázar presumirá en su informe es la aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2022-2041, vitoreado como un estudio presuntamente consultado con los morelianos que permitirá abonar a la transparencia respecto de qué proyectos se pueden llevar a cabo en el municipio y cuáles no.

Si bien se abrió un proceso de consulta ciudadana con una duración de dos meses, en el que se recibieron alrededor de 4 mil 700 solicitudes de modificación del proyecto original, también es verdad que la titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Joana Margarita Moreno Manzo, reconoció que la mayoría de éstas eran observaciones mínimas sobre ajustes a polígonos que pasaban por predios particulares.

Sin embargo, quedaron fuera de este proceso voces críticas de académicos, activistas y defensores del medio ambiente, como el Consejo Estatal de Ecología (Coeeco) y el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María (MCDL), organización con 18 años de historia en contra de la devastación ecológica al sur de la ciudad.

El MCDL calificó como una “farsa desde el inicio” el proceso de consulta del PMDU 22-41, pues no sólo recibieron respuestas “simplonas” y “absurdas” ante las 66 hojas de documentación con las cuales cuestionaban el proyecto, sino que cuando interpusieron un recurso de revisión para poder hacerse escuchar por el gobierno municipal, les dieron cita, sin advertirles, para el 20 de julio, esto es, un día después de que se planeara llevar a cabo la votación en el Cabildo; cuando se aprobó, sólo les dijeron que se cancelaba la audiencia agenda, argumentando que ya no había materia.

Cabe recordar que, durante la fase de consulta ciudadana, el MCDL cuestionaba que el proyecto original del PMDU 22-41 determinaba como urbanas o urbanizables zonas de alto valor ecológico, con decretos de protección ambiental desde 1936, así como zonas baldías, otras en riesgo por deslaves e incluso algunas que se encuentran bajo procesos judiciales abiertos por presuntos delitos ambientales.

“[…] Resulta técnicamente muy complicado realizar un cruce cartográfico que nos indique si la zonificación primaria del PMDU se traslapa con el área de [léase, protegida por] los decretos [del ‘36]”, se leía en la respuesta que dio el Implan; cuestionada al respecto, Moreno Manzo refrendó la postura, argumentando que los ambientalistas presentaron solicitudes sin fundamentos jurídicos.

Gasoducto: vecinas a la deriva

El 2 de mayo, vecinas de la colonia Rinconada del Valle (al sur de la ciudad) instalaron un plantón para frenar la construcción de un gasoducto en la calle Encuentro de Maravatío, movidas por el temor de que una obra de este tipo en una zona de fallas geológicas pudiera representar una “bomba de tiempo”, sin que hasta ahora hayan recibido solución por parte del Ayuntamiento.

Las primeras repuestas de la administración de Alfonso Martínez fue enviar a la Policía Morelia a desalojar la zona, argumentando que con la toma de la vialidad se estaban afectando derechos de terceros; en varias ocasiones fueron enviadas también retroexcavadoras para retirar los montículos de tierra con los que el Comité No Al Gasoducto estaba resguardando su plantón.

Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento, ha deslindado de responsabilidades al gobierno de Morelia, sosteniendo que la empresa Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. cuenta con un permiso para la construcción de la obra otorgado por la federación en 2012, por lo que no es un asunto de competencia municipal.

Las vecinas, quienes dicen contar con 3 mil firmas de apoyo y la adherencia de 26 colonias, han insistido en que retirarán su plantón cuando sean quitados los tubos ya colocados en las zanjas que abrió la empresa, cuando sean reparadas las vialidades intervenidas y cuando les sea presentado un trazo del ducto que no pase por la zona habitacional.

Atentar contra la memoria borrando murales

El segundo informe de Alfonso Martínez se llevará a cabo en lo que será Ciudad Administrativa, una obra todavía en construcción que se encuentra junto a la Plaza de la Paz, donde hace unos días el presidente municipal dio la instrucción de rehabilitar los muros “vandalizados”, sin reparar en que ahí se encontraban dos murales, uno en memoria de periodistas desaparecidos y otro que visibilizaba las mujeres víctimas de feminicidio.

Ante la protesta de los colectivos de comunicadores y feministas, así como una queja iniciada de oficio por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por presuntos actos que vulneran el derecho a la memoria y la visibilidad, el alcalde pidió disculpas públicas por un “error de comunicación” con los sectores sociales afectados y con los trabajadores del Ayuntamiento; las declaraciones aparecieron luego de dos días de resguardar las labores en el área con elementos policiacos y que ahí se mantienen.

Después de las muestras de rechazo por parte de los colectivos y la ciudadanía, el Ayuntamiento se vio obligado a comprometerse a restaurar las obras en el mismo lugar, algo que se espera que suceda a finales de este mes, según los propios dichos de la administración.