La ilegalidad en el SPUM, instrumento de imposición de los intereses externos

De acuerdo con el sitio http://www.ordenjuridico.gob.mx, “la legalidad es la que establece que las autoridades no tienen más facultades que las que las leyes les otorgan, y que sus actos solo son válidos cuando se fundan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo que ella prescribe”, además, en esta misma fuente se explica que, de acuerdo con Norberto Bobbio, la legalidad es un atributo y requisito del poder, porque “un poder es legal o actúa legalmente cuando se ejerce en el ámbito o de acuerdo con las leyes establecidas”.

En el mismo sitio se precisa que la inobservancia de la Ley se da cuando no se respeta la Ley, ya sea porque se viola o se interpreta de manera adulterada y ello, en conjunto con el vicio de la corrupción, “socava el desarrollo social y político” porque se ignoran las normas “de justicia y de verdad”. Además, se establece que el Estado de Derecho o Estado Constitucional es el “conjunto de principios normativos e instituciones legales que promueven la certidumbre y la cooperación social, a los que se encuentran sujetos tanto el Estado como los Particulares en su interacción cotidiana”, mismo que tiene entre sus componentes la legalidad del gobierno que establece su regulación por la ley y el control judicial.

Por lo anterior, quienes gobiernan debieran promover una cultura de la legalidad en donde la obediencia a la Ley imperara para el bien público, y servir de ejemplo a la población para formar ciudadanos que la respeten y respeten a la democracia y a la dignidad humana, y no violentarla burdamente, especialmente, como ya se ha mencionado antes, en donde pareciera que la violencia ha sometido al Estado.

Igualmente, cuando los que violentan la Ley son “formadores” de los futuros profesionistas que dirigirán a las organizaciones públicas y privadas, el mensaje que se envía al pueblo es que, si la corrupción y la ilegalidad se practican desde un espacio que debía ser el baluarte de la justicia, la igualdad, la ética, la armonía social, el orden, la seguridad y los valores que componen la civilidad, es que el nivel de descomposición y la ilegalidad son las reglas consentidas por las autoridades.

En el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), el nivel de ilegalidad que han consentido los gobiernos pasado y presente, a través de la adulteración de la Ley y las instituciones del Estado, al Comité Ejecutivo General 18-21 cuyos arietes son los “académicos” Jorge Luis Ávila Rojas, José Luis González Ávalos, Vicente Martínez Hinojosa y el jubilado Francisco Ruiz Vega, ha llevado al extremo de suplantar la voluntad de los agremiados, doblegándolos para lesionar sus derechos fundamentales.

Otorgar la toma de nota a un comité que no cumplió los requisitos de la elección, mantenerlo en la dirigencia sindical mediante un acuerdo irregular, avalar revisiones contractual y salarial 2020, 2021 y 2022 sin la participación de las bases y el levantamiento de la huelga unilateral de 2020,  la última revisión en la que sí se participaron las bases fue en 2019, desconocer el mandato de revocación, impedir la representación de las bases a un comité que fue designado conforme a la Declaración de Principios y Estatuto sindical, violentar los derechos políticos de las mujeres que conforman el Comité Interino y ahora otorgar la constancia de la legitimación de un Contrato Colectivo de Trabajo que fue mutilado en perjuicio de los trabajadores académicos reformando el sistema de jubilaciones, son sólo algunos de los ejemplos del uso retorcido de la Ley y las instituciones que ha seguido el gobierno estatal pasado y presente para arrancar a los universitarios sus derechos.

Durante el anterior gobierno, estas acciones fueron operadas por Hill Arturo del Río y a partir de noviembre de 2021 por Gabriela Manzo Ortiz. Asimismo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) hizo llegar la constancia de legitimación al SPUM el pasado 25 de agosto de 2023, aun cuando no se satisficieron los requisitos del Artículo 390 Ter., pues se avaló un padrón irregular donde aparecieron profesores finados y se anexó a personal en secciones que nunca avalaron su inclusión, no participó el total de los trabajadores académicos cubiertos por el Contrato Colectivo, se excluyó la opinión de los académicos a los que el Comité encabezado por Ávila Rojas sacó unilateralmente del padrón y no participaron los profesores interinos que se encontraban contratados en las fechas en que se llevó a cabo la consulta.

Caso contrario a lo sucedido en el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), en donde a este sindicato titular del Contrato Colectivo de los trabajadores administrativos y manuales, según el medio que la autoridad emplea para influir en la opinión pública, le fue requerido que fuera la autoridad quien entregara el padrón de trabajadores, como marca la Ley.

Como ya lo advirtió el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), en sus estudios sobre los “resultados” de la Reforma Laboral de 2019, un gran número de legitimaciones se están dando con baja participación de los trabajadores; la actuación con criterios políticos del CFCRL avalando procesos sin que se haya respetado lo estipulado en el Artículo 390 Ter. y la permanencia de la interlocución privilegiada con los charros sindicales, así como la asistencia de los trabajadores a las consultas de legitimación para no perder su Contrato Colectivo, aunque ello colateralmente lleve a la legitimación de los charros.

Asimismo, la revisión contractual y salarial 2023 del SPUM, está siendo muy controversial en el sentido de la participación de las bases, ya que la reforma laboral de 2019 contempla esquemas diferentes de cómo llevar a cabo la revisión, en el sentido de que todos y cada uno de los convenios y minutas que van pactando la representación sindical deben ser conocidos por las bases; por otro lado, en 2022 no se llevó a cabo la asamblea, ni el Congreso General de Representantes 2022 y por ello no se formuló el proyecto de revisión contractual y salarial 2023, y en la reparación de las violaciones no están participando ni el indiciado, ni la sección sindical.

El jueves pasado se llevó a cabo una reunión del Consejo General en la cual se supo que la autoridad le ha dicho a la dirigencia sindical que mientras no se firmen los convenios relativos a las prestaciones, estas no se pueden ejercer, cuando debiera prevalecer lo estipulado en el último contrato avalado por las bases, el contrato 2019, por lo que el Comité 18-21 sigue postrado ante las autoridades y al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, que no ha cumplido con lo prometido de buscar alternativas a la solución de la crisis universitarias.

Para la revisión contractual y salarial 2023, el próximo 18 de septiembre se convocará a una asamblea de consulta para manifestar si se está de acuerdo o no con lo que el Comité 18-21 ha pactado con la autoridad, de no estar de acuerdo se puede prorrogar nuevamente hasta que no se llenen las expectativas de las bases o también emplazar a huelga, la decisión la tendrán las bases, a quienes se les ha dejado inmóviles, la discusión al interior de los órganos de gobierno ha quedado empantanada y el Consejo General sin posibilidad de manifestarse en los ya casi cinco años que lleva el Comité 18-21.

Se sigue violentando el estatuto, pues con 30 días de antelación se debió citar a la asamblea General ordinaria del mes de septiembre, y subsecuentemente al Congreso General de Representantes para los primeros días del mes de octubre, con una convocatoria que debe hacerse con 15 días de anticipación, ambos órganos de gobierno sindical con jerarquía mayor a la del Consejo General y el Comité Ejecutivo General.

El resultado en el sindicato de académicos no es de extrañarse, pues en la Casa de Hidalgo con el pretexto de incrementar la competitividad de los programas educativos se están llevando adelante una serie de medidas sin fundamento legal o académico, como se pudo ver con la medida autoritaria de reconfiguración de Ingeniería en Tecnología de la Madera (mientras en la ENES de la UNAM en Morelia, prevalece la carrera de Ciencias Agroforestales), mismas que no sólo están reduciendo la materia de trabajo para el gremio académico, lo cual ya es preocupante, sino al cambio unilateral en las condiciones de trabajo, dentro de las cuales se encuentra el horario laboral.

Así, en esta semana se supo que tanto en la Facultad de Historia como en la “Preparatoria Melchor Ocampo”, de manera arbitraria las autoridades hicieron cambios de turnos y de secciones, había secciones sin salón, ni maestros o estudiantes, los estudiantes que ya habían sido asignados a cierto turno, que convenía a sus necesidades ya sea porque trabajan para sostenerse o recorren grandes trayectos para llegar a su centro de estudios por ser foráneos, se encontraron con la acción unilateral de cambio de turno. Asimismo, se compactaron secciones incrementando el número de estudiantes por sección, y ahí debe preguntarse dónde queda el discurso del interés del derecho a la educación de los jóvenes, además de que es contradictorio con la política federal, pues por el cierre de programas y cambios unilaterales y súbitos orillas a los jóvenes a dejar sus estudios. Esto es una falla en la estrategia de educación superior en Michoacán.

Con esta y otras acciones que se sabía sería capaz de instrumentar la ahora rectora, Yarabí Ávila González, a su estilo de liderazgo autoritario, es que se comprende esta trama de violación sistemática a la legalidad por parte del Gobierno, pero no porque sean medidas que favorecen al interés público, al pueblo, pues no hay una fundamentación académica robusta para los cambios y medidas y hay evidentes carencias en el conocimiento de la Educación Universitaria, además de la reiterada impunidad de las cúpulas que se nota al no haber culpables del desfalco a las arcas universitarias y en los tratos para dejar como se quedó la irregular operación del convenio de regularización de materias, acuerdo sin el cual no podía darse la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones, lamentablemente todo se trata de acciones para favorecer el proyecto político de un grupo de funcionarios institucionales y estatales que llevan años reciclándose en el poder.

Por ello los universitarios deben mantenerse informados y atentos a todos estos eventos y ubicar claramente a los traidores que lo han hecho posible, pues muy probablemente esto conllevará a continuar el despojo de las conquistas laborales y a la pérdida de la libertad y democracia sindical, con el argumento de los privilegios de los académicos, aun con el nivel de poco menos del 70% de trabajadores académicos sin estabilidad laboral y precariedad en su empleo que caracteriza al gremio universitario. Se debe participar en el sentido de mantener las conquistas sindicales y movilizarse para ello.