Morelia, Mich.- Deforestación ilegal y omisión en la protección de las cuencas hidrológicas del Río Chiquito y Río Grande en Morelia, son el contenido de dos carteles publicados en el marco del Congreso Sustentabilidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En ellos, Luis Rubén Juárez Zapatero, investigador e integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) y del Consejo Estatal de Ecología (Coeeco), expone la acción u omisión de diferentes autoridades municipales, estatales y federales en materias que implican significativos impactos ambientales en la capital del estado y sus alrededores.
En “Deforestación ilegal y complicidad de autoridades. Caso Altozano” el autor expone la tala ilegal de vegetación que desde 2006 habría llevado a cabo la empresa Residencial Bosque Monarca S.A. de C.V. para la construcción del fraccionamiento homónimo, así como un club de golf.
Para las labores inmobiliarias, el Ayuntamiento de Morelia expidió en 2006 un dictamen de uso de suelo (sin facultades para ello), mismo año en el que la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán verificó la Congruencia de este dictamen; al año siguiente, la propia institución estatal autorizó también una MIA (también sin facultades para ello).
La remoción de vegetación se habría llevado a cabo, a pesar de que la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (Semarnat) negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en 2011, “por omitir información referente a la vinculación del proyecto con respecto al Decreto de creación de la Zona Protectora Forestal Vedada, la cuenca hidrográfica del río chiquito de Morelia, Mich.”.
Otra razón por la que Semarnat –única autoridad facultada para ello y para el cambio de uso de suelo– negó la MIA es que la solicitud no incluía la descripción ni el análisis de la flora y la fauna del sistema ambiental en el que impactaría el proyecto inmobiliario.
En septiembre de 2022 se presentaron denuncias por daños ambientales contra el fraccionador ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente en Michoacán (Proam); la primera acreditó “la tala del bosque, la remoción de cobertura vegetal y de suelo en una superficie de aproximadamente 12-45-74 hectáreas”.
Actualmente el proyecto se encuentra pausado por las determinaciones de estas dos instituciones; Proam, por su parte, sancionó con la reparación el daño por medio de cuatro polígonos equivalentes a 5.9 hectáreas, aunque en una zona fuera del área damnificada.
Omisión de protección forestal
En el cartel titulado “Decretos de veda forestal del río chiquito y río grande” el autor atribuye la “destrucción” de las cuencas hidrográficas del Río Chiquito y Río Grande, a autoridades de los tres niveles de gobiernes, por su omisión en la protección de estas zonas naturales.
A partir de una reforma que data de 1988 (sexenio de Miguel de la Madrid), argumenta el autor, se han esquivado decretos de protección y veda que datan incluso del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río entre 1936 y 1940, que prohíben “el aprovechamiento comercial de los bosques existentes en las zonas que le competen a estos decretos”.
Uno de los detalles en los que repara el autor es que “no existen o están desaparecidos los mapas con los polígonos de los decretos de veda forestal del río chiquito y río grande”, los cuales han tenido que ser reconstruidos, “con la finalidad de delimitar los terrenos protegidos y medir el daño ocasionado” por diferentes proyectos inmobiliarios.
Los carteles, con código QR que vinculan a los artículos científicos de los que nacen en formato digital, se pueden consultar todavía hasta el día de mañana, cuando terminará el Congreso Sustentabilidades, que tiene su sede en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
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