En agosto del año 2012, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, determinó que para la observancia del derecho de administración de justicia pronta y expedita, las autoridades encargadas de intervenir en la elaboración del presupuesto de egresos, esto es, la H. Cámara de Diputados del Congreso General, están obligadas a asignar a los órganos jurisdiccionales una partida presupuestal suficiente para atender en términos de ley sus cargas de trabajo.
El citado derecho también contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 8, numeral 1, tiene implícito la correlativa obligación del Estado de instrumentar todo lo necesario para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales que se avoquen a atender, en los términos y plazos previstos en las leyes, las demandas de justicia de la población, lo cual presupone la periódica y suficiente asignación de recursos económicos para tal función; lo anterior se corrobora con el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, que dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Hoy se ha planteado por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, una reducción considerable al presupuesto del Poder Judicial de la Federación ante el legislador federal, lo que de concretarse, permitirá que cuando en vía de amparo el quejoso reclama del Juez natural el indebido retraso en la tramitación de su demanda y de las autoridades que intervienen en la elaboración del presupuesto de egresos, como causante de la dilación, por no haber asignado al tribunal al que pertenece el Juez una partida presupuestal suficiente para atender en los términos de ley sus cargas de trabajo, y quede acreditado el retraso de mérito, sin que dichas autoridades aleguen y menos aún demuestren haber tenido una participación en el ámbito de sus atribuciones tendente a lograr la asignación de dicha partida o, en su defecto, que la insuficiente asignación fue la que los ingresos del Estado permitió sin detrimento de la asignación de recursos económicos a otras tareas públicas; quedará evidenciado que tal proceder conculcará el referido derecho a la impartición de una justicia pronta y expedita, por lo que deberá otorgarse la protección constitucional para que en el ámbito de sus facultades y hasta que concluya el juicio natural, coadyuven a la asignación en el presupuesto de egresos de una partida razonable para atender, en los términos legales, las demandas de justicia de la población, pues limitar la concesión del amparo para que el Juez dicte el auto omitido y en lo sucesivo respete los plazos establecidos en la ley para la resolución del asunto, cuando ya quedó evidenciado la violación a tal derecho por parte de las autoridades que intervienen en la elaboración del presupuesto de egresos, tendría el pernicioso efecto de agravar la situación de los justiciables que presenten sus demandas antes del quejoso y que no han promovido juicio de amparo, pues al cumplir el órgano jurisdiccional con la ejecutoria que conceda la protección federal y observar en el procedimiento del quejoso los términos y plazos establecidos en la ley, los procedimientos de aquéllos quedarán aún más rezagados, y ninguna concesión de amparo puede tener tal efecto.
La progresividad presupuestaria es algo vigente, disminuir las partidas presupuestales como se ha propuesto, esencialmente es atentar directamente hacia los gobernados cuando busquen la impartición de justicia ante los órganos jurisdiccionales federales, lamentablemente la afectación indirecta sería hacia los justiciables.
