Morelia, Mich.- Tarde, sin la suficiente discusión y participación de familiares, y apenas con un piso mínimo básico, así fue como colectivos de búsqueda calificaron la aprobación de una Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán que han exigido por años.
Tanto Mercedes Ruiz, integrante del colectivo “Familiares Caminando por Justicia”, como Dora Jaimes, del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces”, entrevistadas por este medio, señalaron que este paso es el fruto de la presión que han hecho las organizaciones ante la falta de voluntad política para homologar la Ley General de 2017.
Mercedes, también madre de Alejandro Ortiz Ruiz, desaparecido el 29 de noviembre de 2010, fue enfática en que este avance contiene apenas lo básico: “Es el piso mínimo a partir del cual se pueden construir esas necesidades y exigencias en torno a la prevención, sanción y erradicación de la desaparición, tanto forzada como cometida por particulares”.
Además, añadió, esta aprobación no es contundente para demostrar la voluntad política de los legisladores, quienes tendrán ahora que definir qué tanto presupuesto se le va a otorgar para su funcionamiento: “De nada va a servir si no se le otorga presupuesto y ‘dientes’”.
Entre los ámbitos en que permanecerán vigilantes en “Familiares Caminando por Justicia” está la falta de un Plan Regional de Búsqueda, de un registro regional de personas desaparecidas, así como uno de personas fallecidas no identificadas y otro de fosas comunes.
Las instituciones que estarán observando son las fiscalías General de la República (FGR) y la del Estado (FGE), así como la Especializada en la materia en Michoacán; también, la Comisión Estatal de Búsqueda, el Consejo Estatal Ciudadano y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Es un copy-paste de la general, pero es un paso
Si bien Dora Jaimes reconoció que Cofaddem participó durante la legislatura pasada en la revisión de algunos puntos de la iniciativa de la diputada Brenda Fraga, una de las tres que se sintetizaron en el dictamen reciente aprobado, también cuestionó que el resultado fuera una calca superficial de la Ley General.
“Yo vi en pocas palabras un copy-paste de la Ley General, sólo fue cambiar los términos como lo hizo la Comisión de Justicia”, señaló, perdiendo con ello la posibilidad de sumar al marco estatal la experiencia técnica y profesional que ya hay en Michoacán.
A la vocera de Cofaddem le sorprendió también la aprobación de un dictamen, que se habría saltado varios pasos para ser enriquecida con la participación de los colectivos de búsqueda y expertos en la materia.
“Después de un dictamen, se presenta ante el órgano legislativo (comisiones), después se hacen enmiendas y modificaciones porque se entra en debate, después de ese debate se somete a votación ante este órgano, si tiene la mayoría de votos, se aprueba”.
Bajo ese contexto, concluyó, “ya tenían hechos todos los pasos, entonces las mesas técnicas con las familias no eran necesarias”.
No obstante, asumió que esta nueva ley “al menos es un paso” y que la labor de los colectivos de búsqueda será monitorear y evaluar si su implementación es efectiva o no, si se apega a los objetivos exigidos por las familias, víctimas indirectas.
Por último, señaló que dentro del Comité que representa –que tiene también presencia en Uruapan– no conocen al colectivo “Madres con una Luz en el Corazón”, que fue invitado por la diputada Margarita López Pérez, quien propuso otro de los tres dictámenes que constituyeron el proyecto de decreto.
Cabe recordar que en 2017 se publicó la Ley general en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México.
En su noveno transitorio establecía que “las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto”, cosa que no sucedió en Michoacán, sino hasta seis años después.
El tercero de los dictámenes que integró la propuesta de ley aprobada este miércoles por el Congreso de Michoacán fue hecho por la diputada Adriana Hernández Íñiguez.
