Morelia, Mich.- Por el caso de Patricia Paniagua Ortiz, originaria de Santa Ana Maya y vista por última vez con vida el 31 de mayo de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Congreso de Michoacán fue omiso y violó los derechos humanos de la desaparecida y sus familiares.
De acuerdo con información de la periodista Marcela Nochebuena del portal Animal Político, la resolución de la SCJN sienta un precedente a nivel nacional para que los congresos de los estados legislen “en materia de declaración especial de ausencia de personas desaparecidas”, luego del amparo que promovieron familiares de Patricia Paniagua, quien tenía 26 años en la fecha de su desaparición.
A nivel federal existe desde noviembre de 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que establece los derechos de las personas desaparecidas, así como las de sus familiares, que en el caso de Paniagua Ortiz no pudieron se llevaron a efecto en Michoacán, toda vez que el Congreso del Estado no había armonizado su legislación para incluir dichos derechos, aun cuando tenía 180 días desde la publicación de la ley mencionada para hacerlo.
Además de garantizar la patria potestad de la persona desaparecida, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas estipula que las hijas y los hijos menores tienen derecho a ser protegidos, no sólo en su patrimonio, sino en el régimen de seguridad social con que contaba, en este caso, Paniagua Ortiz al momento de su desaparición, lo que no ocurrió con sus tres hijos, que quedaron en una indefensión jurídica cuando su abuela materna pidió resguardarlos y dotarlos del derecho a la educación.
José Ventura N, expareja de Patricia Paniagua y quien habló con su familia cuando se la acababa de ver por última ocasión para decirles que se había hallado el cuerpo de una mujer y que “ya ni la buscaran”, salió libre el 26 de enero de 2022, luego de que una juez decidiera que no tenía vínculo con la desaparición de la madre de los menores, a quienes tampoco se protegió de las amenazas y acoso sufrido por éste.
Un juez federal admitió el amparo de los familiares de Paniagua Ortiz el 20 de octubre de 2022, pero lo desechó en diciembre de ese año, tras lo cual la SCJN atrajo el caso y falló a favor de la víctima y su círculo cercano.
“El Congreso local incurrió en una omisión legislativa absoluta que implica una violación a derechos humanos… El órgano legislativo michoacano no desplegó sus atribuciones para cumplir no sólo con las disposiciones nacionales, sino con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en relación con las medidas de protección para las víctimas de desaparición que les permita obtener la Declaración Especial de Ausencia”, se lee en la resolución.
Con esa decisión, todos los congresos del país deben armonizar sus legislaciones de acuerdo con Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, algo que no sucedió en el caso de Michoacán, que, desde febrero de 2022, tiene la iniciativa de creación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia para personas desaparecidas del estado de Michoacán de Ocampo sin dictaminar desde entonces.
Patricia Paniagua sólo contaba con 26 años cuando desapareció en Santa Ana Maya a las 14:45 horas del 31 de mayo de 2020, mientras salía de su centro de trabajo, luego de lo cual su expareja, José Ventura N y padre de dos de sus tres hijos, llamó a la familia para decir que “ya ni la buscaran”, por lo cual fue detenido el 22 de junio de 2020 como principal sospechoso, toda vez que se conocía la violencia que ejercía sobre la desaparecida, pese a lo cual salió en libertad en 2022 cuando una juez determinó que no tenía vínculo con lo sucedido, lo que derivó en amenazas y acoso hacia la familia de Paty.
Aun cuando hay 100 mil pesos de recompensa para quien brinde información fidedigna que lleve al esclarecimiento de la desaparición de Patricia Paniagua, hasta el momento la investigación no ha avanzado y el Congreso de Michoacán habría entorpecido además la protección a las víctimas.
