La entrega de la condecoración que el presidente López Obrador hiciera al general Cienfuegos hace unos días creó polémica en ciertos sectores, aún cuando no es raro que el jefe máximo del poder ejecutivo en las repúblicas condecore a mandos del ejército, incluso si participaron en administraciones anteriores, sin embargo, despierta inquietud que fuera el presidente en persona y no un representante del gobierno federal quién lo hiciera.
Lo anterior, en virtud al arresto que sufrió en los Estados Unidos por acusaciones de supuestas actividades delictivas, sin embargo tuvo que liberarlo por falta de elementos para llevar su juicio y posteriormente sentenciarlo. En términos jurídicos, el general Cienfuegos no ha sido declarado culpable de ningún tipo de acción como tal, entonces ante las autoridades jurídicas es alguien inocente.
Se entiende entonces el porqué Cienfuegos permanece activo en el ámbito militar de México. Sin embargo, en términos políticos la percepción es muy distinta. No es sorpresa que Cienfuegos fuese criticado duramente por el obradorismo durante su gestión con Peña Nieto, al mismo tiempo se la ha acusado de haber presionado a las filas castrenses para no develar información con los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
Tras la llegada de la 4T, debido al pacto político de facto entre AMLO y Peña para generar estabilidad durante la transición, se hicieron suposiciones sobre que la élite militar del peñismo difícilmente sería perseguida por la justicia militar, si bien no se consideró que Cienfuegos fuese investigado, y más aun arrestado, se esperaba que al menos si se le relegase de la política dentro del ejército.
En un estricto sentido la condecoración no es algo ilegal, ni necesariamente ilegitimo, sin embargo, las condiciones políticas en las que se realizó dejan mucho que pensar acerca del rol de los altos mandos del ejército en la política nacional. No es ninguna novedad que en México haya una enorme carencia del estado de derecho, la transición democrática únicamente se limitó a ejercer un institucionalismo sólido en las materias electoral y civil, dejando prácticamente la mayoría de los elementos legalistas en manos de la negociación política, incluyendo los elementos administrativos y penales.
Esto último aplica también en el ámbito de las fuerzas armadas. Si bien se cuenta con elementos jurídicos para el actuar de los miembros del ejército, que en teoría tienen penas y sanciones aún mayores que en la justicia civil, muchos activistas han indicado que hay protección e influyentismo al interior de las fuerzas armadas que impide juzgar adecuadamente a los militares que han sido acusados de cometer algún tipo de delito si esto conlleva a afectar los intereses del grupo de los altos mandos.
Por lo anterior hay una enorme complicación en la vigilancia de las fuerzas armadas, sumado a que tampoco se ha realizado una legislación adecuada que les confiera y limite determinadas responsabilidades respecto a las tareas de seguridad interior, petición que diversos miembros del ejército han venido solicitando a lo largo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada con Felipe Calderón.
El tema militar siempre ha causado controversia en la mayoría de los países latinoamericanos, especialmente tras el retorno a la democracia, en algunos de ellos se le dio inmunidad jurídica al sector militar a cambio de ceder el poder a civiles, como ocurrió en Chile, Uruguay y Brasil, en otros se les juzgó a través de instituciones especiales para terminar ciertos conflictos armados, pactando políticamente los principios para juzgarlos, como ocurrió en El Salvador, o directamente juzgándolos por crímenes como ocurrió en Argentina.
Pero en México la situación fue distinta, en primer lugar, la dictadura que dejó atrás el país no fue una dictadura militar, sino una dictadura cívica-institucional del partido hegemónico gobernado por autoridades civiles prácticamente en la mayoría de su existencia, en segundo lugar, la transición democrática fue mucho más lenta y gradual que en el resto de las naciones latinoamericanas. Lo anterior impidió que hubiera un pacto político transicional que pudiera dictaminar ciertos principios para asegurar la transición, entre ellos el factor de la justicia y del ejército.
Únicamente fue establecida una comisión de la verdad que básicamente expuso el secreto a voces que involucraba la participación de mandos del ejército en la llamada “guerra sucia” entre la década de los sesenta y setenta, pero eso fue todo lo realizado. El ejército tácitamente aceptó la transición y se cuadró con en el nuevo gobierno en el año 2000, pero también esto se debió a que Fox, quién resultó electo presidente en aquel momento, tampoco quiso intervenir de forma relevante en la política militar.
Esta ultima situación parece mantenerse hasta la actualidad, donde el ejército queda como una ficha estratégica pero silenciosa en el tablero político mexicano. Algunos esperaban que ahora que el gobierno federal está otorgando tareas de administración económica a las Fuerzas Armadas se realizaran determinadas reformas al interior de la justicia militar y naval para transparentar lo más posible el legalismo al interior de estas instituciones, pero no parece haber señales de eso.
Más complicado aun es saber que el presidente Obrador tuvo que condecorar a una figura incomoda del gobierno anterior que él mismo había criticado. No cabe duda de que el tema militar en la mayoría de los países del mundo, incluyendo las democracias, es un tema complejo, sin embargo, no debe ser objeto de descuido por parte de las autoridades civiles, al final de cuentas las fuerzas armadas son también parte de la administración pública de la nación y por consiguiente deben estar atadas a la rendición de cuentas correspondiente, incluyendo en ámbitos administrativos, financieros y también penales.
Se debe reconocer que, en esta época de violencia e inseguridad, el ejército y la marina siguen gozando de cierto grado de apoyo popular, pero por lo mismo las autoridades en turno deben asegurarse que impera absoluta obediencia a la ley y a las instituciones bajo cualquier circunstancia, para de esta forma evitar que puedan cometerse casos de abuso, corrupción o influyentismo en su interior. Sin duda se requiere de las fuerzas armadas para lograr la estabilidad y orden deseados, pero debe hacerse bajo un republicanismo civil constante.
